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Leo con asombro las billonadas que cuestan las carreteras de nuestro país.
Con cifras que no me caben en la cabeza, Colombia pretende colocarse a la vanguardia del desarrollo vial en Suramérica luego de décadas de simples atisbos que nos dejaron rezagados. Advierto además que en ciudades, municipios y hasta pueblos se construyen pares y anillos viales, avenidas multicarriles y se pavimentan, repavimentan y parchean miles y miles de kilómetros para el uso vehicular.
Todo lo anterior estaría bien si no fuera porque paralelamente hemos descuidado los espacios por los que transitan millones de compatriotas todos los días, es decir, los andenes. Pocas ciudades, por no decir ninguna, han realizado un plan serio y permanente de andenización y todo se ha circunscrito a obritas puntuales carentes de planes maestros o algo que al menos se les parezca.
Y es que caminar por los andenes de Colombia es una odisea, cuando no un riesgo incluso mortal. O están rotos o levantados o desbaratados o simplemente no existen. En cambio, muchísimas de las vías aledañas lucen lo más bien y a ellas se les hacen —repito— millonarias inversiones.
Los andenes son víctimas, además, de toda suerte de andanadas por parte de las empresas de energía y de gas domiciliario, los operadores de celulares, los de la televisión satelital, etc., etc., quienes los perforan para hacer esta u otra reparación o acometida y los dejan, cuando no hechos unas trampas, con unos resanes superficiales que se agrietan al primer aguacero.
¿Quién controla esto? Unos supuestos interventores de bolsillo que permiten semejantes atropellos y de quienes se burlan los contratistas en un vulgar amacice.
Debería existir una ley de andenes para que se atendieran por igual las vías por donde ruedan los vehículos y los espacios por los que circulan los peatones. Y mientras tanto, que las juntas de acción comunal y las veedurías ciudadanas denuncien a los acabaandenes y exijan un trato igualitario para estos lugares que son verdaderas vergüenzas del mal llamado progreso urbano.