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Fue aprobada, en el segundo de ocho debates, una reforma constitucional que pretende convertir en obligatorias las listas cerradas, paritarias y de origen democrático para las elecciones de corporaciones públicas.
A esa iniciativa le han surgido diversos opositores. Entre estos se encuentran varios políticos que han aprendido a elegirse bajo el sistema de voto preferente apelando al dinero y la clientela. Paradójicamente, también han surgido críticas de algunos de quienes se han elegido cuestionando a esos mismos políticos.
Lo primero que hay que señalar es que a los críticos los acompaña algo de deshonestidad intelectual, porque se han opuesto a las listas cerradas con el argumento de que estas serían conformadas según el libre albedrío de las directivas de los partidos. Al contrario de esa afirmación, el texto aprobado consagra que tanto la integración como el orden de la lista deberá ser el resultado de un procedimiento democrático, con lo cual quedaría sepultado el bolígrafo de los jefes políticos.
Como la reforma ordena que las listas sean paritarias, estaría asegurado un incremento exponencial de la presencia de las mujeres en el Congreso, las asambleas y los concejos. Si los congresistas que dicen representar la nueva política rechazan este modelo, estarían impidiendo que se rompa el círculo de dominio patriarcal en la política colombiana.
En la práctica, el modelo de voto preferente ha hecho que la mayoría de candidatos se elijan mediante su propia empresa electoral. Su financiación, en un alto número de casos, proviene de las coimas de la contratación pública. En cambio, la lista cerrada permitiría que la financiación de las campañas sea estatal o, al menos, lo sea preponderantemente. Acabar con la financiación privada de las campañas puede resultar más eficaz en la lucha contra la corrupción que incrementar las penas de los delitos contra la administración pública.
Un senador que resultó elegido casi exclusivamente por una arrolladora estrategia de redes sociales apeló a una mezcla de audacia y simplificación para decir en un trino que en caso de aprobarse la reforma los ciudadanos no votarían por personas sino por logos. Me permito responderle al senador con la siguiente precisión: los ciudadanos votarían por proyectos colectivos y no individuales, y eso haría que estén representados por bancadas que podrían hacer aprobar reformas o ejercer una oposición orgánica y sistemática. Con el voto preferente, los ciudadanos seguirían siendo representados por unas mayorías de congresistas cuyo ejercicio legislativo continuaría concentrado en satisfacer sus intereses particulares. Aunque hay que reconocer que con el actual modelo también ha resultado elegida gente comprometida con el interés general, por lo general se trata de unas minorías que actúan en solitario y brillan individualmente, pero con una incidencia marginal en la agenda legislativa.
Si quienes llegaron al Congreso con la promesa de cambiarlo contribuyen a que siga vigente el voto preferente, lo que estarían haciendo es garantizar que todo siga igual.
Por Guillermo Rivera
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