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El número de vacas que pastan en los bordes -y a veces en el interior- de varios parques nacionales naturales en Meta y Caquetá, y que protegen la ecología de la Amazonia colombiana está aumentando año tras año, desde 2016, cuando las guerrillas de las Farc firmaron el Acuerdo de Paz y dejaron de ser el poder armado de la región.
El número de reses sin permiso para pastar pasó de 80.719 en 2016 a 194.808 en 2020 -un crecimiento del 141 %- en veredas colindantes con zonas de reserva forestal y parques nacionales naturales y regionales, o que incluso tienen territorios dentro de estas áreas protegidas. Así lo revelan ciclos de vacunación comparables en registros oficiales de los últimos cinco años.
Este hallazgo se hizo tomando el registro que hacen los vacunadores que se encargan de inmunizar a la población vacuna y bufalina contra la fiebre aftosa, en el que se consignan los predios y se proporciona su ubicación en las veredas. Ellos inmunizan dos veces al año, y cada ciclo, por supuesto, suele reflejar distintas poblaciones porque el ganado está en constante movimiento (de la finca al lugar de matadero, de una finca a otra). Por eso para calcular el cambio de un año a otro comparamos el primer ciclo de cada uno.
Es decir, frente a 2016, en 2020 había 114.089 vacas nuevas. En la Amazonia, según cálculos de los mismos ganaderos, cada vaca necesita en promedio una hectárea de pastizal, y cada potrero de pasto se traza tumbando selva. Entre 2016 y 2020, en la Amazonia se destruyeron 560.000 hectáreas de bosques, según el Ideam, la entidad del sector ambiental que monitorea la deforestación en todo el país. Los departamentos de Caquetá y Meta fueronlos dos más afectados con un área deforestada en este período de 364.893 hectáreas (o el 65 % del total nacional).
El aumento de ganado en proximidades de los parques nacionales fue especialmente importante entre 2016 y 2017, aunque la expansión ha sido constante año tras año. Esta investigación analizó las bases de datos de vacunación contra la fiebre aftosa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de esa región en el sur del país, que muestra que el mayor incremento en el número de vacas vacunadas se ha dado en los alrededores de cuatro parques: La Macarena, con 43.553 vacas más vacunadas en 2020 en comparación con 2016; Cordillera Los Picachos, con 23.194; Tinigua, con 22.068, y Chibiriquete, con 15.345. Los tres primeros están en la transición entre la Amazonia y la cordillera Andina, mientras el último está en la selva amazónica.
Le sigue el Parque Chibiriquete, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018, por su riqueza ecológica, histórica, arqueológica y cultural, con un crecimiento en el hato ganadero vacunado allí del 244 %. En veredas colindantes al Parque Nacional Sierra de La Macarena se vacunaron 121 % más vacas y en las del Parque Regional Cordillera Los Picachos -creado en 2018 como primera área protegida regional en la Amazonia colombiana-, un poco más del doble. En este último parque se había establecido un hato ganadero considerable desde hacía años. Por eso, aunque tiene una gran población vacuna, no se ve un aumento de la deforestación entre 2016 y 2020, pues ya se había deforestado desde antes.
En algunos de estos parques, la deforestación coincide con el incremento de la actividad ganadera, que se haacentuado en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, La Macarena, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, todos colindantes o que hacen parte de los parques nacionales naturales de Tinigua, Chiribiquete o Sierra de la Macarena.
La irrupción reciente de colonos en zonas selváticas o de amortiguación a la Amazonia para desarrollar fincas ganaderas y agroindustria está interrumpiendo la continuidad de ecosistemas entre los parques de Chibiriquete y Tinigua, con consecuencias que pueden ser negativas para la supervivencia de las especies que albergan.
El biólogo Nicola Clerici, de la Universidad del Rosario, quien ha estudiado el impacto de la deforestación en estos ecosistemas, asegura que hay una gran variedad de daños, pero cree que lo peor está pasando en la pérdida de servicios ecosistémicos y de biodiversidad: “Están alterando los flujos génicos. En este caso no es solo la pérdida del hábitat, sino de sus conexiones con otros ecosistemas. También es importante la presión sobre eventuales poblaciones indígenas presentes en esos territorios”, dijo Clerici.
La expansión de la ganadería hacia la zona amazónica selvática no es la única causa de la deforestación, pero sí una fuerza crecientemente destructiva de esta ecología vital. Según el Ideam, al ritmo que va la deforestación, para 2020 a la Amazonia colombiana le quedaban 40 millones de hectáreas de selva, que son el 68 % de todos los bosques del país.
La expansión de las actividades económicas, como la ganadería, los cultivos de uso ilícito, el tráfico de madera ilegalmente extraída, la minería ilegal y la apropiación ilegal -y a veces violenta- de tierras de la nación o de comunidades indígenas ponen en riesgo este pulmón del planeta.
Parque La Macarena
Llama la atención lo que ocurre al sur del Parque Nacional de La Macarena, en donde la deforestación se ha incrementado en cinco veredas y también la vacunación, que miden 45.000 hectáreas (casi del tamaño del área urbana de Bogotá). Entre ellas están Caño Indio, Tres Chorros (no tenía ganado en 2016 y en 2020 registró 1.636 cabezas), El Diamante (pasó de 319 a 1.116), La Catalina (de 646 a 2.355) y Las Esmeraldas (de 721 a 2.441).
Un corredor entre los parques de Cordillera y Tinigua
Entre los parques nacionales de Cordillera los Pichachos y Tinigua, en territorio del municipio de la Uribe, en Meta, famoso porque fue epicentro del poder de las guerrillas de las Farc que firmaron la paz en noviembre de 2016, ha aparecido en los últimos años un corredor de deforestación. Tiene 70 mil hectáreas, un área más grande que la que ocupa hoy Cali, la tercera ciudad del país, y cubre cuatro veredas en las que fueron registradas 10.467 vacas vacunadas en 2020: La Espalda, La Belleza, La Primavera y Tierra Adentro.
Allí la deforestación se ha extendido al mismo ritmo de los pasos gigantes de la expansión ganadera. En esta última vereda el hato ganadero registrado creció poco más de un 2.000 %.
Ese corredor, explica el funcionario, empezó con la construcción de una carretera que hicieron las guerrillas en tiempos de conflicto armado, pues abrió un frente de colonización. “Ahora, con la paz, muchos han retornado, desplazados, y han llegado compradores, con la ventaja de que una hectárea de tierra puede costar $10 o $20 millones”, dijo.
Deforestación en el Tinigua
En el Parque Tinigua, en nueve veredas contiguas, que ocupan una extensión de 52 mil hectáreas (un poco más que toda el área urbana de Bogotá, que es de 45.000 hectáreas, la capital colombiana), el Ideam ha medido una gran deforestación: entre 2018 y 2019 calculó que se talaron 17.000 hectáreas de bosques. Allí mismo la cifra de vacunación muestra un crecimiento vertiginoso del hato ganadero.
La vereda que muestra el mayor crecimiento de vacunación es El Paraíso, que pasó de 124 vacas vacunadas a más de 2.600. Y en veredas que no habían registrado vacunación de vacas en 2016, como La Dorada, Aires del Meta, Atlántida y Aires del Perdido, se reportaron en 2020 más de 1.000 y hasta más de 2.000 vacas vacunadas.
El Chiribiquete, Patrimonio Natural de la Humanidad
En el majestuoso Parque Nacional Sierra de Chiribiquete, prácticamente virgen hasta 2016, hoy tres veredas, todas ubicadas en el municipio de San Vicente del Caguán -donde se llevaron el fracasado diálogo de paz entre las Farc y el Gobierno hace más de 20 años -más que cuadruplicaron su ganado-. Las veredas con presencia de ganado y evidencias de deforestación suman 150 mil hectáreas, un área mayor que la superficie de Ciudad de México.
Así, por ejemplo, Ciudad Yarí pasó de vacunar 2.388 vacas a 8.352 en los años entre 2016 y 2020. Explica el asesor de la Gobernación del Caquetá, César Quimbay, que esta es una sabana de transición entre llanos y selva amazónica, y allí terratenientes y campesinos han ido reemplazando los pastos naturales por pastizales sembrados para alimentar el ganado. “Hay fincas como en otras veredas, pero también hatos de mil hectáreas”, cuenta.
Quimbay, al igual que el alcalde de La Uribe, coincide que fue la salida de las Farc de la región lo que ha llevado a que habitantes nativos y colonos forasteros hayan empezado a tumbar selva para hacerse a fincas ganaderas.
En este parque los datos de vacunación revelan que en otra vereda colindante al parque, llamada Camuya, vacunaron en 2020 seis veces el ganado que habían inoculado en 2016, registrando 6.587 vacunaciones el año pasado.
La explicación de este crecimiento súbito está en que, en 2018, la Alcaldía de San Vicente del Caguán reconoció esta zona selvática como vereda. Esto les permitió a colonos registrar fincas y con ello desarrollar hatos ganaderos, explica Quimbay. “El fenómeno es muy grave, la deforestación que se ha tenido es grande”, dijo a esta alianza periodística.
La vereda Yaguará II, donde vacunaron 406 vacas, cuando antes no se registró ninguna actividad ganadera, es en parte territorio del resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II de 136.000 hectáreas, que es habitado por familias de las etnias originarias pijao, piratapuyo y tucano. En los últimos años han llegado colonos a hacerse a tierras y a tumbar árboles, afectando así los derechos de estas etnias, según explica Quimbay.
El 20 de septiembre pasado (2021), 53 indígenas de estas comunidades se desplazaron al pueblo de San Vicente del Caguán, y a las ciudades de Neiva y Bogotá. De acuerdo a reportes periodísticos del proyecto Tierra de Resistentes, en el que participa CLIP, sus habitantes denunciaron que personas armadas que quieren controlar sus territorios les habían “exigido conocer el censo de las personas que están dentro del territorio y de los que quisieran ingresar”. Contaron además que han destruido ya 2538 hectáreas de bosque virgen que colinda con el parque de Chibiriquete y que sus comunidades indígenas han querido proteger.
Hace 4 años, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó a las autoridades implementar un plan para protegerla de la deforestación. Desde entonces, las autoridades municipales han suspendido la expedición de cartas que les permitían a los colonos registrar fincas ante las autoridades sanitarias. También están intentando poner el freno a negocios ganaderos.
Carlos Olaya, investigador de Dejusticia y parte del equipo que vigila el cumplimiento del fallo, confiesa que no sabe qué “tan eficaz ha sido la implementación de la sentencia", porque no cuentan con datos para analizar "el efecto que ha tenido en la tasa de deforestación”.
“Por los retrasos creemos que no se está cumpliendo (la sentencia)”, explica. “Cuatro órdenes son elaborar planes (ministerio, corporaciones autónomas y municipios) y están retrasados o no han sido aprobados, y la quinta ordena al gobierno ciertas acciones, la más importante es la operación militar Artemisa”. Dijo que aunque esta última sí se está implementando, pero les preocupa que han capturado sobre todos a campesinos y trabajadores, y, en cambio, “no han tocado a los responsables, a los capitales”.
La información que surge de la vacunación del ganado en esta región revela que la expansión del hato ganadero en los territorios de cuatro parques nacionales, o en sus alrededores, es una causa cierta de la deforestación de la Amazonía colombiana. No sólo hay vacas en territorios protegidos por su valor ecológico, sino que ya se identifican anchos corredores de deforestación, donde hay más ganando que nunca antes, quebrando así la comunicación indispensable para la supervivencia de las especies que habitan en los parques nacionales. Si la deforestación de la Amazonía y sus motores continúa avanzando tan rápido como lo ha hecho en los últimos cinco años y, por el contrario, las instituciones encargadas de contener el fenómeno siguen actuando a paso lento, el daño puede ser irreparable. Urge identificar a los responsables tras la expansión ganadera, y establecer a qué frigoríficos proveen de carne. La gente podría así tener la certeza de que la cerne que compra en las ciudades no proviene de destruir el bosque amazónico.
*Esta investigación fue realizada por el medio digital colombiano 360-grados.co y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales (RIN) del Pulitzer Center.
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