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En plena campaña electoral, el 23 de febrero de 2002, tres días después de que el presidente Andrés Pastrana le pusiera punto final a la controvertida zona de distensión por el secuestro del congresista Jorge Eduardo Géchem, advertida sobre los peligros de viajar a San Vicente del Caguán, desatendidas las recomendaciones de la Fuerza Pública e, incluso, firmado un documento en el que asumía su responsabilidad por ingresar a zona roja, Íngrid Betancourt fue secuestrada por la guerrilla junto con Clara Rojas. El 2 de julio de 2008, en la emblemática ‘Operación Jaque’, fue rescatada por el Ejército en una acción que ella misma calificó como “perfecta”. Sin embargo, demandó al Estado por una suma que ronda los $13 mil millones.
El pasado 2 de julio, al conmemorarse el segundo aniversario de la estratégica operación militar que permitió la libertad de 15 de los llamados ‘canjeables’ en poder de las Farc, en ceremonia en la Escuela Superior de Guerra, fueron reunidos los ex cautivos y quien abanderaba la comitiva era Íngrid Betancourt. En medio de la pompa y el alborozo, nadie sabía que dos días antes, el 30 de junio, a las oficinas del Ministerio de Defensa, fueron allegadas dos solicitudes de conciliación extrajudicial con las cuales la ex candidata presidencial y su familia buscaban resarcir el daño causado por su plagio. Caracol Radio reveló la primicia. La controversia, las declaraciones y las pullas no tardaron en aparecer y el que primero las enfiló fue el vicepresidente Francisco Santos.
“Es un premio mundial a la desfachatez. Estoy indignado —dijo—. Es uno de los actos de ingratitud que quedarán en la historia de Colombia y también de oportunismo y de codicia, tanto de Íngrid como de su mamá, Yolanda Pulecio”. Añadió que cuando ella iba rumbo al Caguán firmó un documento en el cual asumió toda la responsabilidad por su decisión y que su demanda le parece un precedente funesto y “una puñalada” a los miembros de la Fuerza Pública que “han muerto rescatando colombianos y a todos los que hemos sufrido este dolor del secuestro”. No acababa el país de procesar la noticia y ya hasta la oposición la criticaba. El ex candidato presidencial Gustavo Petro reivindicó que fue el Estado el que la rescató.
“Los responsables del secuestro de Íngrid son las Farc, que determinaron no sólo tomarla en su poder, sino mantenerla durante los años que todos sabemos en condiciones de ignominia. Me parece que Íngrid en eso es injusta y ella no puede endilgarle al Estado la responsabilidad”, señaló. De cualquier manera, la ex congresista, su mamá Yolanda Pulecio Vélez, su hermana Astrid Yolanda Betancourt, sus hijos Melanie y Lorenzo Delloye Betancourt, a través de su abogado Ernesto Devis-Morales, adelantan una multimillonaria demanda contra la Nación por los seis años, cuatro meses y nueve días que estuvo en poder de las Farc. El Ministerio de Defensa se declaró “sorprendido y apesadumbrado” por la noticia y advirtió que tiene la convicción de que no hay ningún elemento que permita aducir la responsabilidad estatal.
El entonces comandante del Ejército, general (r) Jorge Enrique Mora, terció en la polémica. En diálogo con El Espectador relató que el presidente Andrés Pastrana iba a viajar con una comitiva oficial a San Vicente del Caguán ese 23 de febrero de 2002, que Íngrid Betancourt pidió cupo pero se le negó porque era una candidata en campaña y se le dijo que no viajara por tierra, porque las Farc habían incendiado carros sobre la vía y había combates cerca. “El Ejército tenía un retén y en éste se ordenó parar la caravana de la doctora Íngrid para recomendarle, una vez más, que no continuara, que los riesgos eran infinitos. Si la memoria no me falla, se le bajaron el edecán, que era un oficial de la Policía, y un escolta del DAS. Ella dijo que seguía bajo su propio riesgo. Ver todo lo que se hizo, que la rescató el Ejército, y ahora demanda a la Nación, es incomprensible”.
El ex comisionado de Paz Camilo Gómez fijó una posición intermedia. Dijo que todo el mundo tiene derecho de acceder a la justicia, pero que en el caso de Betancourt se formularon las advertencias requeridas y se desatendieron los avisos. Este diario intentó comunicarse con los 11 miembros de la Fuerza Pública que fueron rescatados en la ‘Operación Jaque’, pero se les pidió prudencia y no dar declaraciones en relación con la demanda. El director de Derecho Público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Édgar Fuentes, explicó que la simple advertencia por parte de las autoridades no exime de culpa al Estado. “El caso es muy complejo. La llaman ingrata porque el Estado la rescató, pero eso no es un favor ni caridad, es un deber”.
No son novedosas las demandas de ex secuestrados. Este diario informó que el único sobreviviente de los 12 diputados del Valle, Sigifredo López, tasó sus perjuicios morales y materiales en cerca de $5.000 millones. Son las circunstancias que rodearon el plagio las que determinen si el Estado fue omisivo, como en múltiples ocasiones ha sido establecido por el Consejo de Estado en demandas de reparación directa. Al cierre de esta edición se conoció que Jorge Eduardo Géchem estudiaba también la posibilidad de demandar a la Nación por su cautiverio. Al margen de la polémica, que promete no amainar pronto, Íngrid Betancourt, en otros tiempos tan cercana a la Fuerza Pública y a sus logros, hoy se ubica en la otra orilla.