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En el último año y medio 14 nombramientos han puesto en duda la promesa del gobierno de Gustavo Petro de profesionalizar el servicio diplomático. Asociaciones y sindicatos señalaron que varias figuras, entre ellas un exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y conocidos de administraciones anteriores, se habrían saltado un proceso de al menos 10 años para llegar a altos cargos en consulados y embajadas. Aunque algunos ya han sido tumbados por el Consejo de Estado al no cumplir con la ley y favorecer a personas sin la preparación adecuada, quedan algunos en puestos clave.
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) contó al menos 55 nombramientos cuestionables para finales de 2023 de “familiares de clanes políticos, candidatos quemados y representantes de los gremios más poderosos del país”. Lo cierto es que la costumbre de designar a personas que no tienen carrera diplomática en cargos importantes no se le puede achacar únicamente al presidente Petro, pues algunas de las personas cuestionadas están “repitiendo” cargos en provisionalidad.
Uno de ellos es Óscar Gamboa Zúñiga, quien actualmente ejerce en provisionalidad el cargo de ministro consejero adscrito a la embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos ya había sido nombrado en el 2021, durante el gobierno de Iván Duque, como ministro consejero para Asuntos Políticos. Antes ya había estado en el gobierno de Juan Manuel Santos como director del Programa Presidencial para la formulación de Acciones y Estrategias para el Desarrollo Integral de la Población Afro, Negra, Palenquera y Raizal. No solo es viejo conocido del puesto, sino también del actual canciller, a quien reemplazó como gobernador encargado del Chocó cuando Murillo fue suspendido.
Gamboa Zúñiga, además, se ha quemado en tres ocasiones (2015, 2019 y 2023) compitiendo por la Gobernación del Valle del Cauca. Su poder en el exterior, sin embargo, no es menor: en Estados Unidos, pues tendría nexos con figuras políticas afroamericanas en Estados Unidos, con una relación que llegaría hasta hace más de 10 años.
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Otro es Néstor Augusto Pongutá Puerto, quien ya había sido designado en el 2018 como consejero de Relaciones Exteriores adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Italiana en provisionalidad. En 4 de julio de 2024 fue nombrado oficialmente en el cargo de consejero adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), también en provisionalidad, junto con Armando Benedetti, el embajador colombiano ante esa organización y otro cuestionado por haber “desempolvado” un puesto que solía estar a cargo de la embajada de Colombia en Italia.
La promesa que había sido hecha por la Cancillería de Álvaro Leyva para que llegaran al servicio diplomático personas que habían sido formadas para ello la volvió poner a andar el canciller Luis Gilberto Murillo cuando recién llegó al puesto y afirmó que “a todos los embajadores y embajadoras que estaban en línea para salir al exterior se les ofreció una embajada. Fue su decisión aceptarla o no y eso también es un hecho sin precedentes”.
El vicecanciller Jorge Rojas, en diálogo con El Espectador, también había señalado que tenía el objetivo de valorar la carrera diplomática en toda su dimensión. Tal y como lo había dicho el mismo canciller, el objetivo sería pasar de un 20 % a un 50 % en temas de presencia de diplomáticos, algo que, según él, “no se había hecho en ningún otro gobierno”. Sin embargo, ahí no acabaría el compromiso del gobierno Petro, que buscaría incluir su proyecto político en esas instituciones.
“Tenemos una institución centenaria, tenemos una academia diplomática, tenemos excelentes embajadores y funcionarios de carrera, pero la política exterior se hace también con una concepción política que necesita lo técnico y lo diplomático y lo protocolario”, admitió Rojas. Y añadió que, en su propia experiencia como embajador, con una visión muy cercana a la del presidente, “trabajando con profesionales de la carrera diplomática y con los agregados militares y comerciales, demostró que podemos hacer un equilibrio y mostrar ante el mundo que somos una entidad responsable, reconocida y legítima”.
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Los que han llegado más en la línea con el gobierno Petro, siguiendo la línea del “equilibrio entre lo profesional y lo político”, han sido incluso de su grupo ideologizado más fuerte. Uno de ellos es Manuel Alberto Casanova Guzmán, el antecesor de Carlos Ramón González como la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien se desempeña como ministro consejero adscrito a la embajada de Colombia en Alemania y ejercerá como encargado de las funciones consulares.
El reclamo de los sindicatos y organizaciones se centra en ese punto clave: personas sin una carrera diplomática, a la que toma tiempo entrar y que se demora al menos 25 años de experiencia para poder llegar a ser embajador, están tomando los puestos que, por mérito y por ley, deberían ocupar quienes han sido formados específicamente para ello. Lo clave es que llegan a cargos que, según la normativa, no son de libre nombramiento y remoción, como si lo es, por ejemplo, el de embajador, sino que se encargan de cosas más técnicas que deben ir más allá de la política.
“Nosotros, todos, independientemente de nuestro nivel de estudio, de nuestra edad, de nuestra preparación, todos ingresamos por el primer nivel, y vamos ascendiendo a medida que tenemos la experiencia, mientras que la provisionalidad a ti te puede nombrar tranquilamente sin ninguna experiencia, incluso sin tener un título profesional. Y se nombra un consejero del ministro plenipotenciario de una vez y se saltan 10 años de preparación”, afirmó Carlos García, el presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo).
En la misma línea, María Angélica García, la presidenta de Unidiplo, aseguró que, si bien ha habido un diálogo cercano con la Cancillería, el tema de los nombramientos en provisionalidad siempre ha sido rocoso, no solo con esta, sino con todas las administraciones. Señaló que “esta excepcionalidad se usa para abusar de estos nombramientos” y mencionó tres casos.
El primero es el de Marisol Rojas Izquierdo, quien fue nombrada inicialmente como cónsul del consulado general de Colombia en Londres y cuyo nombramiento fue anulado por una orden judicial. Sin embargo, se demoró en salir del puesto y ahora volvió a la institución como consejera de Relaciones Exteriores en la misma embajada. El segundo es el de Aixa Carolina Kronfly, la cónsul general de Colombia en Sevilla y jefe de la oficina consular, que pasó por el mismo proceso de Rojas. El otro caso es el de Ricardo Alfredo Montenegro, cuyo nombramiento como ministro consejero de la embajada de Colombia en Brasil fue tumbado por el Consejo de Estado el 7 de marzo de este año, pero volvió a ese mismo puesto el pasado 4 de julio.
A eso se suman las pérdidas que ascenderían $1.500 millones, de acuerdo con las organizaciones, por personas que no deberían estar en esos cargos, específicamente aquellos cuyos nombramientos fueron anulados por el Consejo de Estado y siguen recibiendo ese dinero. Los reclamos también se alzaron desde el Congreso, donde cuestionaron que se siguieran abriendo puestos para personas poco preparadas para asumirlos.
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Añadido al corte político que representaría la llegada de estas personas a los cargos, también van en línea con la aspiración de esta administración de “descachaquizar” la política. La apuesta por la descentralización se basa en abrir una oportunidad para que comunidades que no han estado tradicionalmente en estos cargos puedan llegar a ocuparlos.
“Los nombramientos los hace el presidente. El presidente tiene una visión, quiere ser también disruptivo para poner un mensaje que los jóvenes pueden, las mujeres pueden, los afrocolombianos pueden, los indígenas también. Entonces, una indígena en Naciones Unidas en Nueva York y en Bolivia. Eso muestra la diversidad que somos. Obviamente que hay denuncias, los sindicatos nos ayudan a construir este modelo y tienen que ser críticos. No queremos sindicatos obsecuentes con el Gobierno, ni movimientos sociales en esa dirección”, indicó el vicecanciller a este medio.
Ese punto se ha logrado, de acuerdo con Unidiplo y Asodiplo, por un trabajo conjunto entre las organizaciones y la Cancillería, con la que se ha ampliado el número de lugares a los que llega la oferta del ingreso a la carrera diplomática y busca estar en los 32 departamentos y cinco ciudades más el próximo año. Aunque se abran las oportunidades para poblaciones diferentes a la capital colombiana, de donde han sido tradicionalmente los funcionarios de carrera, los nombramientos en provisionalidad continuarán siendo un punto de choque entre esta administración (y las venideras) y las asociaciones de funcionarios diplomáticos.
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Por María José Barrios Figueroa
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