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El decreto fue firmado por el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, como Ministro Delegatario, toda vez que el presidente Uribe se encontraba de viaje.
Sin embargo, en concepto de los abogados demandantes, Ricardo Cifuentes Salamanca y Víctor Velásquez Reyes, Holguín no podía ser nombrado Ministro Delegatario por no pertenecer al mismo movimiento político del Primer Mandatario y, por tanto, todo lo que firmó tiene vicios de inconstitucionalidad.
En la demanda, interpuesta ante el Consejo de Estado, se argumenta que el ministro Holguín Sardi “no podía haber sido nombrado Ministro Delegatario de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 196 de la Constitución Política, ni tampoco tenía facultades para suscribir la publicación del proyecto de Acto Legislativo”.
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