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En medio de un debate en Cali, uno de los escoltas de Wilson Ruiz, candidato a la Alcaldía de esa ciudad, desenfundó su pistola luego de que un joven intentara poner sobre la cabeza del aspirante una gorra con el nombre del Pacto Histórico. Ese sábado 9 de septiembre, los enfrentamientos, gritos de pánico y los candidatos que huyeron del salón del edificio Torre de Cali marcaron lo que fue final del encuentro. Aunque los hechos son aún confusos y las versiones de este episodio se contradicen entre militantes de derecha y de izquierda, nadie duda en catalogarlo como violencia política.
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Este no ha sido el único episodio de violencia política contra candidatos y figuras políticas en el último mes. El pasado 8 de septiembre, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Luis Vargas, denunció que varios espejos de vehículos de militantes de Cambio Radical fueron rayados y quebrados y un candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático señaló haber sido atacado por un grupo de personas en la Universidad Pedagógica mientras realizaba actividades de campaña.
Dos días antes, el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf y el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, fueron chiflados en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, previo al partido de la selección Colombia contra Venezuela. Varios asistentes les gritaron a ellos y a sus familias que se retiraran del lugar y a Escaf le arrojaron cerveza en la cara.
A inicios de septiembre, a la salida del Congreso, un hombre se acercó al representante Miguel Polo Polo mientras grababa un video en el que quedaron registrados los insultos racistas contra el congresista. Lo persiguió por varias calles y relacionó su color de piel con su papel en el Legislativo. El hecho fue rechazado por el gobierno y la oposición y recordó el que vivió la vicepresidenta Francia Márquez por cuenta de Fabiola Rubiano, quien acaba de ser condenada a 17 meses de cárcel por un acto de racismo.
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Estos hechos responden a la violencia política que, al parecer, viene en aumento en el país sin discriminar orilla política y que se ha tomado impulso por las elecciones regionales que se celebrarán el 29 de octubre. Tanto gobierno nacional como las organizaciones electorales y los partidos políticos vienen alertando el fenómeno y pidiendo a la ciudadanía respeto a la diferencia.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta finales de mayo se habían reportado 320 casos de violencia política contra figuras políticas y candidatos, casi 100 casos más que los que se registraron en las elecciones regionales de hace cuatro años (233). Además, alertaron que, previo al arranque de la contienda, se evidenció el período más violento en los últimos años en Colombia, siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle los territorios más afectados.
“El período preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país, situación que, siguiendo las tendencias observadas en procesos electorales anteriores, podría agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones”, alertó la MOE. Aunque los líderes políticos no son los únicos afectados por la violencia del país, según la organización electoral concentran más de la mitad de la violencia registrada al ser objeto de 53.9 % de los hechos identificados.
La situación despertó la preocupación del gobierno de Gustavo Petro. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que le “preocupa el tono de agresión personal que se toma el debate político. Paraco, ladrón, guerrillero, incompetente y otros adjetivos usados en los debates solo demuestran la falta de ideas de quien los usa y la pobreza intelectual de “nuevos líderes”. Ojalá maduremos en el debate público”.
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No solo son ataques, comentarios violentos o intolerancia, también homicidios. Hasta el momento, cuatro candidatos han sido asesinados, el último tuvo lugar este fin de semana y lleva el nombre de Silvio Rosero, quien aspiraba al Concejo de Timinango, Nariño, con el aval de la Alianza Verde.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lamentó los homicidios y sostuvo que se pudo comprobar que los primeros tres no están relacionados con la participación política y que se está indagando el motivo de los asesinatos. Pese a este pronunciamiento, los partidos políticos piden al gobierno que sus candidatos sean protegidos y que haya garantías para la participación política.
Tal es la situación, que la Defensoría del Pueblo está a la espera de respuesta ante la solicitud de medidas cautelares que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Instauramos la solicitud de medidas cautelares a favor de candidatos amenazados, de alcaldes y de servidores públicos. Esperamos una respuesta satisfactoria. Mi rol como defensor es buscar la protección y garantía de todos”, dijo el defensor Carlos Camargo.
Qué dicen los partidos
En todos los partidos políticos hay quejas sobre violencia política o a sus candidatos o a sus congresistas y en algunas colectividades se presentan ambos casos.
El director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pidió al gobierno de Gustavo Petro que se tomen acciones urgentes para la protección de sus militantes: “Levanto mi voz por la preocupación que nos embargan las graves amenazas de las que tenemos conocimiento contra la vida de algunos de nuestros gobernantes y candidatos, como por ejemplo, nuestro senador Mauricio Giraldo, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco y otros militantes que nos han pedido apoyo para seguir con su trabajo político”.
Desde la Alianza Verde rechazaron el asesinato de su candidato Rosero y denunciaron el “hostigamientos contra nuestra congresista Katherine Miranda a través de las redes sociales”. Las amenazas que estaría recibiendo Miranda por sus pronunciamientos sobre la reforma a la salud de Petro ya están bajo investigación de la Fiscalía.
Sobre la violencia política fue aprobado en el Congreso un proyecto que busca sancionar los actos violentos contra las mujeres que ejercen la política. Sin embargo, aún ha entrado en vigencia y está siendo estudiada por la Corte Constitucional.
Lo cierto es que hay violencia política en Colombia y aunque el llamado al respeto y a la garantía de derechos es cada vez más sentido, el gobierno nacional y entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría no han logrado coordinarse para ponerle freno a las amenazas y crímenes electorales. Mientras unas hablan de unas cifras, las otras tienen números diferentes, mientras unas hacen pronunciamientos en materia de seguridad, las otras los desmienten.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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