El expediente contra el DAS

Por lo pronto, el Ministerio Público ha detectado múltiples irregularidades en los controles internos del estamento. Por ejemplo, no existe vigilancia alguna para la entrada y salida de los equipos portátiles de monitoreo y eso explica, en parte, por qué se han denunciado posibles actos de mal manejo de éstos. Además, en lo que concierne a los jefes de inteligencia y contrainteligencia se le atribuyen omisiones en el control de sus funciones.

La Procuraduría cree que en la sala de poligrafía del Grupo de Estudios de la Subdirección de Contrainteligencia se inaplicó el manual de procedimientos y que en el Grupo de Estudios Especiales, también adscrito a la Subdirección de Contrainteligencia, se han presentado irregularidades en la actividad investigativa que deben explicar suficientemente varios detectives y funcionarios de esta dependencia.

Según conoció El Espectador, al parecer sin suficiente respaldo jurídico y procedimental, que podría ser constitutivo de una violación a la intimidad, se han relacionado consultas al sistema SIF-DAS contra los magistrados César Julio Valencia, Alfredo Gómez Quintero, Javier Zapata y Sigifredo Espinosa. Esta evidencia es imputable al ex director de Inteligencia, Fernando Alonso Tabárez Molina, al parecer, responsable de estas falencias.

Asimismo, la justicia evalúa por qué a mediados de 2007 existen posibles interceptaciones ilegales a los congresistas Gustavo Petro y Wilson Borja, en un acto que puede ser atribuible a Jorge Alberto Lagos León en su condición de subdirector de contrainteligencia. Por ese motivo se está escuchando en versión libre a los disciplinados y se están adelantando las inspecciones judiciales del caso para tomar decisiones en materia disciplinaria.

El Espectador tuvo acceso a las pesquisas que adelanta la Procuraduría y constató que según el Ministerio Público, por ahora existe “base probatoria indicativa” de que algunos servidores de la Presidencia de la República instruyeron a funcionarios del DAS para desplegar acciones no judicializadas de seguimiento a algunas personalidades públicas, vulnerando con tal proceder sus derechos constitucionales fundamentales.

La Procuraduría cree que posee principios de prueba sobre el compromiso que puedan tener en la misma conducta algunos ex directivos del DAS, así como de  los responsables de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF). Por eso hoy indaga la conducta de Bernardo Moreno Villegas, César Mauricio Velásquez, Jorge Mario Eastman, Jorge Noguera, José Miguel Narváez, Andrés Peñate y Mario Aranguren.

De manera paralela, esa semana la Fiscalía General de la Nación llamó a rendir indagatoria a cuatro directivos del DAS y a 30 funcionarios de la misma institución con el propósito de definir si en el principal organismo de seguridad del Estado hubo concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, uso indebido de equipos de inteligencia, destrucción de documentos, fraude procesal, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

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