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Durante su primer año de gobierno, Gustavo Petro incumplió más de ochenta citas. Las más recientes fueron las que tenía programadas en Cartagena, donde tenía planeado tener el “Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida” con la comunidad y asistir a la clausura del Congreso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el pasado 18 de agosto. No hubo una respuesta clara de Presidencia sobre la ausencia. Se especuló que, entre otros asuntos, al primer mandatario le había disgustado que el empresariado celebrara el discurso del fiscal Francisco Barbosa en el que criticaba al gobierno. Este martes, Petro se refirió al tema en sus redes sociales: “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”.
Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también afirmó que “el presidente está gobernando, dando línea y entregando resultados”, miembros del Legislativo quieren que Petro se someta a un examen médico que pruebe su capacidad de ejercer el cargo para el cual lo eligieron los colombianos. Tres congresistas de la oposición radicaron una proposición al respecto y, desde hace 20 días, ya hay un proyecto de ley que busca que esta práctica sea obligatoria y anual para algunos altos funcionarios a partir de 2026.
A las tres de la tarde de este martes, el representante del Centro Democrático Christian Garcés recorría el Capitolio buscando a sus homólogos para recolectar sus firmas. Junto con otros congresistas de oposición, como el uribista Juan Espinal y la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, radicaron una proposición inusual.
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“Solicitamos a la Plenaria del Senado de la República aprobar la conformación de una Comisión de tres (3) médicos especialistas delegados; uno por la Academia de Medicina, otro por la Federación Médica Colombiana y el tercero por el Tribunal de Ética Médica, para que rindan informes médicos y el cuadro sintomático certificado del Presidente Gustavo Petro Urrego a fin de que el Senado determine la existencia de una incapacidad física permanente”, se lee en el documento firmado por once congresistas de la oposición.
En el texto, los legisladores citan un artículo de La Silla Vacía, en el que se contabilizan 82 ausencias del presidente entre el 7 de agosto de 2022 y el 24 de julio de 2023. A estos se le suman las ausencias en los dos encuentros en Cartagena y en los eventos de cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, que tuvo lugar días después de que se cumpliera el primer año del gobierno Petro. Aunque no siempre hay justificación para estas ausencias, con frecuencia de habla de cambio o retraso en la agenda o de enfermedad. Por ejemplo, en abril, cuando no se presentó por tercera vez a su encuentro con el Consejo Nacional de Juventud, Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, afirmó que el presidente tenía un viaje internacional al día siguiente y que, adicionalmente, tenía gripa.
“Sus cada vez más frecuentes desapariciones del escenario público hacen plantear la hipótesis de que las condiciones de su salud no son las más óptimas y que a su vez estas no le están permitiendo el adecuado ejercicio de jefatura de Estado y Gobierno”, dicen los congresistas que radicaron la propuesta. Esta será votada en la plenaria del Senado para su aprobación, lo cual supone un reto más para el presidente, que perdió la presidencia de la corporación cuando el senador verde Iván Name quedó a la cabeza.
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El representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo calificó la propuesta de “ridícula”. “Lo primero es una ignorancia terrible por parte de los congresistas, pues el Senado no puede obligar al presidente a realizarse unos exámenes por faltar a una reunión con amigos de ellos”, afirmó. Agregó, entre otros asuntos, que en realidad lo que buscan el Centro Democrático y Cambio Radical con este tipo de acciones es “desacreditar al presidente Petro como sea y limitar su poder, para poder interferir en la elección del próximo o próxima fiscal del país, para que no haya manera que la fiscalía investigue varios procesos penales donde amigos de ellos y algunos de ellos podrían estar seriamente vinculados”.
Sin embargo, y más allá de la viabilidad que pueda tener la proposición radicada hoy por la oposición, desde hace más de dos semanas ya hay un proyecto de ley que tiene miras a hacer de este tipo de prácticas algo rutinario para los cargos de presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores. Su ponencia también fue radicada este martes.
El autor, el representante liberal Carlos Felipe Quintero contó, en diálogo con El Espectador, que la iniciativa ya se había radicado la legislatura pasada, pero que, por falta de tiempo para darle trámite, la retiró. La volvió a radicar el pasado 2 de agosto y asegura que “es un proyecto que no tiene nada que ver con lo del presidente. Coincidió, por supuesto, pero no es un tema en contra de él, es a favor de la gente”. Sus palabras se sustentan en el hecho de que la iniciativa entraría en vigencia en 2026.
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“Todos somos susceptibles de enfermarnos. Y si cae una enfermedad como la demencia senil o Alzheimer en un mandatario, eso hace que la ciudadanía corra peligro porque las decisiones de un gobernador, un alcalde y un presidente tienen consecuencias en toda la población a la que ellos representan. Entonces, hay un vacío legal hoy en el país al respecto”, explicó el congresista liberal.
Quintero recordó un viejo rumor político que no tiene cómo comprobar, el que dice que, por temas de salud, el presidente Virgilio Barco no gobernó. “Barco tenía un tema de Alzheimer y no gobernó, sino que gobernó Germán Montoya”. Así, el proyecto de ley estatutaria busca crear una nueva excepción legal a la reserva del tratamiento de datos sobre la historia clínica. Esto para garantizar que “los funcionarios públicos electos democráticamente [de la rama ejecutiva] para cargos unipersonales se encuentran en condiciones de salud aptas para cumplir con las funciones constitucionales”.
El proyecto de ley especifica que el dictamen médico integral anual para los altos cargos del Ejecutivo lo realicen las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez en el domicilio de cada funcionario en los 30 primeros días del año. El resultado solo se haría público si hay evidencia de enfermedades neurodegenerativas o cualquiera que comprometa la capacidad cognitiva para la toma de decisiones y el desarrollo de las funciones del cargo público. Si el presidente, vicepresidente, alcalde o gobernador no está de acuerdo con el resultado, puede impugnarlo ante la junta.
El representante opina, además, que la idea de sus compañeros del Centro Democrático y Cambio Radical “no va para ningún lado”. “En las proposiciones no hay una herramienta jurídica que obligue a un presidente de la República a hacerse un examen. Por eso se hace este proyecto de ley”, explicó Quintero, quien pone las manos sobre el fuego sobre la viabilidad constitucional de su iniciativa.
Cuando se le preguntó al ministro del Interior su opinión sobre estas propuestas que buscan que el presidente del país rinda cuentas sobre su salud, se remontó a los años de Petro como congresista. “Uno tendría que tener algo complejo en la cabeza para enfrentarse a las principales bandas criminales de este país, como lo ha hecho Gustavo Petro. Él, en el Congreso, le contó a Colombia qué era la parapolítica, expuso su vida. Viene enfrentándose a poderes económicos gigantescos, se ha enfrentado a la corrupción, eso no es estar loco. Eso es tener un profundo amor por el país. Es un presidente que está ejerciendo, que da línea y que da resultados”, afirmó el jefe de la cartera.
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Por Daniela Cristancho
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