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Hace poco la administración distrital anunció una nueva estrategia contra los colados de Transmilenio: se harán controles a las tarjetas dentro de los buses y quienes no hayan pagado recibirán una multa de $150.000. De otro lado, el presidente Petro propuso que el pasaje de ese medio de transporte sea pagado por todos los bogotanos, a través de las facturas de algún recibo de servicio público.
No me voy a ocupar aquí de si la propuesta es o no viable desde el punto de vista económico, ni de cómo podría el Distrito manejar un eventual aumento en el número de usuarios derivado de la aparente gratuidad del servicio. Me interesa destacar que son dos enfoques distintos frente a un mismo problema: uno represivo y otro preventivo. Las penas de multa son usuales en naciones con una cota de desempleo baja y un alto nivel de formalidad laboral, porque esas dos variables permiten que los ciudadanos puedan pagarlas, voluntaria o coactivamente. Pero en un país como Colombia, en el que un número muy alto de personas tienen un trabajo informal y la desigualdad sigue siendo elevada, es una sanción poco eficiente. Basta con recordar que las multas que imponen los jueces penales a los condenados alcanzaban los $46 billones en 2019, de los cuales solo se logra recaudar un poco menos del 1 %.
La idea de que los bogotanos paguen a través de impuestos o recibos de servicios públicos el transporte de su ciudad tiene varias ventajas: con un buen diseño podría llevar a que quienes no lo utilizan porque tienen los medios económicos para movilizarse de otra manera ayuden a quienes carecen de esa posibilidad y tienen dificultades para pagar el valor del pasaje, los colados desaparecerían puesto que el ingreso a los buses no requeriría de una tarjeta y se incrementaría el uso del sistema ante la sensación de que es gratuito. Esta última consecuencia puede transformarse en un inconveniente si el Distrito no toma anticipadamente las decisiones necesarias para absorber de manera eficiente el incremento de los usuarios. Por eso es importante que, antes de decidir sobre su implantación, se estudie con detenimiento el impacto que tendría esa medida no solo en las finanzas de los ciudadanos, sino en el funcionamiento de Transmilenio.
Con independencia de si se logra o no diseñar una estructura de cobros diferenciales que permita una distribución equitativa de esta carga impositiva, o de si se opta por una implementación gradual que reduzca paulatinamente el valor del pasaje hasta que Bogotá cuente con la infraestructura necesaria para asimilar el aumento de pasajeros que podría presentarse, parece claro que la búsqueda y puesta en práctica de modelos preventivos para controlar conductas socialmente inadecuadas es mucho más eficiente que el menos ingenioso recurso a instrumentos represivos.
La diferencia entre la prevención y la represión como formas de control social debería servir para que dejemos de confundir la seguridad con el derecho penal. De poco sirve elevar las penas y endurecer las condiciones de reclusión de los condenados si el Estado no busca maneras eficientes de desestimular la comisión de los delitos.
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