¡El país de los abogados!

La contralora general se escapa por miedo a la acción de la justicia y, así, aumenta la lista de otros tres altos funcionarios del gobierno anterior que se fugaron, como ella, alegando falta de garantías. El fiscal general acusa a la contralora de celebrar un contrato sin cumplir los requisitos legales, de cometer peculado por apropiación y de acelerar el aparato judicial en el proceso en su contra. La contralora acusa al fiscal general de no investigar adecuadamente y con la celeridad del caso a la entidad de la que era asesor. Periodistas prestigiosos acusan a la contralora de tenerles intervenidos sus teléfonos de manera ilegal y de abusar de su poder. El procurador destituye e inhabilita con cualquier pretexto a alcaldes y congresistas que no comulgan con sus ideas, y le hace el juego al candidato presidencial de sus preferencias para que no presente ante las autoridades competentes las pruebas del cuento que parece haberse inventado, sobre que en la primera campaña del presidente Santos ingresaron dos millones de dólares del narcotráfico. La oposición acusa al fiscal de impartir una justicia santista. Los antiuribistas acusan al procurador de impartir otra justicia uribista. El fiscal libra batallas mediáticas contra el procurador, la contralora y el ministro de Justicia anterior, y le exige al presidente que no lo ratifique en su cargo porque le cae gordo, porque él con ese ministro no trabaja, porque ajá, y el presidente le obedece. El presidente se enfrenta a un expresidente para que el nuevo contralor general sea el que le gusta a él y no otro. La presidenta de la Corte se va de crucero con aspirantes a ocupar vacantes de su corporación. Magistrados de las distintas cortes aparecen involucrados en corruptelas de toda clase. Funcionarios judiciales les asignan a jueces integrantes de un cartel (el de Paloquemao), procesos para que fallen según el acuerdo pagado al que hubieran llegado con sus “clientes”. El procurador general impulsa su reelección a punta de clientelismo, no obstante que se considera “el guardián moral” de la nación, y acusa a ministros del gobierno anterior de haber hecho lo mismo para lograr la reelección de Álvaro Uribe, etc., etc., etc.

Y… mientras tanto, los presos, hacinados en las cárceles, protagonizan disturbios sangrientos; los guardianes se corrompen; los pleitos duran años y años; muchos inocentes se pudren en los calabozos; y otros tantos culpables se pasean como Pedro por su casa…

¿Y quiénes han hecho todo eso y fabricado ese andamiaje? ¡Los abogados!

¿No será hora de que una comisión de gerentes de muy alto nivel sea la que diseñe un nuevo sistema de justicia y de organismos de control que funcionen eficaz e idóneamente, todo lo cual tiene que comenzar, necesariamente, porque se establezca un mecanismo de selección de personal que garantice que los procesos judiciales y de fiscalización estén en manos de profesionales honestos y capaces? ¿No será hora, por ejemplo, de que las funciones de contraloría las ejerzan empresas de auditoría especializadas? ¿Qué hace un jurista de contralor, por Dios? ¿Por qué no se nombra a un contador?

Creo que llegó la hora de cambiar de chip y de poner a los gerentes a que manejen la justicia. Es que, como me decía un famoso jurista, “dos abogados juntos se tiran el país…”.