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Los retos en materia económica abundan: desde sortear el panorama fiscal, pasando por negociar con los transportadores de carga el aumento del diésel, hasta navegar en el incierto mundo de los aranceles de Donald Trump.
Todas estas tareas se deben desarrollar en un entorno turbulento y lleno de cambios. De las ocho carteras económicas, dos han estrenado liderazgo recientemente, Hacienda y Transporte; en dos faltan nombramientos, en Trabajo el puesto quedó libre el domingo tras la renuncia de Gloria Inés Ramírez y en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones desde el 20 de enero que renunció Mauricio Lizcano; y en las otras cuatro (Minas y Energía, Comercio, Vivienda y Agricultura) podría haber cambios en los próximos días en medio del remezón ministerial que planea el presidente Gustavo Petro.
Trabajo
La nueva cabeza del Ministerio de Trabajo tras la salida de Gloria Inés Ramírez, quien estuvo dos años y medio en el cargo, tendrá que asumir, además de retos estructurales, como la informalidad y el desempleo, el trámite legislativo de la reforma laboral y la implementación de la reforma pensional, que entra en vigencia el 1° de julio de este año, salvo que la Corte Constitucional decida lo contrario.
La agenda de la cartera ha estado enfocada en esas dos grandes apuestas. Por el lado de la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo defiende que es una herramienta para devolverle derechos a los trabajadores, con aumentos en los recargos nocturnos, dominicales y festivos, por ejemplo, y para actualizar las reglas del juego, considerando que el Código Sustantivo del Trabajo no ha sido actualizado de manera estructural desde los años 50. Sin embargo, esta iniciativa no es popular entre los empresarios, quienes sostienen que la reforma generaría considerables sobrecostos que incluso pueden afectar el empleo.
Para que la reforma laboral sobreviviera en la Cámara de Representantes el Ministerio de Trabajo tuvo que ceder (en la plenaria le quitaron más de 20 artículos) y ahora la iniciativa tiene por delante dos debates en el Senado, uno en la Comisión Séptima y luego en la plenaria. El camino es cuesta arriba, considerando cómo está la relación entre el Gobierno y el Congreso. Este es el segundo intento, considerando la primera iniciativa se hundió por falta de trámite en junio de 2023.
Por el lado de la pensional, el camino para implementar el nuevo sistema que crea la reforma está lleno de retos, incluyendo la llegada masiva de afiliados a Colpensiones porque todos los usuarios a los que les aplica la reforma tendrán que cotizar hasta 2,3 salarios mínimos en esta entidad.
Minas y energía
Petro ha sido claro en que en su Gobierno la cartera de Minas y Energía debe avanzar en la transición energética y bajar las tarifas, especialmente en la región Caribe. Expertos y gremios han advertido que ambas tareas tienen retos y representan obstáculos que, mal manejados, pueden afectar al sistema.
Por un lado, la transición energética necesita pasos firmes, pero responsables, teniendo en cuenta el lugar que ocupan los hidrocarburos en las finanzas públicas y la necesidad de tener energía en firme (disponible incluso en casos extremos, como sequías); por el otro, las empresas señalan que las tarifas deben asegurar la sostenibilidad del sistema. En el camino se ha cuestionado que el Gobierno ordene a la CREG bajar las tarifas, lo que podría viciar las decisiones de una Comisión que debe ser técnica.
Los ataques y la incertidumbre han sido una constante en la relación entre los gremios y la cartera, hasta ahora en cabeza de Andrés Camacho. En ese panorama, la información para los usuarios ha sido confusa. Aunque la importación de gas ya es una realidad, representando cerca del 4 % de lo que se está consumiendo en el país, siguen existiendo dos versiones: el presidente Petro asegura que las empresas están especulando porque, sostiene, han preferido importar que es más costoso, que consumir el gas local, mientras que las compañías defienden que ese ha sido el camino para garantizar el suministro. Según los gremios, por las implicaciones de importar en el precio del gas y en el transporte, las facturas subirán considerablemente en febrero, especialmente en el sur y centro del país.
En un panorama ya desafiante, las compañías advierten que su difícil situación financiera podría incluso generar un apagón. El Gobierno acumula millonarias deudas con las comercializadoras por los subsidios que se entregan a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Con corte al 31 de enero de 2025, los saldos pendientes con las empresas de energía suman $2,8 billones y con las de gas natural, cerca de $800.000 millones. En el caso de energía, hay que sumar otros pendientes, como la opción tarifaria y las deudas del sector oficial. La situación del Caribe es crítica. Actualmente, Air-e, comercializadora de energía en La Guajira, Atlántico, Magdalena, está intervenida por la Superservicios y Afinia, que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, reconoce que su situación financiera está en riesgo.
Hacienda
Lograr que la economía colombiana crezca en un año de cuentas muy apretadas y evitar que las finanzas públicas se desboquen son dos de los muchos desafíos del Ministerio de Hacienda, cartera que está a cargo de Diego Guevara desde diciembre pasado.
En 2024 se hizo un recorte de $28 billones en el presupuesto y este año, por el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, ya fue necesario que el Gobierno hiciera un aplazamiento por $12 billones. La tijera pasó por 45 entidades y, siguiendo la orden del presidente Petro, la mayoría del recorte está en funcionamiento, aunque también se afectó la inversión.
Funcionarios de Hacienda, incluyendo al ministro, han hablado de la presentación de otra reforma tributaria, aunque está claro que tramitarla no será un asunto sencillo, menos en un año preelectoral y con las fracturas que ya se han evidenciado entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el corto plazo, está pendiente la publicación del decreto que define los tres impuestos que ya anunció el Gobierno para financiar la crisis en el Catatumbo.
En el Plan Financiero, que presentó la cartera la semana pasada, quedó claro que con la caída en los ingresos tributarios (el país obtuvo $244,6 billones en 2024, una baja de $18,5 billones frente a 2023), entre otras cosas, aumentó el déficit fiscal (cerró 2024 en 6,8 % del PIB). Si bien Guevara dice que con esa cifra el país se mantiene dentro de los límites de la regla fiscal, algunos analistas consideran que la metodología que se está usando es cuestionable.
En cuanto a crecimiento económico, el Ministerio de Hacienda estima que en 2025 el PIB crecerá 2,6 %, un mejor desempeño frente a 2024, año en el que la economía habría crecido 1,8 % (estos datos se conocerán la próxima semana), pero menos de lo que se había anticipado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024, donde se estimaba un 3 %. El Gobierno espera que la inflación siga bajando, aunque a un ritmo más lento, y que las tasas de interés también bajen para impulsar la economía. Como el mismo Guevara ha reconocido, el año pasado estuvo lleno de retos y este año no será la excepción.
Transporte e infraestructura
María Fernanda Rojas, quien lleva menos de un mes en el Ministerio de Transporte, tiene en su lista de desafíos las negociaciones con los transportadores de carga para el aumento en el precio del diésel. Para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) el Gobierno hizo varios incrementos en el precio de la gasolina entre finales de 2022 y el primer trimestre de 2024. El objetivo era hacer lo mismo con el diésel, pero cuando la administración hizo el primer incremento de $2.000 en septiembre pasado (para ese momento se estimaba que en total debía subir $6.000) los transportadores organizaron el paro camionero.
Al final, se acordó el incremento de $800 que ya se hizo y el Gobierno prometió cumplir unos compromisos antes de seguir con el ajuste. Ahora la cartera tiene que cumplir con una larga lista de tareas y emprender una negociación que no pinta fácil. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estima que el déficit del fondo cerró 2024 en $8 billones, esa diferencia entre el precio nacional y el internacional del diésel la terminan cubriendo los recursos públicos.
En la lista de desafíos también está resolver cuellos de botella que están retrasando los proyectos de infraestructura, principalmente, por licenciamiento ambiental y consultas previas; el mejoramiento de las vías terciarias, pues el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, según datos de la Contraloría, registra considerables retratos; el pago de deudas del Invías con contratistas del sector, y la reactivación férrea, que tendrá un hito importante en abril, cuando la ANI seleccione el consorcio que se encargará de la construcción, mantenimiento y operación del corredor La Dorada-Chiriguaná. A todo esto se suman otras “papas calientes” como el Muelle 13 de Buenaventura, que regresó a manos del Estado en enero pasado en medio de una disputa entre el Gobierno y Ventura Group.
Comercio, industria y turismo
Esta cartera tiene en sus manos una suerte de granada que nadie sabe muy bien cuándo podría explotar, pero con una alta probabilidad de que lo haga: navegar el mundo de aranceles de Donald Trump.
Luego de la crisis de domingo de hace un par de semanas con EE.UU., un asunto quedó claro y es que el país bien tendría que enfrentarse a un cambio en los vientos de la relación comercial con ese país, nuestro principal socio en esta materia.
Y esto no es poca cosa. Si bien ese día esquivamos esa bala, Trump ha hablado en varias oportunidades de imponer un arancel de 10 % a las exportaciones que entren a ese país (además de las tarifas más punitivas que aplicaría eventualmente contra Canadá y México, por ejemplo).
En esa misma línea, el Ministerio debe seguir impulsando la diversificación de la canasta exportadora del país, para tratar de seguir alejándonos de la dependencia del petróleo, carbón, flores y café y así intentar llegar a otros mercados cuyo liderazgo no decida lanzarse al abismo arancelario.
Además de esto, pero ciertamente conectado, el país goza de una política de reindustrialización que, hasta el momento, no ha visto frutos contantes y sonantes (aclarando que, igual, es un movimiento de mediano y largo plazo). Seguir empujando la economía más allá de las materias primas es una necesidad tan compleja, como necesaria, al final de cuentas.
TIC
Cerrar la brecha de conectividad continúa siendo uno de los mayores desafíos: no sólo llegar con servicios de telefonía y redes móviles, sino conexiones más estables y con precios asequibles. Esta es una misión tan llena de retos, como necesaria.
Esta cartera continúa con la tarea, inacabada (y, por principio, infinita) de seguir aportando en la formación de habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías entre la población. No sólo es alfabetización digital, que es vital, sino empujar esta barrera para incluir formación y apropiación de asuntos como inteligencia artificial. Aspirar a una sociedad del conocimiento pasa justo por acá.
También hemos visto en los últimos años cómo el sector de las telecomunicaciones no solo está enfrentando desafíos financieros (como ya se mencionó en el caso WOM y Tigo), sino que los mismos están estimulando recomposiciones y cambios en el mercado. Muestra de esto es la eventual integración de Tigo y Movistar, lo que podría implicar una dominancia compartida (con Claro), quedando el 90 % del mercado en las manos de dos operadores.
Lo anterior se traduce en desafíos para garantizar un mercado que respete los precios bajos al tiempo en que sigue invirtiendo en mejorar la calidad del servicio, un asunto en donde entidades como la CRC también tienen que entrar a jugar.
Vivienda
La mayor tormenta que debe capotear esta cartera es cómo mantener respirando la construcción de vivienda en el país en momentos de recortes presupuestales y apretones fiscales.
A estas alturas del partido, para nadie es un secreto que el ecosistema de vivienda en Colombia respira gracias a los recursos de Mi Casa Ya. Y si bien la administración Petro ha sido crítica de la parte más extrema de este andamiaje (recursos públicos para mantener el modelo de negocio de unos privados), también resulta claro que sin esa línea de transfusión, ese sector comienza a mostrar números no tan agradables.
Y esto es preocupante por varias razones. Primero, porque al final de cuentas estamos hablando de vivienda, que es un tema fundamental y un indicador clave a la hora de hablar de temas como superación de pobreza y progreso económico. Pero también lo es porque el sector es altamente intensivo en mano de obra, así que un estornudo en este renglón puede traducirse en una gripa en temas de desempleo.
A esto hay que sumarle el avance continuo, pero no tan rápido, en la agenda de agua potable y saneamiento básico. El Plan Nacional de Desarrollo hablaba de una reorganización del país, básicamente, alrededor del agua, un fin que, a todas luces, no se cumple en un mandato y, quizá, ni siquiera en un puñado de estos.
La necesidad de seguir impulsando acueductos y saneamiento básico es aún más urgente en los entornos rurales, en donde se estima que poco más de la mitad de estos municipios tienen una cobertura de agua por debajo de 50 %.
Agricultura
El agro ha sido el gran protagonista de la actividad económica de los últimos años: desde la pandemia, este renglón ha continuado mostrando no sólo signos de reactivación, sino de crecimiento constante, muy por encima de motores tradicionales, como la construcción, por ejemplo.
Esto incluso en medio del peor pico inflacionario en la historia reciente del país, que coincidió con problemas logísticos globales y de escasez en insumos agrícolas por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania.
El reto acá no es sólo mantener en alto la fachada macro del sector, sino impulsar la agricultura familiar en paralelo con continuar con el necesario proceso de mejorar la distribución de tierra en el país, una de las deudas históricas más grandes en un país lleno de estas.
Esto es vital, si se tiene en cuenta que 70 % de la producción de alimentos en Colombia es aportado por la agricultura familiar y comunitaria, de acuerdo con cifras de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA).
Si bien el Gobierno se había puesto una meta ambiciosa en compra de tierras para redistribución vía la reforma agraria (millón y medio de hectáreas en 4 años), actualmente este número va en unas 325.000 hectáreas de sólo compras.
A esto se le pueden sumar otros predios que entran al Fondo de Tierras por vías judiciales y procesos administrativos para llegar a un total de poco menos de 500.000 hectáreas.
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