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Hace 25 años cambió la historia contemporánea de Colombia. A las once y cuarenta de la mañana un comando del M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia y lo que sucedió en las siguientes 28 horas todavía estremece la conciencia nacional. Las Fuerzas Armadas reaccionaron con toda su capacidad militar y, en la guerra a muerte que se libró a escasos metros de la sede del Congreso y la Casa de Nariño, perdieron la vida 101 personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De doce personas nunca volvió a saberse.
No hay colombiano mayor de 30 años que no tenga un recuerdo triste. Unos, porque conservan en la memoria el tanque de guerra que ingresó a Palacio por la puerta principal o el cañonazo que estremeció el edificio; otros, porque escucharon en la radio al magistrado Alfonso Reyes Echandía clamar por un cese al fuego que nunca llegó, y más de uno, porque la noche del miércoles 6, mientras el templo de la justicia era consumido por las llamas de un pavoroso incendio, asistieron a la transmisión de un partido de trámite en las finales del fútbol.
“Estaba en Inglaterra y recuerdo a mi madre llorando por teléfono, porque sus profesores del Externado habían sido sacrificados”. “Vivía en Puerto Rico y aún veo a mi papá explorando en la banda ancha en busca de una efímera señal de supervivencia”. “Trabajaba en un banco y clientes y cajeros nos sentamos a escuchar la tragedia”. “Estaba en el colegio, nos sacaron de clase y nos mandaron para la casa”. “Nunca olvidaré la secuencia del Noticiero de las Siete con dolorosas imágenes y la voz de Serrat cantando a Miguel Hernández”.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 es una herida abierta en la memoria. Y cuando los menores de 30 años preguntan qué fue lo que sucedió, únicamente encuentran respuestas sesgadas y a retazos. “La guerrilla del M-19 perpetró un ataque terrorista, convirtió a los magistrados en rehenes y, en batalla con el Ejército, provocó el fatal desenlace”. “Las Fuerzas Armadas reaccionaron de manera desproporcionada, el gobierno se negó a dialogar, el Palacio fue arrasado y en el fuego cruzado murieron más de cien personas. Once siguen desaparecidas”.
Un cuarto de siglo después no existe una versión aproximada a la verdad. Y la primera razón se explica en los hechos. La cúpula del Poder Judicial fue descabezada aquel noviembre. El mal ejemplo de arremeter contra la justicia se sostuvo y vino una época azarosa en que decenas de magistrados o jueces fueron asesinados o marcharon al exilio. Y en el desolador panorama de una rama del poder público amedrentada, esclarecer lo sucedido en el Palacio de Justicia se convirtió en una lucha inútil contra el poder político o la impunidad.
El presidente Belisario Betancur fue absuelto por el Congreso siete meses después del holocausto. A cambio de su desmovilización y desarme, los guerrilleros del M-19 fueron cobijados por una ley de indulto en 1989, que borró su responsabilidad penal. Una jueza sin rostro intentó procesarlos por terrorismo en 1992 y nuevamente el Congreso estructuró un salvavidas jurídico. La justicia castrense absolvió a los militares. La Procuraduría sancionó a dos oficiales y uno de ellos demandó al Estado. Años después ganó el litigio y quedó sin castigo.
Pero los familiares de las víctimas nunca cesaron en su búsqueda de verdad y a partir de 1992 el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado ordenaron indemnizarlos económicamente. Porque la toma del Palacio de Justicia estaba anunciada 19 días antes, porque los magistrados eran los colombianos más amenazados del país y el día del ataque del M-19 escasamente sus escoltas y unos vigilantes privados estaban para protegerlos. Porque las evidencias del horror fueron borradas antes de que llegaran los investigadores.
El Estado fue declarado responsable y una puerta giratoria siguió abierta: esclarecer el destino de doce desaparecidos. El reclamo insistente de Enrique Rodríguez y José Guarín por sus hijos Carlos Rodríguez y Cristina del Pilar Guarín, fortalecido por los memoriales del abogado Eduardo Umaña Mendoza. Y junto con ellos, los padres, hijos o hermanos de Ana Rosa Castiblanco, Bernardo Beltrán, Gloria Anzola, David Suspes, Gloria Lizarazo, Lucy Oviedo, Luz Mary Portela, Norma Esguerra, Héctor Beltrán e Irma Franco.
Veinte años pasaron para que fueran escuchados. En 2005, la fiscal Ángela Buitrago admitió que la desaparición forzada es un delito en ejecución, es decir, que mientras no aparezcan ni vivos ni muertos, el crimen se sigue cometiendo. Por eso impulsó las investigaciones que ya produjeron la condena, en primera instancia, del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, y tiene privados de la libertad, en espera de decisiones, a los generales (r) Jesús Armando Arias e Iván Ramírez, al coronel (r) Edilberto Sánchez, un mayor, dos capitanes y tres sargentos.
Pero aún no se sabe el destino de los desaparecidos del Palacio. Y ahora se indaga también si el consejero auxiliar Carlos Horacio Urán murió en el fuego cruzado o fue ejecutado. 25 años después la justicia recobra las huellas borradas por la impunidad. Y la sociedad vuelve a formularse dos de los mismos interrogantes que se hizo hace un cuarto de siglo: ¿Fue coincidencia que el M-19 terminara tomando como rehenes a los magistrados que el narcotráfico quería asesinar? ¿Por qué a la hora del ataque los juristas estaban desprotegidos?
Seguramente no habrá respuestas judiciales, porque la política prevalece. Pero la historia terminará escarbando en los parajes secretos. La Comisión de la Verdad, constituida por tres ex magistrados, ya hizo sus aportes. Cada 6 de noviembre volverán los recuerdos. Y, además de evocar a decenas de auxiliares o empleados de la justicia martirizados, los nombres de once magistrados encabezarán la lista de los inolvidables: Alfonso Reyes, Manuel Gaona, Horacio Montoya, Ricardo Medina, Eduardo Gnecco, Carlos Medellín, Darío Velásquez, Alfonso Patiño, Fabio Calderón, Pedro Serrano y Fanny González.
Debate y homenaje permanente
La conmemoración de los 25 años del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que la sociedad colombiana aún es muy sensible frente al tema. No sólo revivió el debate por los perdones y absoluciones judiciales que el asunto ha provocado, sino que, una vez más, los familiares de las víctimas marcharon para reclamar justicia. Como todos los 5 de noviembre, con una marcha desde el Parque Santander hasta la Casa del Florero, los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia desfilaron portando los retratos de sus deudos. Este sábado se llevará a cabo una eucaristía en la capilla del Colegio San Bartolomé, y el tema dio incluso para que el catedrático y escritor Fernando González Santos editara una novela que promete polémica: ‘Vivir sin los otros. Los desaparecidos del Palacio de Justicia’.