La policía de EE. UU., impune durante años

Desde 2005, solo 140 oficiales han sido acusados de homicidio involuntario o asesinato, pese a que cerca de mil ciudadanos mueren a tiros por la policía anualmente. Es decir, hay cientos de casos que ni siquiera llegan a los tribunales. El escrutinio es casi nulo, y a eso debemos agregarle que, de esos 140 oficiales, solo 44 -menos de la mitad- fueron condenados. También hay que destacar que las condenas fueron en general por delitos menores y no por homicidio.

La policía ha evadido las consecuencias de sus actos gracias a la complicidad del sistema, que los protege mediante la doctrina de la inmunidad calificada, de los políticos conservadores, que se resisten a tomar cartas en el asunto por miedo a perder sus alianzas con los sindicatos policiales, e incluso de la misma ciudadanía que paga para resolver los casos de mala conducta policial.

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Es por eso que el veredicto del jurado que declaró a Derek Chauvin culpable de todos los cargos por el homicidio de George Floyd fue celebrado por la ciudadanía como una victoria sobre la brutalidad policial. Los jurados en este tipo de juicios por malas conductas policiales suelen con mucha frecuencia negarse a presentar cargos, como ocurrió en el caso de Eric Garner, afroamericano de 43 años que también murió asfixiado por un agente de la ley en 2014. Y esto es porque la ciudadanía confunde el uso excesivo de la fuerza como parte del papel punitivo o intimidatorio de los agentes. No lo es.

Sin embargo, se confunde con facilidad el anuncio que dio el jurado esta semana con un cambio positivo para el país. No está ni cerca de ello. Sí, es un paso importante que a Chauvin se le califique como un homicida, pero como rendición de cuentas, de hecho, el caso deja mucho que desear.

El expolicía de Mineápolis responsable de la muerte de Floyd enfrenta hasta 40 años de prisión, pero como no tiene antecedentes penales, lo más probable es que su sentencia se reduzca a 12,5 años, según las pautas del estado de Minesota. La sentencia, que se dará a conocer en las próximas semanas, podría encender de nuevo la indignación de la ciudadanía.

Lo primero que hay que entender entonces sobre esta decisión en el caso contra Chauvin es que es una rendición de cuentas individual y que no genera un cambio en el problema institucional de la policía y del sistema judicial.

Tomemos un ejemplo del pasado: lo primero que pensó Jared Fishman, exfiscal federal de derechos civiles de Carolina del Sur que dirigió la acusación contra Michael Slager, policía que mató a Walter Scott, fue que ya era hora de reconocer que cuando la policía le quita la vida a un ciudadano sin justificación se debía llamar por lo que eso representaba: asesinato. Eso fue en 2018. En estos tres años, sin embargo, los homicidios por parte de la policía continuaron, pese a la condena contra Slager y a que se llamó a su delito por lo que era.

El mismo Fishman es consciente de que la responsabilidad penal es apenas un punto de partida y que las victorias -muy escasas- en las cortes no logran justicia, pues para esta se requiere más que castigar a los responsables.

Lo ocurrido entre marzo y abril de 2021 habla de por qué el juicio contra Chauvin no resuelve el problema de fondo. Desde que el juicio comenzó, 64 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden, y más de la mitad eran personas de color. El de Daunte Wright, afroamericano de 20 años, es el caso más visible, pues fue apenas a unos cuantos kilómetros del lugar donde se celebraban las audiencias del juicio. También cabe destacar que aunque la policía de Minápolis redujo el uso de la fuerza tras la muerte de Floyd, esta decisión solo duró unas semanas, y el abuso continuó.

“Si bien la obtención de condenas es esencial, nuestro objetivo debe ser prevenir estas muertes en primer lugar. Las fuerzas del orden deben preguntarse colectivamente qué pueden hacer de manera diferente para servir mejor a nuestras comunidades. Si no reimaginamos cómo concebimos la seguridad pública, estamos destinados a seguir repitiendo los mismos errores”, reflexiona Fishman.

Lo preocupante es que tras la condena contra Chauvin, los departamentos de policía continúen señalando este tipo de casos como “manzanas podridas”, episodios poco frecuentes con los que, tras un modesto castigo, se pueda retomar la normalidad.

Aunque el fiscal general, Merrick Garland, ordene una exhaustiva investigación sobre el patrón de abusos del Departamento de Policía de Mineápolis, lo único que podrá desmantelar el actual sistema cómplice de la violencia policial es una reforma en el Congreso.

Un proyecto de ley para la revisión policial, que incluye un registro nacional de mala conducta policial para evitar que los oficiales eludan las consecuencias, prohíbe los perfiles raciales y reforma la inmunidad calificada que protege a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas, ya superó los trámites en la Cámara de Representantes, pero no tuvo apoyo de los republicanos.

Ahora la iniciativa de la Ley George Floyd, como se le bautizó al proyecto, está en el Senado. Acá se necesitan 10 votos de republicanos para que se convierta en realidad, pero aunque las conversaciones avanzan, la mayoría de los republicanos buscan sostener la inmunidad calificada que protege a los agentes de policía en los tribunales civiles. Si los políticos no adoptan una reforma, los policías de EE. UU. seguirán saliéndose con la suya.