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"Independientemente de las simpatías y antipatías que se puedan tener, lo importante es el reconocimiento de que es un hecho político y los hechos políticos merecen ser tratados como tales", declaró García, vicepresidente venezolano en una entrevista con la Agencia Efe en Brasilia.
García Linera admitió que la solución al conflicto colombiano pasa por "decisiones internas", aunque consideró que "la comunidad internacional puede jugar un papel catalizador y generar buenos espacios" para un diálogo en búsqueda de la paz.
Según el vicepresidente, Bolivia "mantiene la propuesta" de que la salida está en la "conversión" de las Farcen "una fuerza política legal".
Sin embargo, apuntó que "no es fácil", pues en la historia de América Latina existen "experiencias positivas y negativas" en relación al desarme de grupos guerrilleros.
Entre esas experiencias "exitosas" citó el caso de El Salvador, pero entre las que calificó como "contra-ejemplos" mencionó a la propia Colombia y al proceso de desarme que hubo en ese país en la década de los años 80.
Recordó que entonces "varios grupos guerrilleros intentaron pasar al ámbito legal y líderes políticos fueron objeto de persecución y muerte a manos de aparatos paramilitares".
García Linera dijo que Bolivia "no entra en el debate de la calificación" de las Farc, para las que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha pedido reconocimiento como "movimiento político".
Sin embargo, opinó que "la conversión en fuerza política legal requiere el reconocimiento de fuerza política beligerante y un proceso de transición que debería llevar a una serie de acuerdos, con cuidados para que esa transición sea exitosa y no fallida como en los años 80".
Dijo que Bolivia "está dispuesta a contribuir en forma humilde" con el resto de la comunidad internacional, aunque insistió en que "todo debe partir de una decisión y un acuerdo entre los propios actores políticos del Estado colombiano".
Consideró, no obstante, que "la razón manda" y que "la salida militar no es una salida". En su opinión, las "décadas de coexistencia demuestran que la guerrilla no tiene la fuerza militar y política para ocupar el Estado, y las fuerzas legales e institucionales del Estado no tienen la capacidad para imponer su monopolio".
Según García Linera, "frente a ese estancamiento y distribución ‘territorializada’ de facto del poder, tiene que haber un acuerdo político".