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Este viernes se desarrolla un consejo de seguridad en Tuluá, Valle del Cauca, en el que se espera haya conclusiones sobre qué medidas tomar con respecto a la situación de orden público en el municipio, el cual cada tanto es noticia nacional por cuenta de las acciones violentas adelantadas por las mafias locales que se pasean por sus calles. Aunque hace un par de semanas llegaron 600 uniformados del Ejército con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona del país, el pasado martes 12 de septiembre las instalaciones de de los juzgados de Tuluá fueron atacados con explosivos y hoy se investiga qué grupo ilegal ejecutó el atentado.
El hecho violento ha causado tal preocupación, que hasta la Corte Suprema de Justicia se pronunció y pidió protección por parte del gobierno a los funcionarios de la Rama Judicial que trabajan en Tuluá en medio de las mafias enquistadas en el municipio desde hace varias décadas. Fuentes locales consultadas por El Espectador dieron detalles sobre el contexto violento que precedió el atentado del pasado martes, a seis semanas de las elecciones locales y en la que están en juego qué tanto poder territorial van a tener las estructuras criminales en municipios como Tuluá, entre otros, que son claves en cadenas de narcotráfico y extorsión.
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Desde julio de este año la situación en Tuluá se empezó a agravar cuando fueron asesinados en pocos días tres funcionarios de la Secretaría de Tránsito. De acuerdo con las investigaciones periodísticas y de las autoridades, las víctimas fueron atacadas por La Inmaculada, la banda criminal que durante años ha azotado a la población tulueña y que hoy se autodenomina como la Oficina. La cronología de las muertes fue así: el 5 de julio fueron asesinadas Alejandra Guatapí, directora del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad, y Katherine Toro, funcionaria de la misma entidad, quienes fueron asesinadas dentro de un vehículo.
Tres días después, fue asesinado el agente de tránsito John Jáiber Hincapié, quien recibió varios disparos mientras se desplazaba en una motocicleta de la entidad por el centro de la ciudad de Tuluá. Aunque no es muy claro qué está sucediendo en el interior de esa entidad, funcionarios locales le contaron a este diario que hay una disputa bajo cuerda por qué clan político se quedará con esta Secretaría en las próximas elecciones, la cual, desde hace varios años, hay sospechas de corrupción. Incluso, en noviembre de 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en medio de sus investigaciones que apuntaban a esa dependencia de Tránsito.
Un mes después, a principios de agosto de 2023, empezó a circular en redes sociales y en las calles de Tuluá un panfleto firmado por un grupo criminal autodenominado como los Cancerberos. el mensaje amenazante señaló a una serie de Policías que, supuestamente, estaban al servicio de La Inmaculada y les ordenaban salir del municipio de inmediato. Además, le exigían a los periodistas del municipio que difundieran los mensajes o iban a ser considerados como “objetivos militares”. La Fundación Para la Libertad de Prensa prendió las alarmas sobre la situación y resaltó que esta situación agrava la ya delicada situación de la prensa que cubre asuntos de interés público en el municipio.
Delincuencia desde las cárceles
Fuentes de Inteligencia policial le dijeron a este diario que uno de los principales problemas de la seguridad en Tuluá, es que muchos de los capos del municipio siguen dando órdenes desde las cárceles. Una muestra de que en el interior del centro carcelario de Tuluá no controles de ningún tipo es el motín que se produjo en junio de 2022. El trágico hecho dejó 57 personas muertas y varios heridos de gravedad. Las autoridades penitenciarias han intentado mover a los capos de Tuluá a otros centros de reclusión, pero aun así se las arregla para seguir delinquiendo tras las rejas.
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En diciembre de 2022, El Espectador contó como los líderes de las bandas en Tuluá, desde las cárceles de La Dorada (Caldas) y Acacías (Meta), seguían extorsionando a empresarios y campesinos del Valle del Cauca y el Quindío. A esta conclusión llegó la Fiscalía General luego de una extensa investigación en la que también encontraron pruebas de que una de las organizaciones criminales tiene alcance internacional: dirigen una red de narcotráfico que llega a España, a través de correos humanos, es decir, personas que se ofrecen o son obligadas a llevar cocaína en sus maletas o cuerpos.
¿En riesgo las elecciones?
Aunque el secretario de Seguridad de la Gobernación del Valle del Cauca, Camilo Murcia, dice que hay garantías para adelantar los comicios, la Rama Judicial dice todo lo contrario. Incluso, anunció que no asignará funcionarios para que participen de las mesas escrutadoras en Tuluá el próximo 29 de octubre. Luego del atentado contra los juzgados del municipio, El Tribunal Superior de Buga le informó a la Registraduría Nacional que no va a designar personal para que se traslade hasta el centro del Valle del Cauca, hasta que existan garantías de que los violentos no alteren el orden públicos durante la jornada.
Además, no es la primera vez que en los últimos años los funcionarios judiciales de Tuluá son atacados. En mayo de 2021, en pleno paro nacional, el Palacio de Justicia de Tuluá fue quemado por delincuentes en medio de la revuelta social que vivía el país. A los pocos días, cuando el fuego y los ánimos se extinguieron, el Consejo Superior de la Judicatura señaló que varios expedientes judiciales fueron quemados y que las consecuencias en los procesos eran profundos, pero hasta el momento no es claro que archivos se vieron comproetidos en la conflagración del paro nacional de 2021.
Lo que sí está claro es que las autoridades no tienen claro aún cómo contrarrestar el poder que los grupos criminales han logrado consolidar durante décadas de la mano del narcoparamilitarismo y políticos locales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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