Los contratos del fiscal

El fiscal echó mano de una figura que se ha vuelto común en las entidades públicas, la contratación por prestación de servicios, modalidad que está contemplada en la Ley 80 de 1993, pero que con frecuencia deriva en la creación de nóminas paralelas para obviar restricciones en la contratación de empleados de planta, o es usada para pagar favores políticos o por relaciones de amistad. No puedo afirmar que este último sea el caso de los contratos adjudicados por el fiscal, pero me parece que no tienen buena presentación.

Y no tienen buena cara por varias razones. Primero, porque la mayoría tiene el mismo objeto: asesoría en asuntos de justicia penal internacional, justicia transicional y Marco Jurídico para la Paz, temas sobre los cuales hay literatura e información de sobra. Segundo, porque un medio —la revista Semana— y algunos de los asesores contratados se desempeñan como analistas en varios medios de comunicación, lo cual puede comprometer su independencia frente a las actuaciones de la Fiscalía. Tercero, porque los contratos relacionados con priorización y macrocriminalidad son redundantes con las funciones de la Unidad de Análisis y Contexto, integrada —según la propia Fiscalía— por profesionales, investigadores y analistas especializados. Cuarto, porque las intervenciones públicas del fiscal sobre el proceso de paz y la justicia transicional evidencian que no necesita asesores en esas materias, y porque el papel de la Fiscalía no es tirar línea sobre el proceso de paz —función del Ejecutivo—, sino aplicar las leyes que se deriven de un eventual acuerdo con las Farc, leyes que deberá tramitar y aprobar el Congreso. Y quinto, porque si el fiscal Montealegre, de reconocida y sólida formación jurídica, es el cerebro del revolcón en la Fiscalía, corresponde a él defender y explicar la reestructuración y no a una firma de abogados.

Por estas razones me pregunto si los contratos eran absolutamente necesarios y si todos y cada uno de ellos se ajustaron a los requisitos establecidos por la ley. Es decir, si fueron adjudicados porque no había personal de planta con capacidad para desarrollar las actividades objeto de los contratos, o su desarrollo requería de conocimientos especializados, o aun habiendo funcionarios capacitados, éstos no eran suficientes; y si fueron adjudicados a dedo y no por licitación porque sus montos eran menores en relación con el presupuesto anual de la Fiscalía y porque el objeto de los contratos sólo podía encargarse a determinadas personas —naturales o jurídicas—.

Preguntas, tan sólo preguntas… ¿Qué dice el señor fiscal?