Víctimas, prueba ácida para las Farc

Primero, las recientes acciones violentas de las Farc, que tienen al límite la paciencia del gobierno y de los colombianos, como bien lo expresó el presidente Santos tanto en su intervención ante el Congreso el 20 de julio, como en su discurso de posesión el pasado jueves. “La paciencia de los colombianos…no es infinita. Señores de las Farc: ¡están advertidos!” Segundo, la carta de ‘Timochenko’ en la que, entre muchas cosas, dice que las Farc no se arrepienten de nada de lo que han hecho; las declaraciones de ‘Calarcá’ a The Guardian con amenazas de pararse de la mesa, y las de ‘Catatumbo’ insistiendo en que el Estado es el responsable del conflicto y justificando el secuestro, que los muestran, como siempre, fuera de sintonía con la opinión y más envalentonados que nunca. Tal vez creen —enfermos de soberbia y miopía política—, que Santos les debe la reelección, que es rehén del diálogo, y que eso les amplía el margen de maniobra. Y tercero, la cuestión de las víctimas, la más sensible y crucial, que está enredada tanto por la reticente posición de las Farc, como por las diferencias entre los diversos grupos de víctimas.

Es la primera vez que un proceso de paz tiene como norte a las víctimas, a todas las víctimas —de las Farc, del Estado, de los paramilitares—. Su reconocimiento y su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición. No fue así en el caso del M-19 y otros grupos guerrilleros. Las víctimas no fueron reconocidas, no participaron, no recibieron atención del Estado. Y en la negociación con las Auc, cuyo fin era su desmovilización —con impunidad y olvido—, las víctimas fueron invisibles en el proyecto inicial de Alternatividad Penal (2003). Aparecieron en 2005, en la Ley de Justicia y Paz (víctimas de organizaciones al margen de la ley), gracias a la presión de amplios sectores de opinión, Ong de derechos humanos nacionales e internacionales, un puñado de congresistas y las organizaciones de víctimas. Pero quedaron excluidas las de agentes del Estado.

La negación del conflicto interno en los gobiernos de Uribe impidió reconocer a las víctimas de todos los actores armados. Su posterior aceptación por el gobierno Santos y la promulgación de la Ley de Víctimas (víctimas del conflicto armado), significaron un avance. Aun así, no fueron reconocidas en forma explícita las víctimas del Estado.

La definición gaseosa de “víctima” y su reconocimiento parcial, crea zonas grises, pues en un conflicto interno muchos victimarios han sido víctimas, muchas víctimas lo son por partida doble, y combatientes de uno y otro lado ven violados sus derechos a la luz del DIH. El conflicto colombiano no puede explicarse en una perspectiva bipolar, Estado vs. Farc. El paramilitarismo también hace parte del mismo, así como las alianzas criminales de agentes del Estado con esos grupos para perpetrar asesinatos selectivos, masacres, desplazar y desaparecer personas…

El proceso de La Habana, como ninguno antes, contempla la participación de todas las víctimas. De ahí las dificultades y las diferencias y los intereses encontrados entre los grupos afectados. Pero es la oportunidad de hacer un proceso integral, sin discriminación de víctima alguna, de superar la negación. El Estado lo ha hecho parcialmente. Es el turno de las Farc, la prueba ácida: aceptar su cuota de responsabilidad y reconocer a sus víctimas.