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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó este martes una audiencia, no solo histórica en el avance del esclarecimiento de los hechos que investiga esta instancia judicial, sino también simbólica. Por primera vez desde su creación, comparecientes de las Farc reconocieron su responsabilidad en uno de los macrocasos territoriales que arrancó a investigar hace nueve años. La diligencia había iniciado el pasado 25 y 26 de noviembre.
Se trata del expediente que busca justicia, verdad y reparación para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas contra pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El paso que dio la JEP es crucial, porque intenta hacer justicia para la paz en medio de una nueva ola de violencia y toma el pulso a lo que hoy esperan las víctimas del sistema.
“¿Por qué las reparaciones deben ser simbólicas cuando se causaron tantos daños materiales?” Esa fue una de las preguntas que planteó uno de los voceros de las víctimas* de las antiguas Farc durante una audiencia de reconocimiento ante la JEP que se desarrolla en Cali, bajo estrictas medidas de seguridad.
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Nueve comparecientes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla le dieron la cara a las víctimas de desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, masacres, tomas armadas, minas antipersonal y crímenes contra el medio ambiente y ecosistemas como el río Cauca en esta esa zona del Pacífico colombiano. En total, se priorizaron hechos ocurridos en 14 municipios del Cauca y cinco del Valle del Cauca
Una zona del país que sigue sometida bajo una guerra a sangre y fuego, especialmente por disidentes del Acuerdo de Paz 2016. Hombres que, de haber firmado la paz y dejar las armas, estarían también ante la JEP y sus víctimas. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien es correlator del caso 05 y presidió la audiencia, dejó constancia de las violencias que se siguen repitiendo.
“Quiero reiterar mi preocupación por la delicada situación de orden público que enfrentan actualmente las mismas comunidades que están en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Renuevo mi llamado a las entidades del orden nacional a que se garantice la protección, la integridad y los derechos fundamentales de todo este territorio, de sus habitantes, y reafirmemos el compromiso con su dignidad”, dijo el togado durante la audiencia.
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La barbarie de las Farc en el suroccidente
La Sala de Reconocimiento ha identificado nueve patrones macrocriminales que resumen la actuación de las antiguas Farc en estas zonas, caracterizadas por décadas de exclusión, despojo, militarización y control armado que rara vez fueron plenamente visibilizados o judicializados.
La investigación, abierta en noviembre de 2018, abarca un lapso de 23 años y ha documentado ataques a municipios, uso de minas antipersonal, afectaciones ambientales, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, confinamientos y agresiones sistemáticas a la autonomía, la justicia propia, la educación y la economía de los pueblos indígenas.
En este macrocaso, la JEP ha acreditado 156 sujetos colectivos como víctimas: 45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios afrodescendientes y 14 organizaciones de víctimas, que representan a más de 180.000 personas. Esto convierte al expediente en el más amplio de toda la justicia transicional.
Los nueve excombatientes imputados como máximos responsables son alias “Leonel Páez”, “Luis Garipiari”, “José 40”, “Marcos Zamora”, “Ricardo Loaiza”, “Jaime Barragán”, “Euclides Salazar”, “Fernando García” y “Enover González”. Todos deben responder por ataques y hostigamientos a municipios, masacres, ejecuciones extrajudiciales, confinamientos masivos y daños al río Cauca, reconocido también como víctima. Durante la audiencia pública en Cali, los comparecientes aceptaron su responsabilidad.
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Las preguntas de las víctimas
Ante una ofrenda de flores, frutas del Pacífico y velas blancas ubicada en el centro del auditorio de un hotel de Cali, algunas de las víctimas se acercaron, antes de intervenir en la audiencia para poner una flor y expresar en voz alta lo que anhelan que surja de la primera audiencia de reconocimiento del caso 05. Perdón, paz, reconciliación, amor y verdad fueron algunas de las intenciones expresadas por las víctimas.
“Por la armonía y solidez, así como el río funge hacia el mar”, dijo en su breve intervención uno de los voceros de las comunidades que, como señaló el propio magistrado Sánchez. Durante el primer bloque de la diligencia, la magistratura y los comparecientes escucharon a dos de voceros de víctimas hablar sobre cuatro de los patrones criminales ejecutados en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
El primero de los intervinientes leyó un pronunciamiento escrito a varias manos con las organizaciones de víctimas de la región, en el que dirigió fuertes preguntas a los máximos responsables de las antiguas Farc. “Comparecientes: no basta con que digan ‘fuimos nosotros’, necesitamos respuestas claras. Ustedes que decían ser el ejército del pueblo, ¿cómo justifican haber asesinado al pueblo afrodescendiente?”, expresó. La intervención, hizo énfasis en el caso de la masacre de Los Recuerdos, ocurrida el 23 de noviembre del año 2000, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
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Sobre las 8:30 de la noche de ese jueves, hombres pertenecientes a la columna móvil Jacobo Arenas de las antiguas Farc entraron a un establecimiento comercial disparando de forma indiscriminada. Doce personas murieron en ese hecho. “Ustedes justificaron esa masacre diciendo que eran paramilitares, cuando sabían que era un lugar de encuentro de la comunidad”, dijo el vocero de víctimas.
Agregó que esa práctica criminal buscó, a sangre y fuego, dominar a la población. “Ustedes lo llamaron control social, pero nosotros lo llamamos terror”, concluyó. Otra de las víctimas habló sobre las consecuencias del desplazamiento forzado. “Mi identidad se desdibujó el día que tuve que huir. O entregábamos la tierra que nuestros ancestros liberaron con sangre, o entregábamos nuestras vidas y las de nuestros hijos”, expresó.
Si bien destacó la importancia de que algunos de los antiguos jefes regionales de la antigua guerrilla les den la cara y reconozcan su responsabilidad, aún hay una parte de su petición que no ha sido satisfecha: la verdad. “El dolor no se borra, pero la verdad sana. Por eso no aceptaremos discursos vacíos”, dijo.
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A lo que otro de los voceros agregó: “Reconózcanlo ante el país y ante nosotros, que estamos hartos, cansados de la violencia”. En un segundo momento, los voceros se refirieron también al confinamiento por siembra de minas, afectaciones colectivas de derechos de afrocolombianos y afectaciones a la naturaleza. Sobre el primero de esos crímenes, una de las víctimas señaló que las antiguas Farc, con “la lógica de la guerra”, transformaron sus territorios en “geografías del miedo”.
Detalló que mientras una parte de la población se desplazó forzosamente, otra fue obligada a atrincherarse en sus viviendas por temor a caer en campos minados o a quedar en medio del fuego del grupo guerrillero. “Establecieron líneas invisibles, retenes ilegales, toques de queda y restricciones de movilidad para mantener un dominio armado, económico y político sobre la población”, señaló.
“¿Cómo piensan devolverle a esta generación los sueños de desarrollo que truncaron con sus armas?”, preguntó otro de los voceros de víctimas al hablar sobre las afectaciones al ejercicio de derechos por parte del pueblo afro. Aseguró que los máximos responsables de las antiguas Farc afectaron la autonomía, la justicia, la economía y la educación para mantener el control social en los 19 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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Señaló: “Ustedes no solo mataron cuerpos, intentaron matar nuestra alma colectiva. A través del terror, buscaron que nos avergonzáramos de nuestra identidad. Nos robaron el tiempo, nos robaron décadas de progreso comunitario para someternos a su dinámica de supervivencia”.
El bloque de intervenciones de las víctimas durante el primer día de la audiencia lo cerró otra vocera que se refirió a los crímenes cometidos por las antiguas Farc en contra del medio ambiente y los recursos naturales. “Me paro aquí para ser la voz de la víctima más grande y silenciosa de esta guerra. Ustedes cometieron un ecocidio, porque lo que hicieron fue matar sistemáticamente nuestros ecosistemas”, señaló.
La vocera detalló que se deforestaron bosques para sembrar cultivos de uso ilícito y que los ríos fueron de los ecosistemas más afectados: contaminados con mercurio y cianuro para la minería ilegal, luego convertidos en fosas comunes. “Convirtieron fuentes de vida en corrientes tóxicas”, concluyó.
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Las justificaciones de los exfarc
Los nueve máximos responsables, sentados en línea frente a los voceros y ante un pequeño auditorio de integrantes de los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, respondieron a las preguntas de las víctimas. Todos tomaron el micrófono y aceptaron su responsabilidad en los crímenes expuestos por el magistrado Sánchez y por las víctimas.
Pero aprovecharon también para justificar en parte que sus acciones no fueron deliberadas y señalaron que solo “cumplían órdenes que venían del Secretariado”. En casos puntuales, como el del desplazamiento forzado, coincidieron en decir que se trató de una consecuencia directa de otros hechos como los enfrentamientos con la fuerza pública.
“Sí hubo afectaciones por enfrentamientos, pero no asesinatos de comunidades afros”, dijo uno de los comparecientes sobre las denuncias del patrón criminal de desplazamiento forzado. “Hubo desplazamientos, pero el objetivo no era desplazar a las comunidades ni combatir contra ellas. Estos desplazamientos se dieron en el marco del conflicto armado”, agregó otro de ellos.
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“Las víctimas han traído nombres unificados y quiero reconocer estos hechos como graves. Pero quiero aclarar que nunca hubo un plan diseñado para cagarles la vida a estas personas. Entre otras cosas, su buen nombre no fue manchado porque fueran paramilitares, era consecuencia de la guerra lamentable”, indicó alias “Ricardo Loaiza” en su intervención.
Al finalizar la primera jornada de la audiencia, el magistrado Sánchez señaló la importancia de esta diligencia. Destacó además que los voceros de las víctimas pusieron sobre la mesa ideas de Trabajos, Obras o Actividades de Carácter Restaurador o Reparador (TOAR) que quedan en la agenda de cara a una sentencia futura del Tribunal para la Paz.
“Hay una demanda sentida de reconocimiento, de perdón y de actos de reparación”, concluyó el togado. La segunda parte de la diligencia, que será a partir de las 8 de la mañana del 3 de diciembre, estará enfocada en crímenes contra indígenas y campesinos del sur del Valle del Cauca, cometidos por los mismos máximos responsables.
*Las identidades de víctimas y comparecientes fueron omitidas por motivos de seguridad.
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Por Gustavo Montes Arias
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