El buen recaudo de la Ley de Espectáculos

El estudio revela que en los últimos dos años se recuperaron $1.400 millones en evasión de impuestos, dinero que antes no pagaban los empresarios o se declaraba por un valor menor al que se debía pagar.

Asimismo, el informe, encargado por el Ministerio de Cultura y realizado por la empresa Econometría, concluye que “los espectáculos públicos de las artes escénicas solamente están declarando y pagando un 24% sobre el total de impuestos que hubieran tenido que pagar si la ley no hubiera sido reglamentada”. Es decir, hubo una disminución en la carga tributaria que debían pagar los empresarios, que era el objetivo para estimular la industria.

“El balance es muy positivo. Tener $30.000 millones nuevos para el sector de la cultura es una fuente de recursos importante para infraestructura cultural. Haberles quitado a los servicios conexos el 16% de IVA es suficiente aliciente para que el mundo de las artes representativas se dinamice, y haberle bajado la carga tributaria de 33% al 8% en la retefuente para los honorarios de los artistas internacionales es una ventaja no solamente para el público sino para Colombia, que está entrando al circuito de los países internacionales para eventos”, dice la ministra de Cultura, Mariana Garcés.

El objetivo de la creación de la norma, sancionada el 26 de diciembre de 2011, era “estimular, formalizar y democratizar y hacer competitivos el sector de las artes escénicas en Colombia”. Desde la entrada en vigencia, y en comparación con las cifras que el DANE reportó en 2008, cuando 4 millones de personas asistieron a eventos culturales, 400.000 personas más consumieron servicios culturales entre 2012 y 2013. “El sector tiene una buena dinámica, pero otros de la economía han crecido más. Sin embargo, existe la oportunidad para que las empresas ofrezcan más productos”, manifiestan los investigadores.

La contribución parafiscal cultural —que grava las boletas y derechos de asistencia con un precio igual o superior a los $82.455, que se utilizan para el financiamiento del sector de manera autónoma— ha permitido que, entre 2012 y 2014, hayan sido girados a los entes territoriales fondos por $32.588’871.410, utilizados en la reparación de la infraestructura para los escenarios donde se llevan a cabo estas actividades.

Guillermo Forero, representante de la Secretaría de Cultura de Chía, considera que la norma ha tenido un gran impacto para el municipio “Hemos recibido más de $1.194 millones con los que se verán beneficiadas seis salas privadas. Seremos el único municipio que va a entregar dotación para espacios itinerantes y compraremos infraestructura para eventos”.

Aunque las cifras son alentadoras, la ministra Garcés considera que “la informalidad continúa y que el empresario no tiene una convicción de que pagar la contribución parafiscal es conveniente, que busca mecanismos para seguir evadiendo y que le gusta ser controlado”.

Sin embargo, empresarios como Óscar Pinzón creen que “los productores permanentes de espectáculos cumplimos la ley, pero la parte que le corresponde al Estado no se está cumpliendo. Si la norma dice que se necesitan siete requisitos para hacer un evento, por qué en algunas ciudades se exigen más para hacer un concierto. Nuestra exigencia es que se haga una regulación nacional”. Agrega que se debería exigir que la boletería únicamente pudiera ser distribuida por unos operadores, de esta manera la evasión sería menor.

Para Gabriel García, de Absent Papa, uno de los organizadores del Festival Estéreo Picnic, “la ley es positiva porque ha permitido la formalización del sector, pero no ha permitido muchos ahorros porque los impuestos que se quitaron eran unos que nadie pagaba. En el caso de la música, que aporta el 79% de los impuestos, se ha visto muy poco beneficiada porque, por la forma como está concebida la ley, la plata se invierte en teatro”.

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena son las ciudades que, en su orden, han acaparado la mayoría de eventos durante los últimos dos años y, por supuesto, las que más aportan en estos recaudos. La importancia del fortalecimiento de este sector en la economía colombiana es que, por ejemplo, en 2012 la cultura aportó el 1,8% del PIB nacional.

La cultura de la gratuidad sigue siendo un problema para la industria y una preocupación para el Ministerio de Cultura. La ministra Garcés rechaza tajantemente que el acceso a estos eventos se haga sin pagar: “Estoy en contra de la cultura de la gratuidad. Es necesario reconocer al artista y al gestor como un pago. Eso no quiere decir que toda la boletería debe ser costosa sino que se debe pagar de acuerdo a su ingreso”.

El debate sobre la falta de escenarios para la realización de estos eventos sigue siendo una constante en esta industria. Las dificultades para lograr los préstamos de escenarios como el estadio El Campín de Bogotá y las deficiencias estructurales del parque Simón Bolívar siguen siendo un impedimento para la expansión del sector.

La ministra de Cultura le dijo a El Espectador que “el grupo Aval está considerando la posibilidad de hacer un escenario en la calle 26 en Bogotá y el guionista Fernando Gaitán tiene entre sus planes hacer muchas salas pequeñas en el norte de Bogotá”. Y para los rockeros que se preguntan por su anhelado escenario de conciertos: “Una firma internacional está pensando en uno que no sería en Bogotá sino en Cota. Entre los inversionistas podría estar Ocesa, y Hard Rock también ha manifestado su interés”.

* oguesguan@elespectador.com / @oscarguesguan