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Freddy Mahecha, Angie Paola Baquero, Julieth Ramírez, Lorwan Stiwen Mendoza, Jáider Alexánder Fonseca, Germán Smith Puentes Valero, Cristian Camilo Hernández, Andrés Felipe Rodríguez y Julián Mauricio González Fory son las víctimas mortales que dejó aquella noche y madrugada de terror del pasado 9 y 10 de septiembre de 2020.
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Dos años después persisten los cuestionamientos frente a lo que pasó y otros casos de violencia, en los que están involucrados la ciudadanía y uniformados de la Policía y del Esmad. Las familias y los ciudadanos tampoco olvidan aquella jornada de manifestaciones, que la misma alcaldesa Claudia López calificó como “una matazón”.
Este 9 de septiembre de 2023 un grupo de personas, que no han sido identificadas, repitieron uno de los actos de vandalismo que marcó aquella noche del 2020: intentaron prenderle fuego al CAI del barrio La Gaitana (Suba), como forma de protesta frente a la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien fue agredido y asesinado por un policía, en el CAI de Villa Luz, en Engativá.
Hoy, además de la espera de las familias y de la ciudadanía por justicia frente a estos casos, también queda por resolver cómo lograr que no se repitan estas jornadas de horror que prácticamente podrían llegar a ser producto de un círculo vicioso, en que el que los uniformados de la Policía ejercen abuso de autoridad vs al irrespeto de los ciudadanos hacia la institución.
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Para Alejandro Rodríguez Pabón, que hace parte del Observatorio de Violencia Policial, de la plataforma Grita de Temblores ONG, “los hechos del 9S fueron una de las noches de crisis de derechos humanos más violentas y graves de los últimos 30 años en el país. Eso generó unas heridas y quiebres en el tejido social muy grandes, que requieren de un arduo proceso de recuperación, en el que el Estado debe dar garantías de no repetición”.
Abuso de autoridad
Para Rodríguez, desde el Observatorio se han identificado que hay prácticas de estigmatización hacia ciudadanías consideradas violentas y criminales, “como los jóvenes en riesgo de inclusión social, que son diferencialmente afectados, o consumidores de sustancias psicoactivas. También, hacia la población LGBTI y personas que se dedican al trabajo sexual. Todas se ven acosadas por la Policía”.
Asimismo, el abuso de autoridad se repite, porque al interior de la institución también hay problemas en su funcionamiento. “La Policía es una de las instituciones que tiene más funciones asignadas y esto genera que los uniformados sean solicitados para cualquier cosa, desde problemas entre vecinos hasta labores administrativas, por lo que hay una carga alta y esto lleva a violaciones de los derechos humanos y a una mayor cantidad de arbitrariedades, que van ligadas a la carga de funciones”.
Tres momentos que marcaron la protesta social
Para Alberto Sánchez, investigador y experto en seguridad y defensa, hay fechas que marcaron la historia de la protesta social en Colombia en los últimos años. “El primero fue el 21 de noviembre de 2019 y la coyuntura del llamado a paro, que duró cinco días; luego viene a Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020 y toda la dinámica ese año″, mencionó Sánchez.
El experto señala que desde el 2019 se ha registrado “un incremento de confrontación entre la Policía y la ciudadanía, en contextos violentos. Incluso, hay una salvedad importante, y es que en el 2019 ocurrió el caso de Dylan Cruz y todo esto marca unos hitos e incidentes muy graves sobre la violencia pública”.
Asimismo, Sánchez afirma que seguramente las jornadas de horror como las del 9S no se van a repetir, ya que, para él, es “muy difícil que se repitan los hechos tal cual pasó en esa fecha, porque teníamos encima toda la presión de la pandemia, de los encierros, de manejar la situación que afectó nuestra salud mental y acumuló tensiones”.
Incluso, para el experto en seguridad, “la Policía viene trabajando de cara a la regulación de todo el orden social. Sin embargo, la dejaron a cargo de tensiones de manifestaciones anteriores, que no se resolvieron por varias razones”.
Sánchez menciona que en los últimos tres o cuatro años hay factores que reiteran esas tensiones “por no resolver los llamados a paro en 2919; luego por los problemas económicos de pandemia; lo sucedido en 2019, y luego en 2021, más otros hechos de violencia, sobre todo en Bogotá y Cali”, agregó.
En conclusión, para el experto, “en el fondo siguen manteniendo unos factores que no dejan que esa violencia se apague del todo”. Sin embargo, Alejando Rodríguez, de Temblores, propone “ejercicios de perdón público y reconocimientos de los hechos en los CAI puntuales, donde ocurrieron masacres y en los que muchas personas resultaron heridas”. Para él, esto sería un paso fundamental.
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Por Sara Caicedo
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