Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En estos últimos días se conocieron dos anuncios importantes sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia que aún está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por un lado, el tribunal informó que las audiencias públicas de este caso se llevarán a cabo entre el lunes 5 y el viernes 9 de diciembre de 2022. De ahí que, tras la renuncia de Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, Colombia nombró a los nuevos agentes que representarán al país en el litigio con Managua. ¿Quiénes son y qué sigue tras el anuncio?
Eduardo Valencia-Ospina, doctor en Ciencias Jurídicas y Economía de la Universidad Javeriana, figurará como agente en La Haya. Fue secretario adjunto y luego secretario de la CIJ durante 16 años. Así como miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Como coagentes, figuran Carolina Olarte Bácares, nueva embajadora de Colombia en los Países Bajos, y abogada de la Universidad Javeriana. Así como Elizabeth Taylor Jay, bióloga y física. Ella es raizal, nacida en Providencia, y se ha desempeñado como embajadora de Colombia en Kenia; además, será la embajadora del país en misión especial para el Caribe.
Le puede interesar: ¿Caso Nicaragua vs. Colombia ante La Haya marcará un precedente global?
Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, dice que el anuncio es sorprendente. “Llevamos más de 20 años pidiéndole a los gobiernos que nombren a un experto en derecho internacional, y sin duda Valencia-Ospina es el más indicado. Es la primera vez que un gobierno acepta quitarle el enfoque político que se le había dado a ese cargo de agentes. Por fin entienden que los casos ante la CIJ no se pueden manejar con las dinámicas de la política interna”, comentó el analista.
Resaltó los perfiles del agente y coagentes. “Él es el más grande abogado internacionalista que tiene Colombia. Y Olarte Bácares también es un gran acierto, porque además de ser decana de Derecho en la Javeriana, no es una ficha política de nadie; ella es doctora en derecho de la Universidad de Paris 1 Pantheón – Sorbonne. No haré otra cosa que realzar los perfiles absolutamente técnicos que por primera vez en la historia se asumen para este tipo de cargos”, agregó Cárdenas.
Son nombramientos claves, aunque Ricardo Abello-Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, dice que esto no representaría un cambio sustancial en la práctica. El analista le comentó a este diario que el gobierno está en su derecho de modificar los agentes, pues son “una representación diplomática ante la Corte. Sin embargo, aunque el agente y coagentes sí administran el equipo, no hay un cambio en los abogados internacionales, ellos son los que tienen la experiencia de litigio ante la CIJ”.
Michael Reisman, Rodman Bundy, Jean-Marc Thouvenin, Laurence Boisson y Sir Michael Wood seguirán representando a Colombia ante La Haya. De ahí que, según Abello-Galvis, tampoco se va a modificar “ni la argumentación que ya se presentó, ni lo que se va a decir ahora”.
Sobre este asunto, Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado de Colombia, dice que, aunque no se estaría comenzando de cero, sí puede haber unos ajustes frente a la defensa que tiene el país. “Con estos nombramientos, habrá un empalme con los agentes anteriores, y lo que se espera antes de la cita del 5 de diciembre, es que Valencia-Ospina, Olarte y Taylor hagan los ajustes que, de parte de este gobierno, se consideran importantes para incorporar a la defensa”, mencionó Cano.
Fabián Cárdenas hace una aclaración importante: la demanda llegó en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, las fases escritas ya se llevaron a cabo, por lo que el margen de maniobra es pequeño. “Este caso le llega al gobierno Petro casi en las últimas. A estos abogados no se les puede poner la presión de que ahora ellos tienen que salvar todo. Aunque sabemos que también representan una oportunidad”, sostuvo el experto.
Agregó que no hay que dejar de lado el trabajo técnico que hacen los abogados extranjeros. “Esto tiene continuidad y también es positivo para Colombia”, dice Cárdenas
¿Por qué llega este cambio justo ahora?
Enrique Prieto-Rios, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, comenta que se podrían hacer varias lecturas sobres estos nuevos nombramientos. “Por un lado, se sabe que hay un malestar por parte del gobierno de Gustavo Petro con Arrieta y Cepeda; se presentaron muchas derrotas como ganancias, lo cual no fue cierto”, dice el analista.
Le puede interesar: Nicaragua y Colombia en la CIJ: las audiencias de la disputa ya tienen fecha
Lo segundo, según el experto, es que Eduardo Valencia-Ospina y Carolina Olarte sí son expertos en derecho internacional, como lo dijo Cárdenas. “Esto es importante porque a la hora de nombrar a los anteriores agentes, Arrieta sabía de derecho administrativo y Cepeda de derecho constitucional; no eran expertos en lo que se necesitaba”.
Otro asunto clave, de acuerdo con Prieto-Rios, es que al equipo jurídico entra una persona de la comunidad raizal, algo que era importante desde hace un buen tiempo. “Elizabeth Taylor Jay tiene el conocimiento cultural, pero también cuenta con experiencia técnica sobre la protección de la Reserva de la Biósfera Seaflower. Ella será el puente fundamental en todo esto”, agregó.
Rodolfo Cano comentó algo parecido: “Solo con la inclusión de Taylor Jay, esto le da una importancia distinta a los interlocutores que tiene el país frente a la demanda. No vamos a ver un giro de 180°, pero el nuevo gobierno sí está demostrando que tiene una nueva postura: hay que empoderar al territorio, y no como lo hizo el gobierno anterior, que llevaron a unos representantes de la comunidad ante la Corte. Esta vez, hay que involucrarlos en las decisiones que se deben tomar”, comentó el analista.
Fabían Cárdenas dice que el nombramiento de Elizabeth Taylor sí es un acierto. Sin embargo, desde el punto de vista del litigio en La Haya, “no es normal que se incluya a una persona que no es abogada y decir que es litigante ante un Estado. El gobierno tiene que revisar cuál es el rol que le da dentro del tribunal”, sostuvo el experto.
¿Qué sigue ante La Haya?
La diligencia pendiente, que se conoce como “Las preguntas de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense”, corresponde a la segunda demanda que presentó ese país contra Colombia en 2013.
Nicaragua básicamente busca dos cosas: primero, como lo explicó hace unos días Fabián Cárdenas, que se reconozca que ese país supuestamente tiene una plataforma continental que se extiende mucho más allá de las 200 mn. “Y, segundo, que dado que esta se superpone con la plataforma continental de Colombia, le corresponde a la Corte hacer una delimitación”, agregó el experto.
El 11 de octubre, la CIJ informó que en las próximas sesiones ambos países deben pronunciarse exclusivamente sobre dos temas específicos.
Por un lado, si Colombia y Nicaragua consideran que la plataforma continental (es decir, la prolongación dentro del mar del territorio de un país) de un Estado puede “extenderse dentro de las 200 millas náuticas” de otro Estado; básicamente, si ese traslape de fronteras marítimas se ajustaría a lo que para el derecho se considera costumbre.
Asimismo, pide que los países determinen cuáles creen que son los criterios en el derecho internacional consuetudinario para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas. Tras conocer las respuestas de los dos países, los jueces seguirán analizando si la demanda de Nicaragua es factible frente a Colombia.
“Lo que el tribunal está haciendo es revisar si existe o no el derecho, antes de entrar a medir esta plataforma continental, o de buscar expertos para realizar la delimitación de esa plataforma más allá de las 200 mn, que va desde más allá de las 200 hasta un límite máximo de 350 mn”, sostuvo Ricardo Abello.
¿Cuáles serán los argumentos de Colombia?
Cárdenas explica que el derecho consuetudinario “es la idea de que la práctica de los Estados, y la convicción de que esa práctica obedece a obligaciones jurídicas, puede dar lugar a la costumbre internacional”. En ese sentido, agrega un punto clave en este caso: Colombia no hace parte de la convención de Naciones Unidas del derecho del mar, en cuyo artículo 76 se regula todo lo que Nicaragua está pidiendo.
“Nicaragua alega que esas reglas que ellos quieren que se apliquen están basadas en una costumbre internacional; estamos hablando de esa costumbre de los Estados que de algún modo han tenido una práctica que se ha aceptado como derecho (…) Lo que Colombia va a defender es que esa costumbre no existe, que no hay una norma de derecho consuetudinario que regule esos espacios marítimos”, comentó el experto.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más