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Pese a las expectativas irreales de algunos, los optimistas apenas esperamos que el segundo gobierno de Juan Manuel Santos sea menos malo que el primero. Si pacta una paz refrendable y no se vuelve a pifiar en reformas claves, podrá merecer el calificativo de bueno; hundida la paz o perdido el referendo, no ve uno cómo pasaría de regular.
Lo que sí es descartable es que vaya a ser excelente, pues no cuenta con la gobernabilidad ni con la organización política necesarias para aspirar a ese calificativo. En fin, crucemos los dedos para que no sea malo o peor que eso.
Es útil hacer una lista incompleta de los problemas gruesos que enfrenta Colombia: la política está degradada y ha sido permeada por toda suerte de malandros; la justicia se llenó de escándalos; el sistema de salud está en cuidados intensivos; la educación básica que se imparte es mediocre, mientras que la superior pública no tiene ni la escala, ni el foco ni la calidad necesarias para insertar al país en el mundo; la guerra contra las drogas es una catástrofe; la desigualdad y la pobreza siguen en cotas altísimas; el régimen pensional es insostenible e injusto; el modelo petrolero-minero no dura diez años y tiene a muchas comunidades en contra; los recaudos nacional y local son muy insuficientes y poca gente paga impuestos; el medio ambiente no ha dejado de deteriorarse; nuestro vecino oriental convulsiona y nos exporta gasolina explosiva; ah, y el Estado no llega a cientos de sitios como Bocas de Curay.
Salta a la vista, ante semejante inventario, que intentar arreglar todo lo citado al tiempo sería una receta para el fracaso, pues de semejante vorágine sólo resultaría una larga lista de soluciones malas, mediocres o imposibles de implementar. El Gobierno tendrá, pues, que escoger cuáles problemas enfrenta y a cuáles aplica paliativos financiables, que no se traguen un trozo excesivo del magro capital político con el que cuenta Santos y que no requieran de reformas a la Constitución. Según me cuentan, son muchos los problemas que se pueden resolver por vía administrativa.
Por lo dicho en el discurso del 7 de agosto, habrá energía para la paz, para una reforma política incompleta, para un viraje más o menos financiado en educación, para la reforma de la salud y, de repente, para agricultura. Seguirá adelante la mejoría en infraestructura. Dudo mucho que Santos intente una nueva reforma de fondo a la justicia. Tendrá que confiar en que los propios magistrados enderecen el caminado, quizá guiados por el muy prestigioso ministro Yesid Reyes y amedrentados por la recia vigilancia de periodistas como mi vecina, Cecilia Orozco.
El proceso de paz va casi bien, pese a la alharaca de las Farc. La Corte Constitucional acaba de zanjar uno de los temas más álgidos: no podrán ir al Congreso los miembros del Secretariado, incursos todos en crímenes de lesa humanidad. Esto significa que tendrán que aparecer líderes entre los cuadros universitarios y profesionales de la red urbana. Yo sigo pensando que es muy improbable que la extrema izquierda arraigue con fuerza por la vía electoral en Colombia. Quizá algo encuentre en zonas relativamente poco pobladas donde el proceso de paz les dé logros que mostrar. Y poco más. Hay, por lo pronto, al menos un 45% del electorado que nunca votaría por ellos. Muchos tal vez los perdonen, pero será muy difícil olvidar la larga ristra de barbaridades cometidas a lo largo de cincuenta años.
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