¿Herederos del mal?

La investigación continúa un proyecto que inició con la denuncia de la llamada parapolítica y ha producido informes periódicos sobre redes electorales regionales, infiltradas o comandadas por grupos ilegales. Las denuncias del equipo han servido como evidencia en decenas de procesos judiciales. Durante el gobierno Santos fueron incluso solicitadas para ejercicios de control político en la antesala de la campaña electoral. Uno de sus hallazgos recientes, que desencadenó amenazas hacia varios de los investigadores, terminó en la destitución y proceso penal contra Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira. En esta ocasión, el libro se concentra en el Congreso electo y anuncia “el triunfo de la parapolítica”. Los autores explican cómo las estructuras de la parapolítica han optado por tres mecanismos indirectos de “cooptación estatal” en Valle, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira.

El primero es de “apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política”. Para ejemplificar este “apoyo” se expone el caso de Moisés Orozco, abogado de los Rastrojos en el Valle del Cauca, quien se ha estrenado como candidato, fórmula o financiador.

El segundo mecanismo es el de ejercicio del cargo “en cuerpo ajeno”, a través de un amigo o familiar: Antenor Durán “en cuerpo ajeno” de Kiko Gómez, los hijos del exgobernador de Santander Hugo Aguilar “en cuerpo ajeno” del padre.

Un tercer mecanismo agrupa “alianzas regionales pequeñas” para ganar elecciones nacionales. Según afirman los autores, este sería el caso de Bernardo Elías Vidal. También se concluye que la “cooptación” actual del Estado no es armada y se basa en la financiación de campañas, ante la pasividad de los partidos y la ciudadanía.

Pese a la importancia y relevancia del informe, la saga de los “herederos del mal” debería ser leída con ciertas precauciones, pues en el largo plazo podría suponer generalizaciones cuestionables. Aunque los informes suelen presentarse por departamento o denunciando estructuras locales, las conclusiones, que son siempre generales y amplias, pueden llevarnos a pensar que en todas partes pasó lo mismo con grupos distintos y en momentos diferentes. Así se pierden de vista las enormes diferencias que pueden encontrarse, incluso en el interior de un departamento y de las variaciones entre sitios como Casanare y Cesar. Pueden obviarse también las diferentes trayectorias de paramilitares, guerrillas y narcotraficantes (o puede darse la impresión de que estos grupos son homogéneos). La figura de “en cuerpo ajeno” es, además, una forma de no tomarse muy en serio los cambios generacionales y de contexto.

Finalmente, el uso de las categorías de captación o cooptación del “Estado” es confuso y tiene sus límites. Hace pensar en un Estado prístino, tangible, que está físicamente en una parte y es penetrado por la política local que lo malea. Por los “herederos del mal” que lo corrompen. En lo más pulpito, sin embargo, estas estructuras políticas o electorales negocian, entre otras cosas, las inversiones y tramitan las obras públicas. Que tengan piernas en la ilegalidad no quita que sean centrales en la construcción cotidiana del Estado. No está claro que tengan que “penetrarlo”, pues forman parte de él.