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En 83 días, después de ocho años en el poder, Álvaro Uribe Vélez concluirá su segundo mandato como gobernante de Colombia. Pero desde el 4 de junio de 2004, cuando fueron evidentes las peripecias del Gobierno para que la representante a la Cámara Yidis Medina determinara con su voto el camino hacia la reelección presidencial, la sombra del cohecho viene rondando al Ejecutivo. Con la acusación de la Fiscalía al ex ministro del Interior Sabas Pretelt, como posible autor del delito, se cierra un capítulo, pero se abre uno nuevo de inéditas consecuencias judiciales y políticas.
La investigación de lo que pasó antes y después de ese 4 de junio en la Comisión Primera de la Cámara, al menos en lo que respecta al ex ministro Pretelt de la Vega, vuelve ahora a la Corte Suprema de Justicia. Hace dos años, al condenar a 47 meses de prisión a la ex presentante Yidis Medina, este mismo tribunal calificó como “una conducta infinitamente lesiva del régimen democrático, subastar al mejor postor el carácter del voto para aprobar o improbar un proyecto de ley”. Era claro que tarde o temprano iba a indagar cómo se produjo ese voto.
La misma Corte Suprema de Justicia condenó también al ex congresista Iván Díaz Mateus por inducir a su colega Yidis Medina a feriar su voto, y al ex congresista Teodolindo Avendaño por ausentarse deliberadamente de la citada sesión del 4 de junio para facilitar lo que sucedió. Con 18 votos a favor por 16 en contra, el Gobierno logró sortear el mayor obstáculo de la reforma constitucional. Después vino a saberse que no lo hizo jugando limpio. En palabras del candidato presidencial Rafael Pardo, “por eso el llamado a juicio a Pretelt es consecuente con la realidad; había que examinar la otra parte del cohecho”.
De los procedimientos del Gobierno ya se había ocupado la Procuraduría. En 2005, Edgardo Maya, en concepto a la Corte Constitucional, advirtió que la voltereta de Yidis y su recusación habían dejado un mal sabor en el trámite del acto legislativo. Aunque fue denunciada en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en ambas instancias, a falta de evidencias, salió bien librada. Meses después la Corte Constitucional le dio la bendición a la reforma y el presidente Uribe siguió de largo. Parecía un caso política y judicialmente cerrado.
En marzo de 2008, en un contexto político distinto, ya en tiempos de crispación entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, según ella misma, “olvidada por el Gobierno”, Yidis le puso nombres y apellidos a la vuelta de su voto por la reelección. Se armó el revuelo. En tres meses Yidis Medina estaba condenada, Teodolindo Avendaño pasaba saliva e Iván Díaz Mateus lo negaba todo. Entonces salieron a relucir los nombres de altos funcionarios del Gobierno que, según la Corte, “ofrecieron canonjías impúdicas” para aprobar la reelección.
Fruto de las delaciones de Yidis, Edgardo Maya elevó pliego de cargos contra el ex ministro Pretelt, el ministro de Protección, Diego Palacio; el ex secretario general de la Casa de Nariño Alberto Velásquez, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex superintendente de Notariado José Félix Lafaurie. Pero en aquellos días cobraba forma en el Congreso un referendo para buscar un tercer mandato uribista y el escándalo perdió fuerza. Sin embargo, antes de irse, Maya dejó sin firmar un proyecto de destitución de los implicados. Su sucesor, Alejandro Ordóñez, se posesionó en enero de 2009 y dos meses después los absolvió a todos.
Desde el pasado 17 de marzo, la Corte lo investiga por esa decisión, indaga por qué desechó la indagatoria de Yidis Medina; con qué criterio invocó “dudas razonables” sobre el verdadero móvil de la congresista al votar la reelección; con qué argumentos desestimó documentos comprometedores y por qué se negó a considerar como prueba la entrevista que le dio Yidis al periodista Daniel Coronell, donde admitió cómo desde el Gobierno ofrecieron dádivas por su voto, de la misma forma que lo hicieron para convencer a Teodolindo Avendaño de ausentarse.
El procurador Ordóñez acudió a la Corte Suprema el pasado 7 de abril y argumentó que no podía tener en cuenta la indagatoria de Yidis Medina porque fue trasladada al proceso disciplinario a destiempo, sin la posibilidad de ser controvertida por los investigadores, lo que implicaba una violación al derecho de defensa. En su versión, conocida por El Espectador, agregó que en su criterio jurídico las entrevistas de prensa no son un medio de prueba, “son datos informativos que pueden ser valorados”. Según él, tenía que limitarse al pliego de cargos elevado por Maya para no violar el principio de congruencia.
Ordóñez admitió que utilizó el proyecto de fallo de su antecesor para contextualizar los hechos, la decisión de algunas nulidades y la relación de pruebas, pero que las valoraciones nuevas fueron suyas. Dijo que cuando llegó a la Procuraduría el expediente estaba amenazado por la prescripción. Ésta se formalizaba el 4 de junio de 2009, de tal manera que, teniendo en cuenta los recursos de ley, la notificación a la embajada de Colombia en Italia y el tiempo de Semana Santa, tomó la decisión con lo que había en el proceso el 16 de marzo.
Y concluyó diciendo: “Al detenerme varias horas o varios días releyendo, tanto la providencia como los 17 cuadernos, he llegado a la conclusión de que mi decisión no podía ser diferente, la hice de acuerdo con las realidades probatorias y mi formación de jurista. Si hubiera tomado decisión contraria, hubiera prevaricado. Ello no me lo permiten ni mi conciencia ni mi formación moral y jurídica, ni el juramento que hice ante Dios y ante la patria de cumplir fielmente la Constitución, la ley y los reglamentos”.
“Sí hubo prebendas”
Sólo faltaba que la Fiscalía se pronunciara sobre el caso. El 26 de junio de 2008, cuando condenó a Yidis Medina, la Corte había ordenado investigar al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, a su colega Diego Palacio y a los demás funcionarios que echó al agua la ex congresista santandereana. El entonces fiscal Mario Iguarán se declaró impedido ante la Corte por su “amistad entrañable” con Sabas Pretelt —fue él quien lo promovió como Fiscal— y el caso fue asumido por el vicefiscal Guillermo Mendoza, que llamó a los ministros a indagatoria.
A Mario Iguarán se le cumplió el tiempo, se fue en agosto de 2009 y asumió como encargado Mendoza. La encarnizada pelea entre el Gobierno y la Corte empezó a dilatar el nombramiento de un fiscal en propiedad y en esas vueltas llegó a la Vicefiscalía, también en calidad de encargado, procedente del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Fernando Pareja. El chicharrón de la yidispolítica le fue heredado y a los siete meses, con una providencia de 253 páginas, le puso fin parcial al novelón acusando al ex ministro Pretelt del delito de cohecho por ofrecer.
En su acusación, Pareja sostiene que el sentido del voto de Yidis Medina, desde el punto de vista constitucional, “pudo ser acertado”, pues de hecho la Corte Constitucional declaró exequible la reforma al régimen presidencial. Desde esa óptica, insistió Pareja, el voto bien pudo ser plausible. La diferencia estriba en que probablemente el voto de Yidis Medina fue determinado “por el ofrecimiento de prebendas indebidas”. Y eso se llama cohecho. Después se probó que por haber salvado la reelección, a Yidis le pagaron con una notaría y cargos para sus recomendados.
De acuerdo con el Vicefiscal, Sabas Pretelt, “con inmenso prestigio y reconocimiento social”, tenía especial injerencia en varias entidades del Estado y, en razón de las evidencias, “pudo usar tal dignidad para hacerle ofrecimientos a Yidis Medina a cambio de obtener su voto”. Es decir, se valió de su posición para ofertar en nombre del Estado burocracia, poder político y fuerza electoral. De la misma manera, cree el Vicefiscal, “obró en coparticipación criminal para la comisión de esta conducta”, con otros funcionarios de Gobierno.
A manera de constancia de que el ex ministro Pretelt sabía que lo que había sucedido no era correcto, el vicefiscal Pareja referencia la reacción del entonces embajador en Roma cuando Yidis Medina, en entrevista con El Espectador publicada en marzo de 2008, anunció que se disponía a confesarlo todo en un libro que tenía en ciernes. “Me llamó desde Roma para decirme que no, ‘no haga eso, Yidis, ya vi lo del libro, eso es un peligro, voy a hablar y a intervenir para que ellos le cumplan, pero pare eso, por favor no haga eso, eso es un ventilador’”.
Y lo fue. Hoy, a escasas dos semanas para que en las urnas se defina el nombre del sucesor del Jefe de Estado, la acusación contra el ministro estelar del primer gobierno Uribe cayó como un baldado de agua fría en Palacio. El Presidente se mostró dolido, dijo que se estaba confundiendo “lo que se ha hecho toda la vida en Colombia”, que es dar representación política, con el cohecho, y agregó vehemente: “Entonces el país estaría lleno de cohechos”. Los analistas creen que difícilmente el expediente yidispolítico toque algún día al mandatario.
En cambio, el que sigue en salmuera es Diego Palacio. Faltan unas pruebas por evacuarse, pero muchos le auguran un destino similar al de Sabas Pretelt. La lógica enseña que si la Fiscalía ya le dio credibilidad a Yidis en el capítulo del ex ministro del Interior, igual valoración tendrá con el Ministro de Protección. Todos continúan tachando a Yidis Medina de “mentirosa empedernida”. No obstante, como un fantasma, la nefasta sesión del 4 de junio de 2004 en el Congreso espanta en la Casa de Nariño.
Reacciones
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
“Se está confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia, que es dar representación, estudiar recomendaciones que se hacen en todas partes del Estado (…) con el cohecho”.
Rafael Pardo Rueda
Candidato Partido Liberal
“El llamado al ex ministro Sabas Pretelt es consecuente con la realidad, con bastante retraso, y va hacia el otro componente del cohecho que se configuró en la reelección presidencial”.
Armando Benedetti
Senador del Partido de la U
“La legitimidad de la reelección no se la da una sola votación, sino las ocho que se hicieron en el Congreso, y la revisión de la Corte Constitucional. En uno y otro lado hubo mayorías”.
Juan Gabriel Uribe
Jefe de debate campaña conservadora
“Es un golpe a la legitimidad del segundo gobierno Uribe. Había mayorías en la Comisión Primera de la Cámara contra la reelección y se lograron cambiar. La Corte emitió un fallo sin saber que eso pasó”.
Luis Carlos Avellaneda
Senador del Polo Democrático
“El llamamiento a juicio de Sabas Pretelt corrobora una vez más la ilegitimidad del gobierno Uribe, que se valió de conductas y hechos delictivos para prolongar su estadía en el poder”.
Jaime Bernal Cuéllar
Abogado de Sabas Pretelt
“Lo único que uno espera es que se haga una investigación integral, objetiva e imparcial y que se tome en cuenta todo lo que ha ocurrido en relación con lo dicho por la señora Yidis, teniendo en cuenta los documentos de la Corte y la Procuraduría”.