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Indicios de presuntos casos de explotación sexual en niños y niñas indígenas emberas en el parque Nacional llevaron a la Secretaría de Integración Social y a la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a radicar el 13 de julio una denuncia penal ante la Fiscalía. Lo hicieron luego de recorrer los alrededores del río Arzobispo, a metros del asentamiento, donde hallaron ropa de niños o adolescentes, preservativos usados, restos de sustancias psicoactivas (como marihuana) y botellas vacías de alcohol, que recogió el personal del CTI para someterlos a valoración.
“Encontramos cuatro puntos alrededor de la infraestructura del Acueducto y otros, después de la avenida Circunvalar, por el mismo camino bordeando el río, donde hallamos un patrón con esos elementos. Esto nos obligó a presentar la denuncia”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Sin embargo, a principios de junio el concejal Julián Uscátegui comentó que el Distrito ya tenía indicios de violencia, explotación comercial y sexual de menores indígenas, así como de instrumentalización para el expendio de drogas.
Pero si fue así, ¿por qué apenas ahora se interpone la denuncia? Isabelita Mercado, consejera de Paz, explicó que las medidas que se tomaron antes apuntaron a reforzar la vigilancia con más policía, “pero el punto de quiebre fue el fin de semana del 27 al 30 de junio, cuando encontramos indicios de los posibles casos de explotación sexual, con lo que nos dimos cuenta de que la ruta planeada tenía fallas estructurales y no había presencia permanente en el parque, que era lo que buscaba esta operación”.
Hoy tienen claro que el riesgo para los menores de la comunidad indígena aumenta dependiendo de qué tanto se alejan del resguardo. Precisamente, los alrededores del río Arzobispo son uno de ellos, donde hay “tanto accidentes como hechos de inseguridad, pues son espacios transitados por externos y hay problemas de microtráfico o, incluso, de prostitución dentro del caño”, agregó el secretario de Integración.
Por ahora, explica la consejera de Paz, el Distrito entabló comunicación con tres líderes de la comunidad embera “para explicarles lo que estábamos encontrando y las razones de activar ese Puesto de Mando Unificado, para garantizar el bienestar de los niños. Ellos entendieron y estuvieron de acuerdo con los recorridos”, dijo Mercado.
Por su parte, Nelson Murri, uno de los líderes de la comunidad asentada en el parque Nacional y padre de dos niñas, recientemente víctimas de violencia sexual, le dijo a El Espectador que fueron ellos quienes solicitaron la intervención para que pudieran atender a los menores. “No sabía lo de la denuncia de explotación en otro lado. No había escuchado”, afirmó y reconoció que los niños en el asentamiento de parque Nacional van solos a bañarse al río y están por ahí hasta las 3:00 de la mañana. “Como autoridad les dije para que no se los roben o los violen, pero la comunidad no me para bolas. Antes me dicen que soy mentiroso. Me amenazan”.
Inseguros en sus resguardos
La situación con los niños, niñas y adolescentes indígenas asentados en Bogotá se hace más compleja, en especial si se tiene en cuenta que representan el 56 % de la población. A los indicios de presunta explotación se suma la violencia sexual que, según la Secretaría de Integración Social, se reportaron cuatro casos entre el 27 y 30 de junio: dos casos reportados por la misma comunidad de la UPI La Florida y dos del parque Nacional.
Uno de estos hechos les ocurrió a dos niñas, de 11 y 13 años, hijas de Murri, el líder que habló para este artículo. Él narró que el pasado 29 de junio, sobre las 11:00 de la noche, las menores estaban en el sector de Corabastos, en compañía de otras dos mujeres emberas, buscando alimentos, en la entrada número seis, cuando una de las adultas le pagó cerca de siete mil pesos a un motociclista para que acercara a las niñas a una estación de Transmilenio, de la avenida Américas.
“Pero se las llevó a otro lado. Me dijeron que las empezó a tocar y a amenazar con cuchillo. Ellas alcanzaron a defenderse y a escapar”, cuenta Murri. Ante el aviso, dice que salió a las 4:00 de la mañana a buscarlas en Corabastos y luego en la estación de Transmilenio, donde debían llegar. Pero no estaban. “Pensé que habían desaparecido y me fui a Medicina Legal. Ahí recibí una llamada de un policía diciéndome que estaban en el Hospital de Meissen”. Agregó que a las menores las ingresaron a las 10:00 a.m., con golpes en uno de los ojos y rasguños en sus cuerpos. “Les dieron una habitación a las 8:00 p.m. y al mediodía del domingo 30 de junio les dieron salida. Solo les dieron acetaminofén. Ni siquiera le dieron suero”, denunció.
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Respecto a como ha avanzado la investigación en la Fiscalía, indicó que solo tres días después del hecho pudo dirigirse hasta la URI de Paloquemao (pues no lo atendieron al ser puente festivo), para adjuntar el dictamen de Medicina Legal, donde las niñas de 11 y 13 años fueron valoradas. “La Fiscalía está preguntando y la niña ya reconoció la cara del hombre y señaló la motocicleta. Siguen asustadas y gritan en la noche”, aseguró Murri.
El caso La Florida
Ante este y los dos casos de la UPI La Florida (del que no se dieron mayores datos), el Distrito activó la ruta de atención integral para salvaguardar a las menores afectadas. Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá, y su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, aseguró que viene realizando el acompañamiento respectivo. Incluso, que en el caso de La Florida ya hay un detenido quien fue individualizado y judicializado. Por su parte, el ICBF solo se refirió al caso de las dos niñas emberas, de 11 y 14 años, víctimas de presunto abuso sexual en la UPI La Florida, designando un equipo profesional, que activó la ruta para la verificación de sus derechos, siendo igualmente ubicadas en la modalidad hogar sustituto.
Aunque hasta ahora no hay hipótesis sobre quién o quiénes estarían detrás de los presuntos casos de explotación sexual a menores y las indagaciones están en manos de un fiscal, el Distrito indicó que continuará con la estrategia móvil, que consta de ocho recorridos diarios, para evitar que se dé cualquier tipo de vulneración. Además, seguirán interviniendo, con el fin de avanzar en la protección de los menores.
Esto, según la Unidad de Víctimas, mientras se da en agosto el proceso de retorno del 83 % de las familias indígenas emberas, que expresaron su intención de querer regresar a sus territorios. Frente al 17 % que quiere quedarse y que, según el Distrito, dice que tiene una ruta para atenderlos, pero no saben dónde los van a asentar.
La estrategia móvil para responder 24/7 a los indígenas emberas
Desde el 11 de julio se inició un PMU en el parque Nacional para responder de manera inmediata a las necesidades de la comunidad embera, permitiendo activar de una manera más eficiente las rutas de protección frente a posibles vulneraciones o riesgos que afecten los derechos de los menores. Esto con la participación de varias entidades distritales como las secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad, Integración Social, General y Jurídica, así como la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia.
Desde el 11 de julio, fecha de inicio de esta estrategia, hasta la fecha de esta publicación, el Distrito ha realizado 38 recorridos e identificado 52 situaciones de riesgo en el Parque Nacional, de las cuales, este diario conoció que el 60 % tuvieron algún tipo de abordaje en términos de orientación, instrucciones a los niños y activación de rutas institucionales; el 47 % tuvieron instrucciones específicas de buscar a un adulto para decirles que los niños no pueden estar solos, que los deben acompañar al cruzar lo calle o ir a recogerlos al río; el 8 % tuvieron un acompañamiento psicosocial específico; y el 2% algún tipo de activación pedagógica o lúdica.
Asimismo, en dos casos, la entidad distrital activó el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos y en tres casos remitieron a servicios institucionales: uno a un Centro de Servicios de Salud, otro a un Centro Amar de Integración Social y otro a una estación de Policía. “Los riesgos que pueden estar afectando los niños o las niñas que están asentados en el Parque Nacional, van desde los menos riesgosos como menores que están solos y pueden sufrir accidentes de tránsito, hasta personas externas de la comunidad que sospechamos caminan para venta de estupefacientes”, detalló la consejera, Isabelita Mercado.
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Por María Angélica García Puerto
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