El problema no es el trámite ambiental

La licencia ambiental debe ser un instrumento efectivo para el seguimiento de la actividad extractiva y aprobar la solicitud de una licencia debe equivaler a iniciar el seguimiento técnico para garantizar al país y a las comunidades que la actividad extractiva genere el mínimo impacto ambiental y social posible. Antes de seguir emitiendo licencias ambientales es necesario que la institucionalidad nacional (minera, ambiental y la DIAN) le demuestre al país que tiene capacidad para controlar y maximizar el beneficio nacional asociado al actual nivel de actividad minería. Una minería responsable es resultado de una gestión interinstitucional que convoca tanto al capital privado como a la sociedad civil, pues no es solo responsabilidad del Sistema Nacional Ambiental.

Las comunidades locales deben conocer y hacer seguimiento al proceso de evaluación del impacto ambiental y a las condiciones en que se aprueba una licencia. Es clave que se realice una severa veeduría desde la institucionalidad y desde la sociedad civil para asegurar que se genere el mínimo impacto ambiental y social acorde con la mejor tecnología disponible, y que se adelanten de manera efectiva las compensaciones ambientales y sociales. El licenciamiento no es un proceso estático sino dinámico, que requiere permanente revisión y actualización.

El problema no es solo el impacto ambiental, sino también la participación en la toma de decisiones y la distribución de beneficios. Hoy la existencia de minerales está definiendo las opciones de uso del territorio, desconociendo los Planes de Ordenamiento Territorial acordados en los municipios. Además, los locales se benefician muy poco de los excedentes económicos, mientras asumen los costos ambientales. Esto enfrenta los intereses locales con los de agentes externos y explica que muchos gobernadores y alcaldes apoyen las protestas ciudadanas contra actividades mineras. El Plan Nacional de Ordenamiento Minero emitido por la UPME (Ministerio de Minas y Energía) reconoce este desequilibrio y señala la necesidad de un ajuste.

La extracción de recursos naturales no renovables es por definición no sostenible. ¡Lo que se extrae no regresa! Si localmente no deja ningún beneficio para la población local, solo será una expropiación de capital natural. Para que la minería cumpla su objetivo de convertirse en beneficio social es necesario compartir los beneficios y dar una mayor participación a las comunidades locales en el seguimiento de la actividad y en la toma de decisiones para viabilizar una extracción y verificar el cumplimento de los compromisos financieros y ambientales, y aprobar o no su continuidad.

Acelerar el trámite de la licencia ambiental no soluciona los problemas ni las confrontaciones que hoy está generando la minería. Una minería de mínimo impacto, que comparte beneficios y decisiones con organizaciones y autoridades locales, es la única manera para que la minería no genere conflicto y protesta social y contribuya a una paz estable y duradera.