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La carta enviada el 21 de octubre de 2022, con copia al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, por diferentes asociaciones y empresas del país norteamericano argumenta que los nuevos requisitos para las empresas que invierten y exportan a Colombia, propuestos en la Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro, van en contravía con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia.
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“El proyecto de ley 118 de 2022 impactaría negativamente las exportaciones de bienes y servicios de EE. UU. y contravendría la carta y espíritu del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. de varias maneras (…) Le instamos a que se comprometa de inmediato con sus homólogos colombianos para garantizar que no se apruebe en su forma actual”, dice el documento.
Entre las doce asociaciones firmantes se encuentran: ACT | The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Computer & Communications Industry Association, Express Association of America, Information Technology Industry Council, National Foreign Trade Council, Silicon Valley Tax Directors Group, TechNet, Travel Technology Association, U.S. Chamber of Commerce y United States Council for International Business.
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Afirman que en el documento de la reforma se contempla “imponer impuestos a los no residentes únicamente sobre la base de tener una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, teniendo en cuenta una cierta cantidad de ingresos brutos, el número de clientes colombianos o usuarios, o uso de precios o aceptación de pagos en la moneda local”.
Por otro lado, argumentan que la redacción actual de los artículos 48 y 52 implica que estos “se aplicarían potencialmente a todas las empresas estadounidenses que envían mercancías a Colombia, independientemente de su presencia física en Colombia”. Por lo tanto, estos impuestos anularían la exención arancelaria proporcionada a las exportaciones estadounidenses.
Advierten, además, que en cuanto a los servicios digitales “sólo se aplicaría a los proveedores no colombianos, la retención de 10% y el cargo de 5% sobre los ingresos brutos “equivaldrían a un “impuesto sobre los servicios digitales” (DST)”, según el diario La República. “También notamos que cualquier impuesto bajo la propuesta, ya sea a través de retención en la fuente o la presentación de una declaración de impuestos, si se promulga, pondría a las empresas estadounidenses que están activas en las industrias listadas en desventaja competitiva en relación con los competidores no estadounidenses activos en Colombia”, agregan.
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En uno de los apartados de la misiva aseguran que esta reforma “perjudicará a las pymes estadounidenses y a sus empleados, que ya se enfrentan a una serie de desafíos, incluyendo altos niveles de inflación”.
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