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Los fiscales no dejan de vigilar a la clase política de España y ésta no halla refugio ante la tormenta de indignación popular. Durante los últimos días los alcaldes, jefes regionales y funcionarios del partido se han encontrado de nuevo en los asientos traseros de los automóviles de policía, en camino a interrogatorios y en algunos casos directamente a la prisión.
El caso más reciente tiene que ver con los alegatos de que los políticos locales en Madrid, León, Murcia y Valencia recibieron comisiones del sector privado a cambio de otorgar contratos públicos por un estimado de €250 millones. Treinta y cinco funcionarios fueron arrestados el lunes, entre ellos el ex número dos del Partido Popular en la región de Madrid.
Lo que ha sorprendido a los españoles no son tanto los detalles del escándalo como el hecho de que salió a flote tan poco tiempo después de otros asuntos que ponen de relieve la aparente rapacidad de sectores de la élite política del país. Este mes, la prensa estuvo llena de detalles sobre las “tarjetas de crédito fantasma” que les dio un banco de ahorros regional ya difunto a los líderes políticos de Madrid. Algunos políticos gastaron cientos de miles de euros en vacaciones de lujo y restaurantes de tres estrellas.
Las comisiones, las donaciones ilegales, el fraude tributario, el robo de recursos públicos, van de Cataluña a Andalucía y cubren prácticamente todo el espectro de la política de España. En un inusual gesto de contrición, el presidente Mariano Rajoy ofreció el martes unas disculpas a “todos los españoles” por la participación de su partido en el caso más reciente.
No es de sorprender que el hilo de casos haya generado un autoanálisis y un agudo debate sobre los orígenes del problema de corrupción en España. Los analistas concuerdan con que jugó un importante papel el boom inmobiliario, que duró una década y que aseguró la concesión de una gran cantidad de contratos públicos y parcelas de tierra atractivas para reubicar y vender. El ritmo glacial del sistema judicial de España es otro factor, así como el alto grado de politización de los fiscales.
Puede tomar años antes que las investigaciones por corrupción lleven a una sentencia, si es que lo hacen. A pesar de la actividad judicial, es difícil no tener la impresión de impunidad.
Quizás la causa más llamativa del problema de corrupción en España, sin embargo, es el hecho de que los electores parecen no querer castigar a los políticos corruptos en las urnas, que es donde importa. Dos ejemplos son Andalucía, que es un bastión del Partido Socialista de España, y la región de Valencia, donde el Partido Popular ha mantenido la mayor influencia durante mucho tiempo. Ambos han sufrido escándalos de corrupción masiva durante los últimos años, llevando a muchos arrestos y renuncias. No obstante, las últimas encuestas arrojan que, a pesar de las grandes pérdidas en el erario, estos dos partidos llevan la delantera en sus respectivas regiones.
Elena Costas-Pérez, una economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado el fenómeno de los votantes permisivos para su tesis doctoral y concluye que es menos probable que los ciudadanos voten por alcaldes envueltos en escándalos de corrupción, aunque por un margen estrecho y sólo cuando hay mucho cubrimiento mediático. Costas-Pérez sugiere que los medios polarizados de España son en parte responsables, porque tienden a enfocarse en escándalos de corrupción que afectan “al lado contrario”. Es un argumento fácil de ampliar a una observación más amplia de la política de España. La distancia entre la derecha y la izquierda en España es tan grande que muchos votantes prefieren taparse la nariz y seguir votando por su partido, a pesar de los escándalos de corrupción. Para muchos votantes no es una opción cruzar la división entre derecha e izquierda.
El auge de Podemos, un partido de protesta de izquierda que está teniendo un buen desempeño en las encuestas, podría cambiar la dinámica. Hace una campaña agresiva contra la “casta política de España” y defiende una reforma general. Puede tener éxito en darle un vuelco al régimen bipartidista de España.
No obstante, es difícil escapar a una conclusión sencilla: los votantes españoles están furiosos con sus líderes políticos y sienten un profunda preocupación por los casos de corrupción, pero a menudo no es suficiente para llevarlos a votar por el otro sujeto.
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