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La meta de comprar tres millones de hectáreas para redistribuir la tierra fue estipulada por el punto uno del Acuerdo de Paz que es sobre la reforma rural integral. El Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo suyo ese objetivo y hasta firmó un acuerdo con Fedegán para comprarle al gremio ganadero esa cantidad de hectáreas.
En principio ello suponía un reto enorme, tal era su magnitud que la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que lograrlo en cuatro años era imposible. “Si llegamos a comprar 500.000 hectáreas al año y en total sumamos millón y medio o un millón, somos unos magos”, aseguró ante la Comisión Quinta del Senado.
Esto no quiere decir que se redujo la meta de la reforma agraria sino el objetivo que tiene este Gobierno durante su periodo de cuatro años. El Acuerdo de Paz da un plazo de 12 años para que se cumpla, de los que han pasado seis.
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💭 La realidad frente a las promesas
Pese a esto, lo que “sí debe quedar establecido el sistema de compra, identificación de predios y de dónde saldrán los recursos”, afirmó Carlos Duarte, profesor de la Universidad Javeriana de Cali.
En ese sentido, la ministra López se comprometió a que “más allá de cuánto compremos y distribuíamos ahorita, es hacerlo tan bien que los próximos gobiernos no tengan razones objetivas para parar la reforma agraria”. Porque es un proceso que “no se hace en un cuatrienio, se hace en un periodo que ojalá no pase de dos o tres gobiernos”, añadió.
“Estas situaciones muestran que el Gobierno ha planteado diversas estrategias sin un previo análisis y evidencias que verdaderamente indiquen qué es posible lograr y qué es lo aspiracional”, apuntó Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.
Tanto López como los expertos consultados por este medio coinciden en que esto es mucho más realista y acorde a las posibilidades. “Es mucho más realista, sensato y realizable. Esto puede cambiar o no, las expectativas de las personas, aunque un millón y medio sigue siendo ambicioso”, expresó María del Pilar López Uribe, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y añadió que esa cantidad de tierra es más parecida a lo que han hecho reformas agrarias pasadas.
Y es que “fiscal y presupuestalmente no están los recursos suficientes para respaldar el tamaño de la compra de los tres millones de hectáreas acordadas con Fedegán”, apuntó Gabriel Tobón, profesor e investigador de la Universidad Javeriana. Tampoco las instituciones como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) tenían cómo responder a tal reto.
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🚜 La redistribución en la reforma agraria
La reforma planteada por el Gobierno Petro tiene cuatro componentes:
- 📜 Legalizar y otorgar títulos de propiedad de sus tierras a campesinos, afrodescendientes e indígenas.
- 🌱 Arrendar terrenos productivos incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
- 💰 Comprar tierras a privados para entregárselas a las más de 39.000 demandantes que están en proceso en la ANT.
- 🏜️ Asignación y la recuperación del Estado de los baldíos indebidamente adjudicados.
Entre estos componentes, la compra es clave para diferenciar esta reforma agraria de todas las demás que han pasado por el país. Estas fueron “más de distribución que de redistribución porque había muchas tierras baldías que se podían adjudicar, pero hoy esa cantidad es menor”, dijo López Uribe.
De allí la importancia que tiene, aunque es claro que también puede usarse la extinción de dominio y los baldíos productivos, “pero esa cantidad es muy baja y no cubre la meta”, agregó López Uribe.
Por la importancia de dicho punto, para quienes esperan la tierra este anuncio de la ministra puede causar “cierta desesperanza, pero creo que es fácilmente corregida por el Gobierno si vincula a las organizaciones campesinas y del movimiento agrario (incluyendo los étnicos) porque entienden que los candidatos prometen demasiado, pero que la realidad en el Gobierno es distinta y no se puede cumplir como se prometió”, resaltó Tobón.
Otra alternativa para disminuir el impacto de la reducción de las hectáreas es que se piense “cómo se puede optimizar y hacer más eficiente estos territorios a redistribuir para que generen procesos productivos con valor agregado e ingresos dignos para la población rural”, propuso Pardo.
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💲 ¿Y la plata?
Si bien para López Uribe los anuncios de la ministra son positivos, “lo malo es lo que no dice. Todavía no tenemos claridad de cómo se van a asignar las tierras ni de dónde saldrá el dinero para comprarla, entre otros aspectos relevantes”.
Justamente la duda más importante de la compra de predios es: ¿de dónde va a salir el dinero? La idea inicial era financiarlo con bonos de deuda pública, pero el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue claro al decir que eso no se puede hacer y que “no está autorizado”.
Ante esto han surgido otras posibilidades. La primera consiste en “garantizar un monto de recursos que no se va a perder y que no esté sometido a la rigidez del presupuesto. Para eso nos inventamos, con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, crear un patrimonio autónomo que tiene que hacerse mediante la ley”, anunció la ministra López.
Mientras se crea ese mecanismo, Cecilia López dice que hay que tener un margen de recursos “que me imagino que irá al plan de desarrollo”. Aunque tampoco da mayores detalles.
Otra alternativa de financiamiento que está en evaluación vendría de una parte del préstamo de 100 millones de dólares “para el desarrollo agropecuario sostenible por parte del Fondo Verde de Naciones Unidas”, resaltó la ministra. Pero tampoco es clara la cantidad de recursos.
La ministra de Agricultura estima que las tierras no costarán “los 60 billones, que era lo que valdrían los tres millones. Es difícil que sean 30 billones, es muy posible que sea menos”.
De otra parte, para Tobón es necesario que también haya información clara. “No hay un inventario exacto de la tierra que se necesita, las familias que la necesitan ni los baldíos de la nación. Además, el país no cuenta con un sistema de catastro que represente el estado en el que se encuentran los predios del país o está desactualizado en algunos municipios”, puntualiza.
Sin duda, son amplios y diversos los retos que enfrenta la reforma agraria para convertirse en un hecho. Esto va más allá de la compra de tierras, pero ese sigue siendo un punto clave sobre el que permanecen muchos interrogantes y expectativas. Se espera que vayan siendo resueltos conforme avanza el proceso y que se ajusten a la realidad de lo que sí es posible ejecutar en Colombia.
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