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En su reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro le comunicó, en forma de una declaración unilateral de Estado complementaria a la hecha cuando se firmó el Acuerdo, sus planes para progresar en la consolidación de la paz.
Habló de la necesidad de un pacto nacional, pero precisó que el propósito de ese consenso es presentar a consideración del Congreso y las Cortes un proyecto para establecer un procedimiento ágil (fast track) que permita tramitar en un tiempo reducido un conjunto de leyes orientadas -entre otras cosas- a avanzar en la reforma rural integral mediante la agilización de los procesos de compra de tierras, a conseguir la excarcelación de los campesinos cultivadores de hoja de coca, a introducir correctivos en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, a ampliar en siete años más el plazo de implementación del Acuerdo de Paz del 2016, y a crear un sistema único de justicia, verdad, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto: paramilitares, terceros civiles, guerrilleros, militares y organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con él.
Me parece que ese es el rumbo correcto porque permitiría que en los dos años que quedan de gobierno se prosperare en el mejoramiento de las condiciones que nos permitan vivir en paz, sin eludir la participación del Congreso y el control de la Corte Constitucional. Otro aspecto positivo de la propuesta es que plantea avanzar sobre lo que ya se ha hecho (por poco que sea) en materia de reforma rural, de disminución de las desigualdades sociales, y del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Sin embargo, la idea de crear un sistema único de justicia transicional tiene más complicaciones que ventajas. Al diseño actual no se le pueden hacer modificaciones sin reabrir la negociación entre el Estado y las FARC-EP, lo que a su vez despejaría el camino para que se buscara aprovechar esa ventana para hacerle más cambios a lo ya firmado; lo que sí sería factible es introducir ajustes a la ley estatutaria de la JEP para -con estricta sujeción a lo convenido- precisar algunas de sus funciones, cuya inexacta interpretación la ha llevado a tomar rumbos que solo le acortan innecesariamente su vida útil. Sería preferible explorar nuevos mecanismos con los grupos que perseveren en las negociaciones (dentro de los cuales hay recelo hacia la JEP), y mantener la distinción de tratamiento entre delincuentes ordinarios y políticos.
La propuesta de prorrogar mediante una ley el tiempo de implementación de lo pactado en La Habana me parece superflua. Una reforma rural integral, la disminución de la brecha social, o un rediseño de la política de las drogas no es algo que solo se puede hacer en el contexto de un acuerdo de paz. Está bien que en el del 2016 se hayan identificado y seleccionado esos temas como de intervención prioritaria, pero eso no significa que el Estado deba ocuparse de ellos solo en los 15 años de su vigencia. Lo deseable es que siga trabajando en esos frentes de manera permanente, sin necesidad de que la fecha de expiración de un documento se lo tenga que recordar.
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