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Diez ambulancias que fueron adquiridas para enfrentar la emergencia generada por el Covid-19 en Putumayo, tienen en vilo a Buanerges Florencio Rosero Peña. El gobernador del departamento para el periodo 2020-2023, fue uno de los mandatarios que quedó bajo la lupa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría cuando decidieron asomarse a los contratos de las regiones por cuenta de la pandemia. Rosero no salió bien librado. Irá a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, según el escrito de acusación que conoció El Espectador.
Rosero fue apartado de su cargo y se encuentra bajo detención domiciliaria, pero los cuestionamientos a su actuar durante la pandemia comenzaron antes de que entrara en la mira de los entes de control. Inicialmente, declaró la calamidad pública en Putumayo cuatro días antes de que el presidente Iván Duque la decretara en el país. Sin embargo, el detonante principal para que hoy esté ante a los estrados judiciales fue el contrato que suscribió en abril de 2020, a través de su secretario de salud, Jorge Alberto Molina y la empresa Carrocerías Innova S.A.S, cuyo representante legal es Rubén Darío Suárez. El convenio tenía la finalidad de adquirir para la región 10 vehículos que suplirían las necesidades generadas por la pandemia.
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El valor inicial del contrato fue de $3.460 millones. No obstante, la Fiscalía en su investigación halló inconsistencias que los llevó a deducir que hubo un detrimento superior a los $1.000 millones. Y ahí empiezan las tres presuntas irregularidades que se le endilgan al suspendido gobernador. La primera es que, según el ente investigador, la Gobernación de Putumayo tuvo interés en que el único proponente para el millonario negocio fuera Carrocerías Innova S.A.S. En segundo lugar, hay evidencias de los posibles sobrecostos en el valor total de las ambulancias. Y, por último, que, desde el ente departamental, al parecer, se giró el dinero de los anticipos a una cuenta bancaría que no cumplía con los requisitos legales.
Por todo lo anterior, en el escrito de acusación de 41 páginas conocido por El Espectador se le cuestionó que en su condición de Gobernador no hubiese velado por la planeación, la responsabilidad y la economía del convenio que se celebró bajo su administración. El proceso de contratación empezó el 31 de marzo del año pasado, momento en el que Carrocerías Innova S.A.S. presentó una propuesta para adquirir ambulancias. El mismo día, la Gobernación hizo un estudio técnico, económico y legal, pero lo que llamó la atención de la Fiscalía fue que la cotización con base en la cual se hizo el negocio, no fue la única. La misma empresa entregó una cotización por un valor distinto el 27 de marzo. La acusación no especificó si fue una suma mayor o menor a la que se terminó pagando.
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Sumado a ello, los investigadores encontraron que en el despacho del entonces gobernador reposaba una segunda propuesta firmada por Industrias Axial. La Fiscalía ahora cuestiona por qué Rosero decidió no formalizar el pedido de cotización con la segunda empresa para conocer de los servicios y los precios que le podía ofrecer. Pero la firma entre la Gobernación y Carrocerías Innova S.A.S. finalmente llegó. Se oficializó el 1 de abril de 2020 y se acordó que las 10 ambulancias medicalizadas con IVA incluido tendrían un valor de un poco más de $3.460 millones. Si bien el costo de los automotores estaba definido previo a la firma, un estudio realizado con anterioridad al contrato dejó prever posibles sobrecostos.
Al parecer, Rosero permitió que la Gobernación pagara $1.064 millones de más por los vehículos. Lo anterior porque cada vehículo tenía un costo individual de $239 millones y no de $346 millones. Aunque esto fue advertido, el proceso contractual continuó y para el 29 de abril Rosero y su equipo hicieron el primer anticipo. Fue del 50% del valor total del contrato, es decir, un poco más de $1.730 millones de pesos. La entidad consignó ese dinero en una cuenta corriente que era propiedad del contratista. Si bien era el valor acordado, la ley establece que en los contratos de obra, concesión, salud o licitación pública el contratista debe constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba los dineros a título de anticipo.
Aunque el contrato tenía un poco más de un mes de plazo para cumplirse, durante los primeros días de mayo, la Gobernación lo modificó por un incumplimiento del contratista, que no había entregado los automotores. Carrocerías Innova S.A.S adujo que el proceso de importación se vio afectado por cuenta de la pandemia. Lo que llamó la atención de la Fiscalía es que la empresa no contaba con las existencias de los productos que se comprometió a suministrar. Esta situación quedó registrada en las facturas y la contabilidad de la empresa. En materia de modificaciones al convenio esa no fue la única, se registró una más que cambió el monto del contrato. El valor se ajustó a $3.261 millones, debido a que el Gobierno declaró la exención del IVA sobre los bienes que sirven para combatir la pandemia.
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Si bien la modificación en el valor no afectaba de manera directa al contratista, Carrocería Innova S.A.S tuvo que usar el anticipo para la compra de vehículos, equipos y materiales que conforman las ambulancias medicalizadas. Así, la Fiscalía corroboró su hipótesis de que el contratista no contaba con los elementos para adelantar el negocio. Lo que reprocha el ente investigador es que, desde la Gobernación, no se adelantaron acciones ni hicieron llamados por los constantes incumplimientos pues los automotores debían ser entregados el 13 de mayo, pero para el 20 de junio esto no había ocurrido debido a que, por solicitud de la Procuraduría, Rosero Peña suspendió el contrato de la compraventa.
Finalmente, con todos los tropiezos, las ambulancias fueron entregadas el 3 de agosto de 2020. Llegó la liquidación del convenio y con ello más ajustes. El 14 de agosto, el contrato se dio por terminado por un valor de $2.876 millones y no por $3.261 como se había acordado la última vez. En esta ocasión, el descuento de un poco más de $385 millones obedeció al estudio de la Contraloría sobre el contrato, que, a su juicio, generaba un detrimento patrimonial en favor del contratista. Pero a juicio de la Fiscalía, las irregularidades monetarias alcanzaron más de $1.000 millones, por el sobrecosto final de las ambulancias. Además, para cuando se suscribió el contrato, el Putumayo contaba con 48 ambulancias medicalizadas y 43 básicas y no había todavía un solo caso de coronavirus. Las explicaciones las tendrá que dar Rosero a la justicia.
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