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En Colombia nunca se ha sabido a ciencia cierta cuántas personas han sido desaparecidas. Hasta el año 2000, el delito ni siquiera existía en el Código Penal. Los esfuerzos por tener una cifra aproximada se remontan a 1983, con el nacimiento de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes), que hoy, calcula, tiene en sus archivos cerca de 15.000 casos de desaparición forzada.
De ese número, unos 50 serán expuestos ante el Tribunal Internacional de Opinión (TIO), que sesionará desde el salón Boyacá del Congreso de la República los próximos 24, 25 y 26 de abril. Este organismo independiente no tiene más poder que el de emitir fallos simbólicos que no tienen ninguna repercusión sobre los Estados. Pero sus conceptos son muy importantes para las organizaciones sociales, pues de cierta forma legitima sus batallas.
Al país llegarán la próxima semana 10 jurados provenientes de Brasil, Líbano, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza y Venezuela. El presidente será el belga Francois Houtart, quien también lideró el Tribunal en las dos últimas oportunidades en que éste revisó procesos colombianos. Uno de sus casos más emblemáticos fue el fallo contra el estado de Israel por la guerra con el Líbano en 2006, que dejó unos 2.000 muertos y buena parte de ese país en ruinas.
Ésta es la quinta vez que el tribunal se pronuncia sobre casos nacionales. En la primera ocasión sesionó desde Barrancabermeja, en mayo de 1999, cuando examinó la impunidad que reinaba en el caso de la masacre del 16 de mayo de 1998, donde 7 personas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas. Desde un principio estos crímenes fueron atribuidos a los paramilitares, los cuales comenzaban su sangrienta disputa con el Eln por el dominio de este territorio.
El entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, no ocultó su molestia por la responsabilidad que el tribunal le atribuyó a la Nación por acción y por omisión en estos hechos. Un año después de la masacre, en la que desaparecieron el hijo y un hermano de Elizabeth Cañas, ésta fue asesinada. En 2000, Human Rights Watch alertó del peligro que corrían los miembros de Asfaddes en la zona.
En septiembre de ese mismo año, desde Chicago (Estados Unidos), el TIO volvió a pronunciarse sobre un asunto local: el bombardeo sobre el caserío de Santo Domingo, en Tame (Arauca). Por segunda vez, el organismo encontró responsable al Estado colombiano, en este caso, por la muerte de 18 pobladores de este corregimiento causada por una bomba arrojada desde un helicóptero militar.
Un mes más tarde, el 11 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó ampliar las medidas provisionales que le había pedido al Estado colombiano en 1997 para 17 miembros de Asfaddes. Cinco días antes, Ángel José Quintero (de 44 años) y Claudia Patricia Monsalve (de 32), integrantes de la organización en Medellín, fueron desaparecidos. Este caso hace parte de los 50 que se presentarán ante el TIO.
Quintero y Monsalve desaparecieron tres meses después de que se promulgara la Ley 589 de 2000 que tipificó el delito de desaparición forzada. Fue la culminación de una lucha de década y media emprendida por Asfaddes, por los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia y por los defensores Eduardo Umaña Mendoza —asesinado en 1998— y Daniel Medina, entre otros.
En noviembre de 2003, desde París, el TIO emitió su tercer fallo simbólico sobre hechos de violencia en Colombia. Esta vez, el asunto que examinó fue la crítica situación del sur de Bolívar. El tribunal evaluó las circunstancias en las que fueron asesinados cuatro líderes locales, los hechos que rodearon otra masacre y el exterminio de una familia: “El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares”, fue la conclusión.
El cuarto y más reciente concepto del TIO en Colombia fue sobre otro delito que tipificó la Ley 589 de 2000: el desplazamiento forzado. Para el organismo, en este drama no sólo el Estado es responsable: también lo son las multinacionales y los países que brindan apoyo militar a Colombia. Asfaddes espera que en esta nueva sesión el Tribunal se manifieste con la misma firmeza ante el espeluznante número de desaparecidos en Colombia. Una situación dramática que intranquiliza 15 mil hogares, en donde a diario se preguntan porqué sus seres queridos no retornaron nunca. Y aún los siguen esperando.
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