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Durante gran parte de 2024 y lo corrido de 2025, la cantidad de agua en los embalses han llevado a los colombianos de la calma a la tensa calma, al alarmismo y de vuelta a la tensa calma. Si hay algo positivo de este sube y baja emocional, es que volvimos a fijarnos en el agua y, de paso, en todo lo que hay detrás de abrir el grifo.
Más allá de los cuestionamientos sobre escasez, niveles útiles o fenómenos del Niño y la Niña, es un buen momento para preguntarse quiénes siguen esperando el agua potable en sus casas, por qué no les llega y qué tan lejos estamos de garantizar que el acceso al líquido deje de ser un privilegio.
Según el último informe de pobreza multidimensional del DANE, cerca de 8,8 % de la población total del país carecía de acceso a una fuente de agua mejorada en 2023; en las zonas rurales y centros poblados más alejados, el indicador sube al 33,3 %.
Lo anterior quiere decir que todavía millones de personas en municipios pequeños sacian la sed en pozos sin protección, ríos, arroyos, baldes con agua lluvia o fuentes de agua compartidas con animales.
De ahí que los acueductos sean el reflejo de las desigualdades que hacen del acceso al agua potable un lujo. ¿En qué hemos fallado para llegar a este punto y qué está haciendo el Gobierno actual para remediarlo?
Pequeños territorios, grandes retos
La brecha existente es evidente al mirar el mapa: en lo urbano, el verde (que indica la cobertura de acueducto) predomina casi por completo; pero en lo rural, el mapa se tiñe de rojos y naranjas (diferentes grados de cobertura de acueductos), lo que deja al descubierto las “dos Colombias” en la provisión de estas infraestructuras.
El más reciente informe de cobertura de la Superintendencia de Servicios data de 2023. Aunque parezca desactualizado, hay que tener en cuenta que las inversiones en estas infraestructuras tardan años, por lo que el documento puede dar un bosquejo de la situación actual.
Dicho documento señala que el 88,30 % de los municipios urbanos tienen una cobertura de acueducto mayor al 75 %.
Sin embargo, asentamientos como Mutatá (Antioquia), Cantagallo (Bolívar), Guapi (Cauca) y San Andrés presentan coberturas menores al 15 %. Además, la cobertura en capitales como Cartagena, Quibdó, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida y San José del Guaviare es menor de 50 %.
Al ir a lo rural, el 54 % de estos municipios (596) presenta una cobertura de acueducto menor a 45 %. Datos más granulares indican que en municipios de categoría seis (usualmente, los de mayor pobreza y menor capacidad fiscal y administrativa) más del 50 % presentan coberturas menores o iguales a 45 %.
Como lo explica Andrés Chavarro, docente de Gestión Ambiental del Politécnico Grancolombiano, los centros urbanos masivos como Bogotá o Medellín -aquellos con una masa crítica de población- han ameritado acueductos de primer nivel que, aunque no están exentos de problemas, son mucho mejores que en el resto del país.
Por su parte, las ciudades intermedias, como Santa Marta o Villavicencio, aquejan diferentes dificultades en calidad y confiabilidad (que el agua siempre esté disponible), además de fugas y conexiones ilegales que llevan a la sobreexplotación de acuíferos. Y hay un tercer grupo conformado por zonas, en donde los acueductos brillan por su ausencia o son precarios, tales como Quibdó (en Chocó) o el Amazonas.
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El informe de la Superservicios arroja una conclusión preocupante: los municipios que cuentan con más habitantes y mejores ingresos, como los de categoría especial y categoría 1, presentan coberturas en zona rural inferiores al 30 % en acueducto. “Esto representa una prioridad significativa para las autoridades, ya que son municipios con potenciales recursos para ampliar y suplir estas necesidades”, indica el documento.
Y es que tener agua en casa puede marcar la diferencia entre salir adelante o quedarse atrapado en la pobreza extrema. De hecho, la cobertura de acueductos y las posibilidades de una persona de caer en miseria están ligadas. En 2023, la Superservicios cruzó los indicadores de cobertura con los valores del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del DANE. Este índice define la situación de miseria en los hogares cuando presentan dos o más indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas.
Si bien este ejercicio no pretendió establecer una relación de causa-efecto entre las dos variables, los hallazgos muestran una correlación:
- La entidad incluyó en un mismo grupo a los 455 municipios con cobertura de acueductos mayor a 93,11 %; allí, la propensión de caer en la miseria es de hasta 10,58 %.
- En la otra orilla, los 33 municipios con cobertura menor al 52,52 % arrojan una propensión de miseria de hasta 50,82 %.
Se le puede atribuir a las distancias, a las inequidades, al abandono estatal e incluso a las violencias la ausencia de acueductos en lo rural. Si bien estas problemáticas son parte de la lista de cosas que lastran a Colombia, la cuestión con estas infraestructuras podría mejorar si se dan algunas vueltas de tuerca en el modelo mismo.
Inversiones: agua que no fluye
Expertos coinciden en que la expansión de los acueductos en Colombia avanzó con paso firme en la segunda mitad del siglo XX y, a partir de ahí, se ha tornado cada vez más lenta hasta quedar a medio camino.
La Ley 142 de 1994 prometía un modelo más eficiente y descentralizado para la gestión de los servicios públicos. Dicho marco legal tuvo dos grandes efectos: primero, cada ente territorial (en municipios y departamentos) asumió la responsabilidad del agua y saneamiento básico; segundo, municipios y gobernaciones podían encargar a privados la prestación del servicio, la operación del sistema y cumplir con estándares satisfacción de los usuarios.
El Gobierno Nacional, por su parte, quedó a cargo de poner los recursos (las inversiones) en la infraestructura. Además, la ejecución de estas obras recayó en los entes territoriales.
Con el paso de los años, las inversiones se han convertido en un lastre para el modelo que prometía más y mejores acueductos. En particular, la dificultad para canalizar recursos hacia municipios con menores capacidades fiscales ha sido uno de los mayores obstáculos.
Así lo cree Pedro Ignacio Bernal, docente de la Universidad Externado de Colombia y quien fue asesor del Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y Desarrollo Urbano entre 1995 y 1996.
Para Bernal, el rezago que tiene el país en inversiones para infraestructura ha afectado gravemente la cobertura de acueductos en el país. “El mayor costo para tener un acueducto está en las inversiones para construir infraestructura, estas grandes redes que son tan necesarias, y ahí es donde la privatización ha mostrado sus límites”, señala.
De nuevo, las empresas privadas se han enfocado en la operación sin la obligación de asumir los altos costos de infraestructura. Por tanto, operan sistemas ya construidos, lo que les permite administrar y generar utilidades sin asumir riesgos financieros significativos. Esto deja al Estado como principal responsable de las inversiones necesarias para ampliar la cobertura.
Según Bernal, estos recursos, muchas veces, dependen del Sistema General de Participaciones, que transfiere fondos directamente a los municipios, especialmente a aquellos con cobertura de acueductos inferior al 80 % o 90 %. Sin embargo, este esquema no ha sido suficiente para cerrar la brecha.
“Por eso el aumento en la cobertura es tan lento. Uno no puede aumentar cobertura si no invierte”, apunta Bernal.
Las transferencias del Estado a los municipios es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero las dificultades en materia de acueductos apuntan al Sistema General de Participaciones (SGP).
Este mecanismo, que distribuye recursos con base en criterios como población y pobreza, genera diferencias significativas en la capacidad de los municipios para invertir en infraestructura.
Según Bernal, “los municipios más grandes, con mayor población y actividad económica, tienen una capacidad superior para recaudar impuestos y aumentar coberturas, tanto desde el gasto público, como privado”. En contraste, los municipios más pequeños y alejados, muchos de ellos de categoría seis, no reciben los recursos necesarios para financiar infraestructuras básicas como los acueductos.
De fondo, las transferencias no compensan las desventajas estructurales de los municipios más pequeños y vulnerables.
“¿De qué le sirve a un municipio recibir fondos que alcanzan para cinco tubos o para la tercera parte de un acueducto? No alcanza para toda la infraestructura. Esas reglas de transferencia crean desigualdades porque favorecen a los municipios más grandes y ricos, como Bogotá o Medellín”, precisa Bernal.
¿Qué está haciendo el Gobierno?
El Gobierno actual, a través del Ministerio de Vivienda, asegura que se están priorizando inversiones de cara a asegurar el mínimo vital (50 litros de agua por habitante por día, tanto en lo urbano como en lo rural) en los municipios con mayores necesidades. En 2025, la cartera prevé invertir una cifra cercana a $1,6 billones en proyectos de acueducto y saneamiento básico.
Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, le dijo a este diario que, a la fecha, se han entregado 96 proyectos de acueducto, los cuales han beneficiado a cerca de dos millones de personas que no contaban con agua potable. “Nuestro objetivo es entregar más de 230 proyectos, de los cuales ya tenemos un avance cercano al 42 %”, acotó Libreros.
En el terreno de lo conseguido, el viceministro afirma que la cartera viabilizó el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó (Chocó), cuya ejecución está programada para comenzar en el primer trimestre de 2025.
Libreros también resalta el caso de Providencia (San Andrés) donde el Gobierno ha avanzado en la ejecución del Plan Maestro de Acueducto, logrando mejorar la calidad y continuidad del servicio. “Antes de nuestras inversiones, el agua que consumían los ciudadanos de Providencia tenía altos riesgos para la salud. Hoy, hemos reducido significativamente esos índices”, aseguró Libreros, quien agrega que el acueducto de Providencia antes solo suministraba agua un día de por medio, mientras que hoy es de 15 horas al día.
Así mismo, otra de las líneas de trabajo del Minvivienda ha sido retomar obras que se encontraban paralizadas. “Hemos logrado reanudar la ejecución de alrededor de 67 proyectos que estaban suspendidos, muchos de ellos desde gobiernos anteriores”, afirma el viceministro. Lo anterior incluye proyectos como el de San Jorge, en Córdoba, donde las obras ya se retomaron.
No obstante, el funcionario reconoce que factores climáticos, como las olas invernales (que se presentaron hacia el final de 2024), aplazarán los cronogramas previstos en algunas obras, como las que se desarrollan en la Alta Guajira.
Entre otras dificultades, cabe recordar que la inversión del Gobierno en 2025 enfrenta incertidumbre debido a la compleja situación fiscal del país. Cabe destacar que el decreto con el cual se aplazan recursos por $12 billones del Presupuesto General de la Nación para 2025, publicado por el Gobierno la semana pasada, solo contempla recortes en inversión para el fortalecimiento del acueducto de Cali, Valle del Cauca.
En cualquier caso, el Ministerio de Vivienda asegura que las obras de agua y saneamiento básico contempladas están financiadas.
Con miras a movilizar recursos adicionales para agua y saneamiento básico, el Gobierno recurrirá en 2025 a mecanismos como vigencias futuras y obras por impuestos junto al sector privado.
“Estamos invitando a empresas a que apadrinen iniciativas bajo esquemas diferenciales que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables”, explicó Libreros, quien enfatiza en la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en las metas del sector.
El viceministro agrega que el Minvivienda ha gestionado más de 500 proyectos en agua y saneamiento básico presentados al mecanismo de ventanilla única, priorizando aquellos dirigidos a comunidades con menores niveles de cobertura, como las indígenas o en municipios alejados.
Soluciones aguas abajo
Más allá de los grandes proyectos y las inversiones anunciadas, el desafío de garantizar el acceso al agua potable en Colombia también exige repensar los modelos y las soluciones existentes.
Una posible solución radica en replantear el modelo actual (de pequeños acueductos municipales) para avanzar hacia sistemas regionales. Por ejemplo, se ha planteado que el Acueducto de Bogotá administre el agua de la cuenca del río Bogotá, o gran parte de ella, para proveer agua a los habitantes de Cundinamarca y, con ello, racionalizar costos, optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio.
En la misma línea, expertos proponen fortalecer los acueductos comunitarios. Estas estructuras de gobernanza del agua, presentes incluso en ciudades como Bogotá (en localidades como Usme y Sumapaz), han logrado, con pocos recursos, llenar vacíos que las entidades públicas no han podido atender.
“Son una especie de cenicientas absolutamente subvaloradas”, señala Andrés Chavarro, del Politécnico Grancolombiano, quien subraya que estas organizaciones, muchas veces sostenidas con pocos recursos y gran esfuerzo comunitario, garantizan el acceso al agua en lugares donde las grandes empresas o los entes gubernamentales no llegan.
En un país rico en recursos hídricos, la pregunta sigue siendo: ¿cuándo dejará el acceso al agua de ser un privilegio y se convertirá en un derecho pleno para todos?
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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