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Con documentos en mano, la Procuraduría ya estableció que en los casos particulares de los magistrados de la Corte Suprema Yesid Ramírez e Iván Velásquez, el DAS les mintió de manera descarada al asegurarles que no estaban siendo indagados. El ex subdirector de inteligencia, capitán (r) Jorge Lagos, declaró que en noviembre de 2007 la directora del organismo, María del Pilar Hurtado, pidió investigar el homenaje que en Neiva se le rindió al magistrado Ramírez, al que asistieron varios de sus colegas que viajaron en un vuelo chárter que fue cancelado inicialmente por el polémico empresario Ascencio Reyes.
Para ello se elaboró la misión de trabajo 142 en la que se pidieron antecedentes, movimientos migratorios de Ramírez y Reyes y las matrículas inmobiliarias de las compañías del empresario. Y se solicitaron reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre los magistrados de la Corte que asistieron al homenaje. De estas pesquisas fueron notificados, a través de informes del 2 de julio de 2008, la directora general operativa del DAS, Luz Marina Rodríguez, y el coordinador del grupo anticorrupción, Freddy Fajardo. Se dispuso al detective César Tovar para que iniciara las indagaciones.
El capitán Lagos mencionó en su declaración un detalle que por ahora es clave en el expediente por el escándalo de las ‘chuzadas’. Dijo que el ex coordinador del Grupo de Inteligencia Política del DAS Fernando Ovalle —quien salió del organismo por haber ordenado seguimientos e información del senador Gustavo Petro— también le pidió que lo apoyara “con información disponible que tuviéramos sobre magistrados”. Respecto a Lagos, la justicia ha establecido que ingresó al DAS en 1994 y que ha sido investigado como presunto enlace en actuaciones ilegales del contraalmirante Gabriel Arango y por la pérdida de un equipo de grabación que le entregó a una fuente reservada.
Otro documento que llamó la atención de los investigadores es el acta de inspección de la Fiscalía sobre la oficina de Informática del DAS. Allí había información sobre las hojas de vida de todos los magistrados de la Sala Penal de la Corte, así como de los magistrados Jaime Arrubla y Francisco Ricaurte, los senadores Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, el abogado Ramiro Bejarano, el secretario de Palacio Bernardo Moreno, el candidato presidencial Rafael Pardo, el ex presidente César Gaviria y los periodistas Julio Sánchez, Félix de Bedout, Alejandro Santos, Daniel Coronell, Daniel Samper, Salud Hernández y el editor de investigaciones de este diario Norbey Quevedo.
En el expediente figura también la investigación que se inició en contra de los detectives Carlos Andrés Moreno y Edinson Arcila, señalados de negociar información reservada a cambio de dinero, y de filtrar detalles de la Operación Monseñor, adelantada por denuncias de corrupción en el Comando de Logística del Ejército, en la que estaba siendo investigado el general Jorge Ardila. Moreno fue declarado insubsistente, pero antes de irse le contó al ex subdirector José Miguel Narváez cómo desde la Dirección de Inteligencia del DAS se ordenaban asesinatos y se vendían expedientes a jefes ‘paras’.
A su vez, quedaron al descubierto polígrafos de los cuales se desprende que algunos detectives habían sido infiltrados por el narcotráfico, otros tuvieron relación con jefes de las Auc, como Rodrigo Mercado, alias Cadena, o con carteles de robo de gasolina. Sobre uno de los agentes encargados del manejo de los equipos móviles de interceptación, una de sus pruebas poligráficas determinó respuestas significativas de engaño. Otro agente dio a entender que fue el detective Leonardo Bermúdez el que filtró los documentos del DAS sobre Gustavo Petro, que obligaron a renunciar a Ovalle y a María del Pilar Hurtado.
Según él, Bermúdez tiene una relación con una secretaria de las juventudes comunistas y presume que por allí se filtró información de inteligencia. Pero la Procuraduría avanza en otros frentes. Por ejemplo, se hallaron reportes de inteligencia sobre la liberación de Clara Rojas y su hijo Emmanuel, o la problemática de las pirámides. En uno de esos archivos se analiza una visita del presidente Uribe a Nariño y se consigna como conclusión: “Se está trabajando políticamente a los afectados para movilizar un bloque que pueda contrarrestar la reelección del señor Presidente”.
Investigaciones disciplinarias
Casi 300 casos tiene la Procuraduría en curso por graves irregularidades de funcionarios del DAS. El Ministerio Público le sigue la pista al nombramiento de varios directores seccionales que se hicieron a partir del criterio de jefes paramilitares; la absurda muerte de 10 detectives del DAS en Hacarí (Norte de Santander); el acoso y la tortura psicológica a los que agentes de esta entidad sometieron a uno de los procesados por el atentado al Club El Nogal; la pérdida de un expediente del cartel de Cali, y hasta el ingreso sin orden judicial a un templo taoísta. En los 284 procesos abiertos hay además delitos como tráfico de influencias, detenciones arbitrarias, extorsiones, homicidios y allanamientos e interrogatorios intimidantes, entre otros.