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Veinte años después del lanzamiento de la canción “Mi primer millón”, en Colombia por fin se cumpliría lo que muchos han cantado en su coro: ganar un salario de siete dígitos. Esta posibilidad se hace cercana, pues la propuesta que llevarán las centrales obreras a la mesa de concertación será de dos cifras (el salario mínimo necesita un alza del 10,1 % para alcanzar el millón), y hay quienes creen que el actual panorama del país sí da para un incremento “sustancial”.
Se supone que este viernes se iniciarían las negociaciones, pues ese fue el anuncio que dio días atrás el ministro de Trabajo, Ángel Custodio. No obstante, a principio de semana, las centrales obreras aseguraban que ni siquiera habían sido convocadas, dato que fue confirmado el miércoles, cuando el jefe de la cartera comunicó que el comienzo de la negociación se aplazó para la próxima semana. La fijación de la nueva fecha parece una decisión prudente, pues las asociaciones de empresarios que fueron consultadas por este medio (ACOPI y ANDI) dijeron que aún no tenían las cuentas claras para revelar cuáles serán las cartas que pondrán sobre la mesa.
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Pero más allá del punto de partida, un aspecto a tener en cuenta es que estas serían unas negociaciones atípicas, o por lo menos eso es lo que anticipan algunos expertos y parte de quienes tendrán un lugar en la puja. En entrevista con El Espectador, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, aseguró que percibe un panorama más complejo que el de años anteriores, pues aspectos como el incremento en el índice de Precios al Consumidor (IPC), el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el desempleo (temas que serán analizados más adelante), lo llevan a concluir que la situación en el país es preocupante y que una de las salidas es que los empresarios “se metan la mano al dril”.
Maltés refuerza su respuesta al emplear el argumento que han utilizado por más de 30 años, y es que un incremento sustancial en el salario mínimo no se traduce en desempleo, pues los empresarios aseguran que a mayor salario menor capacidad de contratación. En contraste, dice que obtener más ingresos se traduce en mayor capacidad adquisitiva y, por consiguiente, una “real reactivación” de la economía tras el coletazo económico del COVID-19.
El ministro Custodio también coincide en que para este año es justo que se analicen indicadores adicionales a los que tradicionalmente se acuden (como lo es el dato del IPC y la productividad). Para esto, asegura que la mesa experimentará un ligero cambio, y es que se abrirá la posibilidad a que empresarios y trabajadores propongan qué otras voces externas (más allá del Banco de la República, el DANE y el DNP) deben aportar con sus cifras y comentarios en la mesa. “Nos gustaría escuchar a centros de pensamiento”, añade.
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Según lo dicho por el jefe de cartera, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa el país, el ambiente es propicio para llegar a una concertación. “Noto un ambiente muy positivo para llegar a un acuerdo, algo que hace muchos años no se logra”, detalló.
De igual forma, Theodore Khan, analista de Control Risk, cree que en estas negociaciones no solo influirá el panorama económico, sino también el político y social. “Estamos frente a un proceso electoral en donde el Gobierno busca contrarrestar la fuerza de la izquierda, por lo cual quiere mostrar logros concretos que tienen un impacto positivo en el día a día de los colombianos”, comenta y agrega que las movilizaciones enmarcadas en el paro nacional añadirán un ingrediente de presión para que se logre un aumento sustancial.
En cuanto a las cartas que jugarán cada una de las partes, Khan considera que las centrales obreras pelearán el incremento argumentando los incrementos que ha tenido el costo de vida, mientras que los empresarios emplearán el ya conocido discurso de que aumentar demasiado el salario mínimo desincentiva la contratación de más personas, y más con el encarecimiento de los insumos por la crisis de los contenedores.
Esa delicada balanza entre garantizar, lo mejor posible, el ingreso mínimo que debe recibir un empleado en el país y, a la vez, proteger la salud financiera del tejido empresarial colombiano es la discusión —para algunos novela— que está próxima a empezar.
Indicadores claves para la negociación
Para entender estas negociaciones hay que tener en cuenta su dinámica, y es que el debate no solo se basa en lo que para cada quién es lo mejor, sino en las cifras que muestran el panorama de la realidad del país y los ajustes que se deben hacer para garantizar, en la medida de lo posible, el bienestar de los trabajadores, aunque eso también implique cuidar la salud de las empresas.
El IPC es uno de los datos más mentado, pues es el que muestra qué tanto han variado los precios de los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares. En la teoría, si este indicador aumenta, el salario también, pues de lo contrario las familias terminarán adquiriendo menos con el mismo ingreso.
Según el DANE, en octubre el IPC registró una variación mensual de 0,1 puntos porcentuales, lo que aportó a que en lo corrido del año su incremento haya sido del 4,34 % y que, por otro lado, su variación anual sea del 4,58 %. Según la Encuesta Mensual de Expectativas que maneja el Banco de la República, se prevé que la inflación cierre 2021 rondando el 5 %.
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Entender esto es clave, pues en unos días se comenzará a hablar del “incremento real del salario mínimo”, que no es más que el excedente del aumento después de restarle la inflación; es decir, si el año cierra esta con un 5 % y en la mesa se logra un aumento salarial del 10 %, pues el incremento real habrá sido del 5 %.
La productividad también es otro indicador fundamental en las negociaciones, pues determina si los trabajadores produjeron más o menos bienes y servicios en un lapso determinado. Por lo general, esta ha tendido a variar ligeramente o ubicarse en terreno negativo. En 2020, por ejemplo, fue del -0,6 %, mientras que en 2019 fue del – 0,39 %. Las asociaciones de empresarios suelen apelar a este indicador para argumentar que el alza del salario mínimo no debería ser tan alta. Pero esta variable puede presentar un comportamiento atipico en un año de reactivación, luego de uno sumergido en coma económico.
Finalmente, el PIB es otro de los pilares en la concertación, pues el crecimiento de la economía del país dependerá en gran parte de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Al respecto, Colombia se recupera del duro coletazo del COVID-19, el cual la llevó a que en el tercer trimestre el año pasado cayera 8,4 puntos porcentuales. En 2021, su comportamiento registró un incremento del 17,6 % durante el segundo trimestre, y del 13,2 % en el tercero. La premisa es que aumentar el salario ayudaría a que la reactivación económica despegue en el país, pues impulsaría el consumo que, sabemos, es uno de los mayores motores de la reactivación.
Los otros indicadores
Como lo mencionan los expertos, este año se darán unas conversaciones atípicas, pues el actual panorama implica que se tengan en cuenta elementos adicionales. Uno de estos es el desempleo, que en septiembre se ubicó en el 12,1 %, lo que se traduce en 1,9 puntos porcentuales más a la tasa registrada para el mismo mes de 2019. En suma, al país le falta recuperar unos 400.000 empleos. Alrededor de esto, el gobierno de Iván Duque podría anunciar incentivos o prorrogar otros, como el PAEF.
El impacto de la pandemia en el transporte público (por el desempleo, el trabajo y estudio en casa) también generó déficits en los principales componentes del país, como Transmilenio (por el que el Distrito tuvo que pedir una adición presupuestal de más de $1 billón para tapar el hueco). Hay quienes prevén que esto influenciará alzas tarifarias en 2022, por lo que se haría necesario un nuevo incremento al subsidio de transporte, que es de $106.454.
Por otra parte están las nuevas realidades que trajo consigo la pandemia, como el trabajo en casa. Hay empresas que mantuvieron el subsidio de transporte para que los trabajadores compensen el incremento en servicios públicos que han tenido sus actividades en el hogar. Sin embargo, el presidente de la CUT manifestó que llevará este tema a la mesa para que sea evaluado (aunque entiende que es un componente más subsidiario), buscando mejores condiciones.
Finalmente, está la puja que hacen los sectores sindicales alternos, como la CTU – Usctrab, para hacerse a un lugar en la mesa de negociaciones. Su directivo, Pedro Rubio, asegura que esto debería ser una realidad al tener en cuenta el censo sindical, que demuestra la cantidad de federaciones a las que agrupan, las cuales, asegura, superan a las de las tradicionales CTC y CGT. Por lo pronto, no descarta que el permiso para sentarse en la mesa les sea concedido este año.
La esperanza está en que este año se logre una negociación orientada a consolidar la recuperación económica del país y no en intereses personales. La novela de todos los años para definir el incremento salarial apenas comienza.
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