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“Recuerda para ser” es la frase que se lee en letras grandes dentro del Museo Nacional del Holodomor, en Kiev. “La memoria amarga de una infancia”, estatua de una niña de entre 8 y 10 años, que con sus manos aprieta contra su pecho cinco espigas, está en el centro del memorial que recuerda la hambruna que Iósif Stalin impuso en gran parte de la Unión Soviética con su política de colectivización, que provocó la muerte por inanición de unos cuatro millones de ucranianos entre 1932 y 1933. “Recuerda para ser”, la frase que resuena en los oídos de algunos, que, 90 años después, se preguntan qué está pasando en su país y temen que algo similar pueda repetirse.
“Las personas están viendo una conexión entre los eventos del pasado y lo que está ocurriendo ahora”, cuenta Lesya Hasydzhak, directora del museo. Ella, que se une unos minutos tarde a la entrevista por el tráfico de la capital, habla en ucraniano, pero una traductora que conversa en inglés media entre las dos. Desde 2022, con la invasión rusa, percibe que las visitas han aumentado, pero no las turísticas ni las de estudiantes de colegio. De esas casi ya no hay. Grupos pequeños de familias y amigos se aproximan con varias inquietudes al memorial. Quieren saber, por ejemplo, si los nombres de sus abuelos u otros allegados están inscritos en el Libro Nacional de la Memoria y preguntan sobre los paralelos de ayer y de hoy.
Hasydzhak habla del régimen de las tablas negras, que consistió en el bloqueo físico de los alimentos en las granjas, pueblos y distritos, pero también en la prohibición del comercio y del transporte de mercancías, además de la constante presencia de militares y policías. También lo hace del régimen de pasaportes, implementado por el gobierno soviético para impedir que los agricultores ucranianos dejaran sus pueblos para desplazarse a las ciudades en busca de comida. Piensa, entonces, en lo que está pasando ahora en las regiones ocupadas por las fuerzas de Moscú, en cerca del 20 % del territorio de Ucrania, en donde un pasaporte ruso es necesario para demostrar que se es dueño de algo, para poder tener acceso al servicio de salud y recibir la pensión. No tener uno implica ser considerado foráneo y, como tal, perder la custodia de los hijos o incluso la libertad.
No cree que en el día a día se converse sobre ese término: genocidio. Más bien piensa que lo usan aquellos que se dedican a los derechos humanos, a la historia, a la cultura. Las personas no hablan así, aunque sí están interesadas en desentrañar los crímenes que se cometen a su alrededor. Es, al menos en su parecer, una expresión que en ocasiones se usa equivocadamente y que es mejor esperar a que un tribunal se pronuncie al respecto para poder usarla: “Solo después de eso podremos hablar adecuadamente de genocidio”.
Pero ella no es la única que se lo ha preguntado. Danylo Mokryk, periodista en The Kyiv Independent, también lo ha hecho: “Destruir total o parcialmente” es el título de uno de sus más recientes documentales. No hay una respuesta de sí o no. Es una discusión, una que puede darse en términos legales, sí, pero también desde otras orillas: “No estoy seguro de que sea posible probar un genocidio aquí. Puede ser que no podamos reunir suficiente evidencia material para convencer a una corte, incluso que no se llegue a abrir nunca un caso. De todas maneras, tenemos que conversarlo y analizarlo”.
Él, que el 24 de febrero de 2022, estando en la capital ucraniana, supo de la invasión rusa, porque a eso de las 5:00 a.m. su hermano, que trabajaba en la Universidad Carolina, en Praga, lo llamó desde la frontera con Polonia a decirle “empezó la guerra”, dejó de documentar sobre la corrupción en Kiev y se adentró en la investigación de crímenes de guerra, y en eso lleva más de un año. Ni él ni su equipo estaban entrenados para eso, menos preparados, pero detectaron una necesidad, la de los lectores que les preguntan por qué ocurren distintos delitos y cuál es la naturaleza de ellos.
Por su cabeza pasan Ruanda y la antigua Yugoslavia, la masacre de Srebrenica, en Bosnia, pero también el judío y polaco Raphael Lemkin, autor del término genocidio, “el crimen sin nombre”, como antes lo llamó Winston Churchill. “En los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra las víctimas son individuos. En cambio, el objeto de genocidio es un grupo”, menciona Mokryk: “Muy a menudo las personas no son atacadas por sus características particulares, por su comportamiento o sentimientos, sino porque pertenecen a algo. Por ejemplo, los más de 20.000 niños ucranianos que están siendo deportados a Rusia. Un grupo merece justicia también, lo decía Lemkin”.
El pasado pesa sobre el presente. La historia no se puede olvidar, cree Wayne Jordash, quien piensa que el contexto histórico es crítico frente a los miedos que hoy se sienten en Ucrania: “En memoria viva, los ucranianos pueden señalar un genocidio contra ellos, sobre el cual no hay dudas, y ese es holodomor”, que en español traduce hambruna. Así lo reconoció el Parlamento Europeo en diciembre de 2022, pero también años atrás lo hicieron varios países, como Colombia, Estados Unidos y México, por mencionar algunos. El genocidio, cuenta este abogado británico especializado en derechos humanos internacionales y director de Global Rights Compliance Foundation, es una posibilidad, pero sobre la cual no hay que apresurarse: “Para el ucraniano promedio esto parece ser una campaña genocida, pero eso no implica que lo sea”.
Mientras continúa este debate, la oficina del fiscal general de Ucrania guarda registro de más de 100.000 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas desde 2022. Las agresiones siguen y el país no tiene suficientes fiscales para investigar, además de que el sistema judicial ha estado envuelto en actos de corrupción desde hace años y está en mora de llevar a cabo una reforma. De hecho, una encuesta realizada en octubre pasado por el Centro Razumkov, en Kiev, muestra que solo el 18 % de los ucranianos confían en los tribunales. Apenas el 13 de diciembre de 2022, el presidente Volodímir Zelenski firmó una ley para liquidar el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev, después de que ese mismo día el Parlamento votara a favor de hacerlo. Su líder y otros jueces fueron acusados de usurpación de poder, obstrucción de la justicia, crimen organizado y abuso de autoridad. Además, en mayo pasado, las autoridades anticorrupción detuvieron al jefe de la Corte Suprema, Vsevolod Kniazev, en el marco de una investigación por un caso de soborno de US$2,7 millones. También fue destituido de su cargo.
“Ningún sistema legal tiene las capacidades para lidiar con la cantidad de crímenes que hay”, dice Jordash: “Investigar estos tipos de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y posible genocidio es difícil, requiere mucho tiempo y bastantes recursos, desde quienes interrogan testigos, pasando por expertos balísticos, autopsias y hasta consultores legales que asesoran según el tipo de evidencia recolectada. El trabajo es enorme. ¿Tienen recursos suficientes? No. ¿Pueden hacer mucho más? Sí”.
Él reconoce que las cortes internacionales son necesarias, pero a la vez considera que reflejan un fracaso de la justicia; muestran que se necesita un tribunal de fuera, porque ninguno de adentro puede hacer el trabajo. En la discusión de si hay un genocidio o no en Ucrania, es partidario de apoyar los esfuerzos de las autoridades locales, porque con ello se realizarían juicios en lugares cercanos a los sitios donde se cometieron los crímenes, además de que se estaría al lado de las víctimas, involucraría a los ucranianos y se crearía un legado para futuras generaciones. Eso, de hecho, es una de sus más grandes preocupaciones, que su hijo de apenas un año está creciendo en medio de la guerra, del auge de los autoritarismos y de la crisis ambiental: “Me preocupa el mundo en el que está creciendo, que es mucho menos seguro que en el que crecí”.
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