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Falta una semana para que se retomen las sesiones en el Congreso, y se espera que la reforma laboral sea una de las grandes protagonistas. De entrada, se anticipa un ambiente tenso en el legislativo tras la renuncia (el domingo) de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo y principal valedora del proyecto, que está a dos debates de ser ley.
Esta iniciativa, que nació en el Ministerio del Trabajo, se alista para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, en la que sus ponentes serán los senadores Wilson Neber Arias (Pacto Histórico), Ómar de Jesús Olmedo Restrepo (Comunes), Martha Peralta Epieyu (Pacto Histórico) y Ferney Silva Idrobo (Pacto Histórico).
En entrevista con El Espectador, este último explicó que en la ponencia radicada aparecen tres diferencias importantes en comparación con la que salió de la Cámara de Representantes.
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La primera de estas es que se volvió a incluir el jornal campesino, mediante el cual estos trabajadores podrán realizar aportes a seguridad social (en aspectos tan básicos como salud y pensión).
“Creemos que ese es un punto importante que se había desvirtuado, y por eso lo retomamos”, señaló Silva.
La segunda diferencia involucra a los aprendices del SENA, pues en el texto que se aprobó en Cámara se establece que las empresas que están obligadas a contratar a estos estudiantes (para la realización de sus prácticas), y no lo hagan, deberán pagar una compensación de 1,5 salarios mínimos, mientras que en la ponencia de Senado se establecen 1,8 salarios mínimos.
“Finalmente, la tercera tiene que ver con las madres comunitarias. Si bien ya venía en Cámara, aquí hay una ampliación referente al número de madres y otros tipos que no figuraban en el texto que salió”, agregó Silva.
Sobre esto último hay que recordar que la reforma propone que estas sean vinculadas a la planta de personal del ICBF. En su momento, ese fue un punto álgido en la discusión en Cámara, pues algunos representantes señalaron que no se podía aprobar algo de lo cual no se tiene una certeza fiscal (es decir, si la mencionada entidad efectivamente recibirá para esto los recursos del Presupuesto General de la Nación).
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El senador también explicó que en la ponencia que será debatida en el Senado, no fue posible incluir el capítulo del fortalecimiento sindical (el cual sí venía en el documento original de la reforma, pero que en Cámara de Representantes se hundió). De haberlo hecho, detalla, se ponía en riesgo el consenso que se busca en la comisión para que este proyecto de ley reciba luz verde en su tercer debate.
“Estamos muy positivos y con la esperanza de que este proyecto que beneficia a 23 millones de colombianos se convierta en una realidad. Aunque en la Comisión Séptima tenemos minorías, esperamos que por ser una ley que apoya a la clase trabajadora influya en la decisión de todos los congresistas”, puntualizó.
Los peros de la reforma
Hay que recordar que esta ha sido una iniciativa accidentada en el Congreso, tanto así que en la primera legislatura del Gobierno Petro se hundió, mientras que en la actual no ha sobrevivido al tijeretazo, pues ya le han descontado 30 artículos (en su mayoría relacionados al componente sindical).
Uno de los grandes críticos de esta iniciativa es el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), quien ha calificado a la reforma como “inconveniente e inoportuna” por, según él, tramitarse en un tiempo donde la macroeconomía colombiana requiere más una reactivación que un incremento en los gastos de contratación del empresariado.
Aún así, hay que mencionar que en Cámara pasaron dos de los artículos que más generaban incertidumbre en la materia. El primero es el que establece que la jornada nocturna empezará desde las siete de la noche (y no desde las nueve, como sucede ahora). El segundo es el incremento en el recargo nocturno, el cual se llevará progresivamente al 100 % (dejando atrás el 75 % que rige en la actualidad).
Aquí se han intentado establecer dos posturas. La que cuestiona a la reforma y asegura que más cargas al empresariado se traduce en menos capacidad de contratación y, posiblemente, un aumento en el desempleo y la informalidad. La que la defiende, por su parte, sostiene que trabajadores mejor remunerados se traduce en mayores capacidades de gasto, lo que a su vez implica mayores ventas de productos y servicios, es decir, mayor crecimiento empresarial.
Sobre esto, Silva sostiene que parte de lo que pretende esta reforma es cumplir con los tratados internacionales que ha suscrito Colombia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE, entre otras multilaterales.
“Esta reforma no es traída de los cabellos. Busca atemperarnos a las normas y relaciones laborales que se tienen en el resto del mundo y que nos corresponde actualizarla, no hay nada diferente a eso, no creemos que el aumento de los costos disminuyan los empleos a largo plazo”, concluye.
Aunque esta reforma no es, y tampoco pretende serlo, la panacea a todos los malestares del mercado laboral colombiano, sí implica mejoras evidentes, como lo es la actualización de la normativa a nuevos trabajos (tal es el caso de los repartidores de plataformas), así como una apuesta implícita en la lucha contra la informalidad. No obstante, no deja de estar acompañada desafíos, principalmente en los nuevos costos que implica para los empleadores, por lo que este tercer round será clave para el futuro de la laboral en el país.
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