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¿Una secretaria de Ambiente accionista de dos firmas constructoras y contratistas del Distrito? Esta es la realidad que reportó recientemente Carolina Urrutia al responder un derecho de petición, en el que se cuestionaba su neutralidad como cabeza del sector ambiente en la capital del país. En total, Urrutia tiene 1.000 acciones de Argos ($2.563 por acción) y 13.586 acciones de Conconcreto ($229 por acción), de las que devenga anualmente cierta utilidad.
Por pequeño que sea el monto, lo cierto es que estos vínculos no son menores. En primer lugar, Conconcreto, firma nacional y con gran presencia en las grandes licitaciones de obras públicas en el país, es la encargada de la construcción del viaducto elevado de la línea 1 del metro de Bogotá.
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Por su parte, Argos, una de las grandes cementeras en Colombia, tiene el contrato de las plantas productoras de concreto con las que se construirán los pilotes de la ya mencionada línea del metro y que se encuentra en un litigio por defectos estructurales en el pavimento del proyecto de la autopista Norte. “Compré estas acciones en 2010 y 2013, mucho antes de desempeñarme como funcionaria pública. En el caso de Conconcreto, soy propietaria del 0,001 %, realmente no soy socia, sino que soy accionista minoritaria. Estoy segura de que estas empresas no tienen idea de que tengo estas acciones”, indicó Urrutia.
Según la funcionaria, estos señalamientos surgen de grupos ambientalistas que han cuestionado su desempeño, en particular por los permisos de tala de árboles en la avenida 68 y la sustracción la reserva Van der Hammen para la expansión de la avenida Boyacá.
¿Existe inhabilidad?
Una de las principales preguntas en torno a esta situación es si la posesión de acciones de la jefa de la cartera de Ambiente constituye algún tipo de conflicto de interés o inhabilidad para ejercer, de acuerdo con la ley, sus funciones. Vale recordar que entre las funciones de la secretaria de Ambiente está emitir actos administrativos para otorgar permisos, licencias y otros instrumentos de control y manejo ambiental en el Distrito.
Según un concepto del director jurídico de Función Pública, Armando López, con base en sentencias de la Corte Constitucional, “si bien es cierto que no existe inhabilidad para que un servidor público sea accionista de una empresa del sector privado, se considera que dicho servidor no podrá suscribir contratos estatales, ya sea en forma directa o indirecta”.
En ese sentido, según el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, ninguna de las empresas en las que Urrutia tiene acciones reporta contratos con la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Además, según esta entidad, la facultad para evaluar si se otorga o no permisos ambientales ha sido delegada a los subdirectores o directores de la entidad, según los asuntos su competencia.
Frente a esto, la secretaria asegura que no se les ha dado tratamiento diferencial a las dos empresas, que ha reportado oportunamente su conflicto de interés y que no ha firmado licencia o sanción, en contra o a favor, de estas empresas. Lo cierto es que esta situación abre el debate sobre la dimensión humana, privada e ideológica de los funcionarios públicos. Ante esto, la funcionaria asevera que ha obrado con transparencia y que ha aplicado una línea técnica en la entidad.
“Venimos de años muy tortuosos en términos de la relación entre la autoridad ambiental y la ciudadanía, y nuestro objetivo en estos cuatro años ha sido mejorar en algo la confianza, con la publicidad de la información de la calidad de los permisos. Celebro esa politización de los asuntos ambientales, me parece que es justo y necesario, pero esto implica que hay mucho más ruido en torno a la toma de decisiones, que son difíciles y que implican un cálculo del costo-beneficio, en providencia del bienestar general”, dijo la secretaria. Pero ante las denuncias en su contra, ¿cómo defiende su paso por la administración de la capital del país?
Árboles y Van der Hammen
Una de las primeras polémicas que enfrentó la administración de Claudia López fue la tala de árboles para construir la troncal de la avenida 68, labor que pasó por el examen de la actual secretaria de Ambiente. Tras la protesta ciudadana y la revisión de la entidad se logró consolidar la perspectiva de conservar el arbolado y reducir la tala de 2.021 a 1.375 individuos. Además, mejoraron la tasa de reposición de árboles a través de una nueva metodología: se deben sembrar cinco árboles por tala.
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“Nos sentamos a hablar con el IDU y con sus contratistas, y logramos reducir esas talas en 37 %, dentro del marco del contrato. Logramos esa reducción importante que, aunque siguen siendo muchos, es un avance en la ciudad. Esperamos que no solamente se mantenga, sino que se amplíe a todos los procesos de construcción y de obra pública”, agregó Urrutia.
Por su parte, frente a la fragmentación de la reversa Van der Hammen a principios de 2023, la funcionaria indicó que se trató de una cuestión de nuevo de costo-beneficio. Así, indica que la visión fue reemplazar las seis vías que atravesaban la reserva a una sola (la avenida Boyacá), que implicó la sustracción del 1,5 % de las 1.396 hectáreas que constituyen la reserva.
“Lo que se ha hecho es empezar a trabajar en un instrumento que hemos llamado transferencia de derechos de construcción, para que los dueños de predios en la reserva, que piden precios altos por la especulación en torno al futuro de la reserva. Entonces lo que les decimos a los constructores es si quieren desarrollar vivienda, tienen que comprar derechos de construcción, que vienen de la entrega de predios en la estructura ecológica principal, en donde se encuentra la Van der Hammen”.
De esta manera, la ya saliente administración de Claudia López defiende una gestión donde los capitalinos tendrán la última palabra si fue exitosa en su promesa.
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