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En una pequeña sala del noveno piso del Palacio de Justicia de Bogotá, se encontraron las más altas autoridades judiciales para tratar de resolver un conflicto entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la jurisdicción de Justicia y Paz, gracias al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. El ahora gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, fue el primer —y hasta ahora único— comandante paramilitar que acogió la JEP bajo la figura de “bisagra”, que en otras palabras es un punto de conexión entre los grupos paramilitares con la fuerza pública y otros agentes del Estado. Ahora, esa figura que no se había usado antes en el país tiene a la Corte Constitucional ad portas de tomar una decisión que cambiaría el destino de ambas jurisdicciones.
El año pasado, la misma Corte Constitucional resolvió un conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, precisamente, porque ambas buscaban quedarse con todos los casos por los que se investigaba al exjefe paramilitar. Esa partida la ganó Justicia y Paz, pero se mantiene aún vigente la figura de “bisagra” que jugó la JEP en ese caso. Ahora, es gracias a un grupo de veteranos de la fuerza pública, que el alto tribunal podría tumbar esa carta. Pero, para resolver un problema tan mayúsculo, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió escuchar distintas voces del más alto nivel jurídico para tomar una decisión que, además de ponerle punto final al conflicto entre jurisdicciones, podría sacar a Salvatore Mancuso de la JEP.
La “bisagra”, en palabras de la JEP, fueron los paramilitares “funcional y materialmente incorporados a la fuerza pública”. Es decir, que tendieron los puentes para alianzas criminales con “militares y otros agentes del Estado, empresarios y políticos para construir el engranaje de una estructura macrocriminal”. Sin embargo, para los militares que presentaron la tutela que resuelve la Corte Constitucional, la JEP comete un grave error al querer juzgar a los paras. Pero su intención de que se caiga esa figura va más allá de lo estrictamente jurídico, es un problema de honor. “Nos están involucrando a los hombres y mujeres que entregamos la vida al servicio de la patria con un terrorista”, dijo públicamente el coronel en retiro Julio Prieto.
Para los veteranos que adelantan la acción en la Corte, “son máximo 5.000 hombres los que están vinculados hoy en día a la JEP, no equivalen al 1% del total de los efectivos y a todos nos están equiparando con un terrorista de la calaña de Mancuso”. Aun así, el problema va más allá y dejó el camino servido para que Justicia y Paz reclame lo que, consideran, es suyo. La presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia, dijo que aplicar la figura de “bisagra” en los jefes paramilitares es un error. “La Jurisdicción de Justicia y Paz no encuentra acertada la interpretación que la JEP ha realizado para adjudicar estatus de agente de Estado, a quien integró estructuras paramilitares, y bajo tal condición criminal sostuvo alianzas con integrantes de las fuerzas”.
La magistrada Valencia sacó a relucir sus más de 10 años de experiencia en esa jurisdicción especial y señaló que “si a estas terribles alianzas desean llamarlas bisagra, estará en su fuero como sistema de justicia hacerlo, pero no para modificar el contexto de violencia del país”. Además, resaltó que Justicia y Paz tienen “serias inquietudes” por la figura con la que la JEP cataloga “como agente del Estado, a un integrante del paramilitarismo”. Insiste, en que “si esto fuese así, y si el paramilitarismo del país operó bajo la consigna de la lucha antisubversiva, no faltaría quien llegue a pensar que, en consecuencia, las víctimas del paramilitarismo tuvieron una condición guerrillera, cuando lo cierto es que casi la totalidad de las víctimas de dicha estructura fueron inermes integrantes de la población civil”.
En el cara a cara, Justicia y Paz recibió un espaldarazo de talla mayor. La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Myriam Ávila Roldán, intervino en la audiencia y dejó claro que, ante los ojos de su Corte, la JEP se apartó de la Constitución. “No solo se aparta de lo dispuesto por el Constituyente y el legislador estatutario, sino que es innecesaria debido a la existencia de otros mecanismos adecuados en el marco de la Jurisdicción Ordinaria”, expuso la magistrada. Agregó que la JEP actuó “dejando de lado la existencia de esos otros procedimientos judiciales cuya validez y justificación, de cara a los derechos de las víctimas, ha sido refrendada tanto por la jurisprudencia constitucional y la de la Corte Suprema de Justicia, así como por la práctica”.
La magistrada Ávila concluyó diciendo que “acoger la nueva tesis implicaría desconocer los esfuerzos institucionales adelantados por cerca de 20 años, además de afectar la confianza en el Sistema de Justicia y Paz y las expectativas de las víctimas”. Aun así, la JEP, representada por el magistrado Rodolfo Arango, se mantuvo en que acoger a paramilitares como “bisagras” abre una nueva ventana a la verdad para las víctimas y que, además, con esta figura se le pueden adjudicar mayores responsabilidades a distintos actores del conflicto. También, en su contraataque sostuvo que Justicia y Paz está limitada y que no es competente para investigar y juzgar a agentes de la fuerza pública y tienen que compulsar copias a la justicia ordinaria, donde, según él, queda un gran vacío.
Por ahora, todo queda en manos de la Corte Constitucional, que estudiará la ponencia que presente la magistrada Natalia Ángel, una vez que estudie a fondo los argumentos presentados en el cara a cara entre la JEP y Justicia y Paz. La decisión que liderará y que dependerá de la Sala Plena, trazará el curso que de ahora en adelante tomen los casos en los que jefes paramilitares que hayan pasado por Justicia y Paz busquen llegar a la JEP a cambio de beneficios por entregar una verdad que, en teoría, debieron ya haberle dicho a otra jurisdicción.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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