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El Gobierno de Bolivia, Naciones Unidas y entidades privadas elaboraron un proyecto de ley para castigar con una pena de entre 12 y 20 años la tortura aplicada por funcionarios como policías o militares, informó hoy una fuente oficial.
Una de las redactoras de la norma, Emma Bravo, coordinadora de un instituto privado que trabaja sobre el tema, defendió la importancia de esa ley para enfrentar las denuncias sobre torturas aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Bravo, miembro del privado Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, declaró a los periodistas que la norma enfatiza la sanción en torturas que tiene “la venia o han sido instigadas” por funcionarios del Estado.
Dijo que han recogido varios testimonios de torturados por agentes del Estado y recordó que en marzo pasado un joven colombiano de 22 años fue detenido en la ciudad de Cochabamba (centro) por un grupo de elite de la policía boliviana que lo torturó para obligarlo a revelar datos sobre un caso de tráfico de armas que desconocía.
El extranjero sufrió descargas eléctricas en la columna, costillas y genitales y fue zambullido por unos agentes que luego lo liberaron, al no encontrarle responsabilidad en el caso. Los seis policías implicados fueron suspendidos de sus cargos.
Bravo explicó que Naciones Unidas pidió a Bolivia la elaboración de una ley para castigar puntualmente la tortura, en lugar de un decreto como inicialmente se proyectaba.
La norma, según el diario La Razón, también fija la necesidad de una “indemnización justa y adecuada, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna” para las víctimas.
También será creado un organismo que tendrá potestad para ingresar a recintos de la Policía, de las Fuerzas Armadas o de Migración cuando se obtenga información sobre violación de los derechos humanos de los detenidos.