Brownfield, el guerrero antidrogas de EE. UU.

Cuando el presidente Obama nombró a Gil Kerlikowske en ese puesto, el poco recordado sheriff de Seattle pidió que le cambiaran el apelativo. No quería ser más el zar antidrogas, porque, según la retórica de la Casa Blanca, no iba a haber más “guerra contra las drogas”. En ese entonces, en 2009, Kerlikowske explicó en su primera entrevista en el Washington Post que el gobierno “no estaba en guerra contra las personas” que consumían drogas.

En la práctica Kerlikowske pasó de agache con los temas álgidos de la política de drogas en EE. UU., insistiendo en la penalización del consumo de marihuana mientras decenas de estados legalizaban la yerba para uso medicinal, y el estado donde él había sido jefe de policía la legalizaba por completo. Internamente, su oficina fue perdiendo brillo, con un liderazgo mucho más activo del fiscal general, Eric Holder, en el tema de la reducción de sentencias para crímenes asociados con las drogas.

Internacionalmente, Kerlikowske fue incluso más parco. Sus varias visitas a Colombia dejaron pocos titulares y su oficina perdió relevancia en la política bilateral, hasta que incluso le robaron el apelativo de zar.

El real hombre de línea dura en drogas, al menos para América Latina, es un viejo conocido: William Brownfield, embajador en Colombia entre 2007 y 2010. Entre risas y chanzas, este texano se ha convertido en el principal obstáculo para un cambio en la política represiva contra las drogas en América Latina.

En su reciente visita a la región, el nombre de Brownfield fue acompañado en titulares de toda Centroamérica como el “zar antidrogas de EE. UU.”. Esta nueva atribución del hombre que encabeza la oficina de drogas del Departamento de Estado es un reflejo de su influencia para mantener programas represivos en la región: desde los operativos de la DEA en Honduras, hasta las fumigaciones en Colombia.

A pesar de importantes avances en el continente, con la legalización en Uruguay y pedidos cada vez más vehementes de nuevos enfoques de gobiernos desde México hasta Colombia, en el Departamento de Estado, donde trabaja ahora Brownfield, se ha cimentado la resistencia de Estados Unidos contra alternativas, a pesar de un discurso aparentemente abierto a que cada país experimente.

En Colombia, por ejemplo, el tema de las fumigaciones ha sido objeto de un intenso y fértil debate académico. El cúmulo de evidencia que muestra que las fumigaciones no son eficientes ha sido recibida con interés por estadounidenses en la embajada, la DEA e incluso el Congreso de EE. UU. Sin embargo, cualquier intento de cambio de esta política ha enfrentado un muro de chistes malos infranqueables cuando llega a la oficina de Brownfield, que controla una de las cuentas de ayuda más importantes que destina la aún narcotizada mirada EE. UU.