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Mi hijo Israel Hernández Llach murió el 6 agosto del año pasado a manos de un agente de la Policía de Miami Beach.
Un agente innecesariamente le disparó una descarga eléctrica con una pistola taser y él falleció como consecuencia de un paro cardiaco producido por esa andanada: así está diagnosticado por los médicos forenses de la Universidad de Miami.
No tengo palabras para describir el inmenso dolor que nos ha causado la pérdida injusta de nuestro querido hijo, un muchacho que destellaba como promisorio y talentoso artista. Tampoco me alcanzarían estas líneas para manifestar la impotencia que sentimos por la aberrante impunidad que rodea el caso.
No obstante que agradezco el acompañamiento de las autoridades diplomáticas de mi país en Estados Unidos, es justo reconocer que han sido insuficientes para incidir en la resolución del caso. Al contrario, sí que opera la de Estados Unidos cuando un connacional es víctima de hechos delictivos en Colombia: el tiempo es elocuente en registrar que los esfuerzos no han producido los resultados esperados.
Las evidencias que rodean la muerte de mi hijo están a la orden del día: los registros fílmicos del sector, las patrullas, los audios, los testimonios de dos amigos que estaban con él, la necropsia, y toda la cadena indiciaria, documentan que en el caso hubo un exceso de la fuerza que conduce necesariamente a considerar que hubo dolo o, cuando mínimo, homicidio culposo.
El acompañamiento del Comité para la Justicia en nombre de mi hijo, Americas Community Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la comunidad colombiana del Sur de la Florida, entre otras, ha sido un gran apoyo para no perder las esperanzas de encontrar la justicia que este caso merece: pintar un grafiti en la pared de un inmueble en desuso, y hallándose el artista en estado de indefensión, no puede constituir un motivo para imponerle a un ser humano una pena de muerte sin ningún tipo de juicio previo.
Es hora de imponer límites, e incluso, eliminar el uso de las taser, que han ocasionado muertes significativas en Estados Unidos (con la Florida siendo el segundo lugar de mayor número de fallecimientos por esta causa), según Amnistía Internacional en un informe fechado en 2013.
Mi hijo murió por una leve infracción que solo ameritaba un llamado de atención, la obligación de pintar la pared, la imposición de algún trabajo social. Jamás asesinarlo. No representaba ningún peligro ni amenaza en el momento de su muerte para nadie y menos para los policías captores, que festejaron su deceso como cuando alguien “caza a su presa”. La respuesta de la autoridad fue excesiva y desproporcionada.
Al conmemorarse un año de su muerte, solo pido que interceda el supremo para que nos siga dando fuerza, valor y esperanza, y así encontrar la justicia que hasta el momento ha sido esquiva.
Israel Hernández Bandera *