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Con una acción popular como herramienta, un abogado no solo acaba de revivir la polémica sobre un convenio que suscribió, a principios de este año, la UNP y la Secretaría de Hacienda, si no además pretende tumbar dicho acuerdo. Entre lo pactado, tal y como trascendió el pasado mes de abril, el Distrito se comprometió a desembolsar $8.800 millones ($28 millones al mes por cada concejal protegido) a la Unidad de Protección, con el fin de consolidar un esquema de seguridad para los 45 concejales de Bogotá.
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Adicional, el acuerdo estipuló que la UNP debía proporcionar camionetas 4×4 (una por cada concejal) con blindaje IIIA y cuyo modelo no fuera inferior al año 2017. Con cada vehículo, se proporcionaría un escolta perteneciente a la unidad, con lo cual en su momento se justificó su elevado costo.
En su momento, los concejales Daniel Briceño y Julián Triana se mostraron contrarios a la asignación de estos costosos esquemas y decidieron rechazarlos. Sin embargo, cuando ya se estaría acercando la fecha de su renovación, el abogado Camilo Araque Blanco radicó una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca para impedir que este acuerdo se prolongue más allá de los siete meses por los que fue firmado. La acción popular no es desestimar: el jurista es reconocido por otros procesos de alto impacto, como la muerte política del exsenador Eduardo Pulgar Daza y la demanda que declaró inexequible la fijación del precio de los combustibles, con base en el precio internacional, en 2012.
En esta oportunidad, Araque quiere evitar un nuevo ciclo del acuerdo, argumentando que los cabildantes no requieren de un esquema de protección semejante. El Espectador revisó la acción popular de Araque para revisar la estructura argumentativa del mismo y la contrastó con la opinión de algunos cabildantes.
¿Sin estudio de riesgo?
En primer lugar, Araque asegura que los concejales de Bogotá son los únicos del país a los cuales se les asigna un esquema de protección sin que exista un estudio previo. La demanda insiste en que, las labores para las que fueron elegidos, no representan ningún riesgo. Lo anterior, dice él, es un privilegio que no viene con el cargo, conforme a la Constitución de Colombia o alguna ley de la república.
Sin embargo, El Espectador conoció que dicho estudio de seguridad sí se les realiza a los cabildantes para acceder a un esquema de protección. Heidy Sánchez, concejal de la bancada del Pacto Histórico, mencionó que ningún esquema de seguridad se asigna “si el concejal no tiene un riesgo extraordinario”. Dicho riesgo, aclara la concejal (que no deja de cuestionar el elevado costo) se hace a partir de un estudio de riesgo. Bajo esa misma línea, otros concejales le confirmaron a este diario que, en efecto, es necesario la revisión de riesgo por parte de la UNP.
Aun cuando lo anterior sea cierto, el núcleo de la acción popular cuestiona que el convenio no especifica que cada uno de los 45 esquemas asignados deban pasar por el estudio que confirme la necesidad de la costosa camioneta y el escolta que vienen con la misma. Esto, además, resulta de vital importancia, por cuanto si el resultado de riesgo a un concejal no arrojara la necesidad de un esquema, el valor del convenio se vería inminentemente reducido.
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Malas prácticas y nulos antecedentes
Más adelante, la acción popular refiere que ningún concejal, desde que se creó la constitución de 1991, ha recibido un atentado de gravedad que afecte su integridad. Y continúa aseverando que “no se exhibe nada riesgosa o excepcional, que los haga merecedores de un esquema de seguridad (de forma automática) por el solo hecho de ocupar esta dignidad, como también sucede con el secretario de esa institución”.
Como ejemplo, resalta los casos de Daniel Briceño y Julián Triana, considerados dos cabildantes con opiniones marcadas de oposición y los cuales, aun así, renunciaron a sus esquemas. En la antípoda de este relato, hubo situaciones durante el pasado cuatrienio que pudieron denotar cierto riesgo para los cabildantes. En concreto, exconcejales como Diego Cancino, tuvieron que solicitar un esquema de protección (y por ende someterse al estudio de seguridad), todo, pese a que se opusieron a la asignación de un dispositivo de seguridad cuando se posesionaron en sus cargos. Pero todavía más irónico resulta el hecho de que, incluso, Julián Triana, fuera víctima de un grupo de ladrones semanas atrás.
En todo caso, parte del debate que motiva esta discusión, que ahora se plasmó en la acción popular, radica en la asimetría de privilegios entre ciudadanos y funcionarios públicos. Mientras el Distrito y la UNP se pusieron de acuerdo para que $45.000 millones se destinaran para la seguridad de los cabildantes, hay líderes sociales con antecedentes de violencia, que llevan más de un año a la espera de medidas de protección.
Alba Rocío Riaño Nossa, lideresa social de Ciudad Bolívar, asesinada hace un mes, no contaba tan siquiera con un escolta asignado para su protección a pesar del grueso número de amenazas que recibió antes de su atentado. Ante tales contrastes, la discusión sobre las prioridades, resulta más necesaria que nunca y el punto de partida será el futuro de esta acción judicial.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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