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A las nueve y treinta de la noche del pasado 21 de mayo empezó una tortuosa noche para Camilo, Fernando y Antonio* tras ser detenidos por la Fuerza Pública en el barrio Los Girasoles de Soledad (Atlántico). Protestaban en las jornadas del paro nacional y fueron conducidos por seis policías a un CAI, donde tiempo después fueron agredidos sexualmente. Uno de los jóvenes, que hoy oficia como denunciante, afirma que al momento en que los dejaban en una celda, uno de los uniformados gritó a los otros detenidos: “Llegó carne fresca, viólenlos por tirapiedras”. (El joven de la Primera Línea que grabó manifestaciones y está imputado por terrorismo)
Los jóvenes fueron obligados a desnudarse y sus cuerpos fueron tocados sin consentimiento. Además, uno de ellos sufrió violación. El caso se hizo público hace más de dos meses, pero esta semana volvió a ser noticia porque llegó al terreno penal, a la audiencia de imputación de cargos que se realizó el pasado lunes contra los responsables de la agresión sexual. La Fiscalía imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual y extorsión a dos personas que se encontraban detenidas esa noche del 21 de mayo en el CAI de Soledad. (El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional)
Aunque la diligencia constituye un avance de la justicia, los representantes de las víctimas quedaron con sabor amargo, y lo resaltaron como falencias de la investigación, pues en su criterio la Fiscalía no vinculó al proceso a los agentes de Policía que, de alguna manera, alentaron o permitieron que se consumara la agresión sexual. Además, según la denuncia radicada en la Fiscalía, desde que los policías detuvieron a los jóvenes les recalcaron que los “iban a matar”, a “desaparecer”, que les “partirían las manos por tirapiedras”. (Cuando bloquear vías se vuelve delito)
Los denunciantes no conocen la identidad de los uniformados que los detuvieron y los trasladaron al CAI, pero sí identifican al agente que los recibió en la estación. “El comandante que nos recibió entra a las celdas, empieza a alentar a los presos diciendo que había llegado carne fresca, empieza a gritar ‘aquí están pa que los violen, estos son los tirapiedras’ (…). Los presos nos hacen calle de honor, donde nos golpean, nos dirigen hacia un callejón que nos lleva al baño, nos exigen quitarnos la ropa y nos desnudan completamente”, se lee en el texto de la denuncia.
Acto seguido, fue una oprobiosa jornada de manoseos, golpes y agresiones sexuales. Ya en la madrugada, las víctimas tuvieron que “negociar” con los agresores para no perder sus vidas y, apenas amaneció, fueron obligadas a llamar a sus familiares para consignarles dinero para respetar su integridad. Por esto la Fiscalía imputó también el delito de extorsión. Cuando los jóvenes agredidos recobraron su libertad, los policías se “burlaban”. Según narraron, mientras dejaban la celda les gritaron que todo se había solucionado “chupando penes”.
La representación de las víctimas está a cargo de las organizaciones Caribe Afirmativo, Campaña Defender la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que se quejaron ante la Fiscalía que no considerara que hubo tortura, y también que no indagara la participación de los agentes. En diálogo con este diario, el equipo jurídico de Caribe Afirmativo contó que el juez que resolvió la medida de aseguramiento advirtió las falencias en la inclusión de todos los presuntos partícipes de la conducta y cuestionó la omisión del vínculo del policía identificado, resumiendo todo como falta de análisis de género en el análisis del material probatorio.
“La Fiscalía se basó en entrevistas a los denunciantes y en la audiencia resaltó frases como ‘los llevaron’, ‘los ingresaron’ y ‘los condujeron’, pero no asignó responsabilidades a la Policía. ¿Por qué no dijo quiénes ‘los llevaron’, ‘los ingresaron’ y ‘los condujeron’ a ese CAI y a esa celda? Están invisibilizando su participación y tienen responsabilidad porque su posición era de garantes, omitieron la protección que debían brindarles. En cambio, al incitar a los agresores, desde su posición de poder le dieron ‘legitimidad’ a las personas para atentar contra los jóvenes. Hay que vincular a la Policía”, insiste el equipo de Caribe Afirmativo.
En defensa de los jóvenes recalcó que fueron privados de la libertad a manera de “castigo” por protestar y luego sufrieron agresión sexual permitida y auspiciada. Uno de los jóvenes, por su orientación sexual, fue especialmente violentado. En su caso, no solo fue victimizado como protestante, sino que se le revictimizó por ser gay. “Primero la Policía lo criminaliza por marchar y luego incita a que lo violen por ‘tira piedra’. Luego los otros presos le dicen que es tierno, que parece una niña y que por eso merece castigo, bajo el permiso e insinuación del agente de policía. Entonces lo violan. Eso no lo ve la Fiscalía. Necesitamos enfoque de género y que se vincule a todos los responsables”, concluyen los abogados de la víctima. El Espectador consultó a la Policía y a la Fiscalía para conocer sus versiones, pero las entidades no se pronunciaron.
* Nombres cambiados para proteger la identidad de los denunciantes.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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