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El presidente Gustavo Petro usó la orden del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela para reforzar su relato en contra de Washington y, con Caracas como la excusa, seguir endureciendo el tono que este mismo lunes ya derivó en señalar al encargado de Negocios de ese país, John McNamara, de “emborracharse” con los opositores al “Gobierno del cambio”.
Aunque tal ha sido el nivel de escalamiento verbal de Bogotá hacia Washington —que no ha respondido directamente a los señalamientos—, en ese mismo tiempo el mandatario colombiano dijo por primera vez que no apoya a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y volvió a plantear un nuevo llamado a urnas en el vecino país. Eso sí, todavía no ha reconocido la existencia del “Cartel de los Soles” —cuyo liderazgo EE. UU. sindica a Maduro— y tampoco ha rechazado de plano las irregularidades que permean al Palacio de Miraflores. Todo eso, bajo la óptica estadounidense, constituye casi que un apoyo irrestricto al régimen.
Es un punto crítico para las relaciones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño: en los últimos meses, se enfrentaron a una descertificación parcial y el ingreso del mandatario, junto con su ministro del Interior, Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Y en ese tiempo, con el inicio de las operaciones en el mar Caribe contra supuestas narcolanchas, comenzaron a tensionarse aún más los diálogos entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca.
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“Haber dejado que metieran en la lista OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros] al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano, es preocupante. No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia. Dejó que engañaran a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia”, aseveró en una publicación en sus redes sociales, en la que se refirió a la lista Clinton en la que también aparece Maduro.
Según conoció El Espectador, parte de la labor que tiene que adelantar el embajador Daniel García-Peña en Washington está atada precisamente a estos movimientos que ocurren entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca que terminan por impactar, de cualquier forma, a Colombia. Y es que la visión que tienen algunas oficinas del Ejecutivo Trump, así como del Capitolio, es que terminan siendo casi que lo mismo, por lo que entre las tareas que tiene que adelantar el diplomático colombiano están muy asociadas con un tipo de “pedagogía” que le permita desligar lo que sale de Caracas a lo que sale de Bogotá.
Eso también se ha reafirmado a nivel nacional. El mismo mandatario, así como su canciller Rosa Villavicencio, han sido claros en que no reconocen el resultado de las elecciones en el vecino país y que apoyarían, incluso, la posibilidad de que se convoque otro llamado a las urnas. “Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, dijo hace algunas semanas el jefe de Estado ante la posibilidad de una orden similar desde EE. UU. para el vecino país.
No calan muy bien, precisamente en esos despachos, que el mandatario colombiano haya insistido en que se trata de una acción “completamente ilegal” y haya invocado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a reunirse. Tampoco las críticas constantes que ha esgrimido Petro en defensa de la soberanía de Venezuela y el llamado a hacer una declaración conjunta sobre las bombas a lanchas en el Caribe en la cumbre Celac-UE, que no tuvo la acogida esperada y en la que algunos países, según la misma Villavicencio, prefirieron adoptar posiciones más “suaves”.
“No hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino. El Senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo. Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana”, dijo a través de su cuenta de X.
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Lo cierto es que se trata de una estrategia a dos bandos. Mientras se endurece el tono con Estados Unidos —ese ha sido el caso desde que Donald Trump ascendió al poder, un opuesto ideológico a Petro— se ha tratado de mantener el diálogo con Nicolás Maduro, lo que no siempre funciona igual. Mientras las conversaciones continúan para el tema de los colombianos presos en ese país, están marcadas por los finos hilos que toca mover de este lado para que cualquier imprevisto no termine por tumbar por completo un encuentro.
Así fue que las declaraciones que dio la canciller en entrevista con Bloomberg, en las que habló sobre la posibilidad de un plan para una transición del poder en Venezuela con unas “elecciones legitimadas” y un “proceso transparente”, y aseguró que “Maduro estaría por aceptarlo”, terminaron afectando una negociación sobre la liberación de más colombianos presos en cárceles venezolanas. La situación fue tal que el mismo Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz del vecino país, respondió que no hay “ninguna negociación con sectores de oposición para que Maduro salga del poder”.
No es secreto, para ninguno de los involucrados en esos diálogos —que ocurren en primera instancia entre el equipo diplomático de Colombia en Venezuela y las autoridades de ese país, para luego presentarle lo acordado a Villavicencio e Yván Gil, el ministro de Exteriores venezolano—, que se trata, generalmente, de movimientos muy cuidadosos que buscan no generar tensiones innecesarias entre ambos Estados. Con eso en mente es que esperan que en las próximas semanas puedan tener buenas noticias sobre más liberaciones, pero en un ambiente marcado por las tensiones que genera Estados Unidos sobre la ecuación.
La última vez que se concretó algo fue el pasado octubre, cuando tanto Villavicencio como Milton Rengifo, el embajador de Colombia en Venezuela, viajaron a la frontera en Cúcuta para liberar a 17 colombianos detenidos. En su paso por la Celac en Santa Marta, hubo un diálogo entre ambos ministros sobre ese mismo tema.
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Sin embargo, hasta la fecha, no hay nada en firme. El pasado 20 de noviembre se firmó un acuerdo entre la Cancillería, en cabeza del viceministro Mauricio Jaramillo Jassir, con las familias de los detenidos. Allí, se comprometieron a adelantar “todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos” de los connacionales y los familiares denunciaron “deterioro del estado de salud física y mental, intimidación, y la prohibición para recibir elementos vitales de supervivencia y dignidad”, con casos que señalan “haber sido sometidos a torturas”.
En los meses que vienen, la política exterior seguirá haciendo parte clave del debate electoral. No han sido pocas, en todo caso, las reuniones que el mismo McNamara ha tenido con precandidatos para analizar las vías que podría tomar el país el próximo 31 de mayo, la fecha de la primera vuelta presidencial. Con eso en mente, el mandatario, quien busca una reelección de su proyecto político, tampoco dejará los reflectores en un ambiente cada vez más convulso en materia electoral.
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