Lecciones de la triste Argentina

Esta historia tiene su origen en el vicio argentino de llegar a situación de cesación de pagos sobre su deuda. Esta es la octava vez que dicha nación entra en default y tiene que enfrentar los efectos inmediatos en el flujo de inversión extranjera y en la salida de capitales. El impago de hoy es el resultado de la misma declaración en 2001, cuando Argentina logró renegociar su deuda en un 93% y lograr que sus obligaciones se redujesen en promedio a un 30%. En aquel momento sólo un 7% se escapó del acuerdo, el mismo que elevó la demanda ante la jurisdicción americana y que hoy tiene entre la espada y la pared a toda una nación.

El curioso juez le dio la razón a ese 7% y exigió el pago de la deuda en su valor total, situación que pone a este país contra la pared, pues cualquier negociación más atractiva obliga a que dicho beneficio llegue al 93% restante ya negociado. El escenario pesimista que sucedería en dicho caso es pagar más de US$100 mil millones, situación que simplemente no es posible en una nación cuyas reservas internacionales están del orden de US$30 mil millones.
La disyuntiva actual es entre no tener con qué pagar o asumir el resultado del default. Otra opción es lograr la negociación con ese 7% de acreedores y buscar caminos para cumplir con las obligaciones del 93% restante, sin tener que pasar por la jurisdicción americana.

Mientras esto último ocurre, los perversos efectos son más devaluación (con su consecuente impacto en aún más inflación y elevación de tasas de interés), corrida de capitales y dramática disminución de la inversión extranjera (en 2012 llegaron a Argentina US$12 mil millones y en lo corrido del primer trimestre de 2014 no supera los US$210 millones). Sumémosle a esto mayores niveles de desconfianza internacional al sistema financiero argentino y más años en que ese país no podrá volver al mercado de capitales y financiero internacional.

Este desolador panorama demuestra que las demagogias de izquierda, que siguen su curso en América Latina (como ésta o Venezuela, entre otras), todos los días demuestran el fracaso de su manejo económico, que tiene efectos inmediatos en lo social y en lo político. Basta comparar lo anterior con el desastre de la economía venezolana, que se hunde en ausencia de divisas, devaluación e inflación galopantes, escasez de productos de consumo, aparte de la restricción a las libertades de empresa y de opinión.

El efecto de este pésimo manejo económico y político es la destrucción de la institucionalidad. Ya lo decía en su más reciente libro el profesor Niall Ferguson, de las universidades de Oxford y Harvard: ciertas “democracias” están rompiendo el pacto intergeneracional al dejar una pesada carga de deudas a sus hijos o nietos, generando posibles y peores cesaciones de pago en el futuro, en cabeza de una generación que no creó los problemas, pero sí sufre las consecuencias. Dicho de otro modo, estas naciones están destruyendo su propio futuro y complicando su recuperación en el mediano o largo plazo.

De postre

Dice el mismo profesor Ferguson, que otro ejemplo de destrucción de institucionalidad es cuando, en lugar de primar el imperio de la ley, prima el imperio de los abogados. Algo de esto sucede en Colombia, donde la ley terminó en el imperio desastroso de carruseles de contratación, intereses económicos, reformas a la justicia indeseadas, injusticia en las decisiones de las altas cortes, abusos y escándalos que colman las páginas de los medios de comunicación, como recientemente lo mostrara El Espectador. ¿Hasta cuándo tendremos este desastre de sistema judicial?

*José Manuel Restrepo
jrestrep@gmail.com / @jrestrp