Las cuatro propuestas para resolver el déficit de las universidades públicas

“El éxito de las universidades públicas en Colombia es su fracaso. Hoy, por ser exitosos estamos abocados a una gran crisis”. Esta es la dura declaración de Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, en una reunión que sostuvieron rectores de universidades públicas del Caribe, del Eje Cafetero y de Bogotá, representantes estudiantiles y los congresistas Aída Avella, Gustavo Bolívar y David Racero (Partido Decentes) y León Fredy Muñoz (Partido Verde). (Lea Las 10 exigencias de los estudiantes de educación superior radicadas ante el gobierno)

Mesa se refiere específicamente al déficit de presupuesto para las 32 universidades públicas del país, y que ha estado en boga gracias al hashtag #SosPorLasUniversidadesPúblicas., que según cálculos del Sistema Universitario Estatal asciende $1,4 billones para funcionamiento y $15 billones para infraestructura. En 1993, un año después de aprobada la Ley 30, que rige la educación superior en el país, los estudiantes inscritos en universidades públicas eran 159.218 solo en pregrado. En 2016 eran 611.800. (Lea también: Réquiem por las universidades públicas)

Para atender a esos estudiantes hay 12.750 profesores de planta. “Si formásemos a esos profesores a nivel doctoral costaría $2,8 billones. Es una brecha de calidad”, señala Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y representante del Sistema Universitario Estatal (SUE). “Además, ponerse al día en infraestructura tecnológica costaría $8,8 billones”.

Es decir que, aunque la cobertura casi se cuadruplicó, la plata para las universidades públicas no siguió el ritmo. Según los cálculos de la SUE, la deuda histórica del Estado colombiano con las universidades públicas del país asciende a los $18 billones, y solo la de este año, a 3,2.La semana pasada, en la Universidad de Antioquia se presentaron 51.000 estudiantes, pero solo pasarán 5.000. “Esto es resultado de tener cerca de 20.000 estudiantes que no pagan su matrícula porque son de estratos 1, 2 y 3, porque la educación es un proyecto social”, señala Mesa.

Según Torres, “la mayoría de universidades tenemos nómina hasta el mes de octubre. Noviembre y diciembre no tenemos cómo terminar el año. En la Universidad de Córdoba, por ejemplo, se inscriben anualmente 20.000 jóvenes y solamente hay cupo para 3.000. Se quedan por fuera 17.000 estudiantes”.

“En 2016, el sistema universitario público esperaba los $464.000 millones contemplados en el artículo 184 de la reforma tributaria. Llegaron 162.000, el resto se fue a becas, Icetex y Ser Pilo Paga. Se crearon unas expectativas que nos tienen en estado de agonía”, señaló Torres.

Cada vez es más claro que la crisis puede ponerse peor y que es urgente tapar ese hueco. ¿De dónde podría el Estado colombiano sacar la plata para lograrlo? Congresistas de oposición, rectores de universidades públicas del país y representantes estudiantiles presentaron cuatro propuestas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La primera es que parte del presupuesto de seguridad y defensa pase a educación. Puntualmente, de los $3,5 billones que se asignaron al sector de seguridad y defensa, proponen que se reasigne $1 billón para el déficit.

La segunda propuesta es casi una profecía autocumplida: acabar con Ser Pilo Paga y destinar los $2 billones que se invierten en el proyecto a las universidades públicas, para atender a estudiantes de estratos 1 y 2. El pasado 6 de septiembre, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que daba por terminado el programa después de apenas tres años en marcha.

Al final, el Ministerio les dio la razón a quienes criticaban el programa porque destinaba casi el 50 % de los recursos del sector educación a la educación superior de 40.000 estudiantes (10.000 por año) que en su mayoría (el 82 %) elegían universidades privadas. Angulo dijo en su momento, ante los micrófonos de W Radio, que un nuevo programa estaría listo para este mes.La tercera propuesta es que de los recursos previstos para el otorgamiento de créditos a través del Icetex, se tomen $423.000 millones y se le sumen al presupuesto de la universidad pública.

La cuarta y última es que se le inyecten $289.836 millones al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en donde se inscribieron 1,3 millones de aprendices en 2017, además de los 5’700.000 colombianos que se capacitaron en cursos cortos (de 40 a 400 horas) a distancia.

Germán Ramírez, secretario del sindicato del Sena (que se sumó hace poco a la puja de las universidades públicas), calcula que con el recorte de $245.000 millones en 2016 hay 133.000 cupos estudiantiles menos.

Se suma a esta propuesta el paro de los estudiantes y profesores del Sena, sede Soacha, que llevan seis días debido a fallas en la infraestructura. Las propuestas, según dijeron los congresistas, se presentarán el próximo jueves al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un día después del paro que convocaron las 32 universidades públicas del país en protesta por el desfinanciamiento de la educación estatal.

Adicionalmente, los estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) presentaron en el Congreso diez exigencias acordadas la semana pasada en un encuentro con 2.000 estudiantes en la Universidad de la Amazonia, en Florencia (Caquetá). Sus propuestas incluyen $4,5 billones para las universidades públicas, aumento del presupuesto de Colciencias en un 100 %, y el pago de $16 billones de deuda histórica en un plazo de 10 años, entre otros.

Para este viernes está previsto que los 32 rectores de las instituciones públicas se reúnan y presenten una agenda común al Congreso, que incluiría propuestas similares a las de los congresistas de oposición: transferir los recursos de Ser Pilo Paga directamente a las universidades y reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para que se pueda aumentar la base presupuestal de estas instituciones.