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Los tiempos son claves y mientras Israel sigue atacando sin cesar las posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, en una guerra que está próxima a cumplir 10 meses, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo tribunal de las Naciones Unidas, emitió un segundo concepto que incrementa la presión sobre el gobierno con sede en Jerusalén.
En voz del magistrado Nawaf Salam, quien preside la Corte, los jueces determinaron que “la continua presencia de Israel en los Territorios Palestinos es ilegal. El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible”.
Con territorios palestinos hacen referencia en concreto a Cisjordania y la Franja de Gaza. En este último territorio se ha librado la guerra desatada por el ataque de Hamás del 7 de octubre, que dejó casi 1.200 muertos, mientras que la contraofensiva ha cobrado casi 39.000 vidas del lado palestino. Las Fuerzas de Defensa Israelíes siguen desplegadas en el enclave.
Aunque pertinente en esta guerra, el concepto de la Corte está completamente aislado del proceso que se discute en el mismo tribunal por la demanda por genocidio que presentó Sudáfrica contra el Estado judío por su contraofensiva en Gaza. Este concepto no es vinculante, lo cual se interpreta como que no obliga a las partes a cumplir el fallo.
“Acá lo único que está haciendo la Corte es responder la pregunta de la Asamblea General. Lo que evidencia es que, definitivamente, las acciones de Israel pasadas, presentes y futuras, desde la perspectiva del derecho internacional público, son contrarias a ese ordenamiento jurídico internacional”, explica Enrique Prieto, experto en derecho internacional y docente de la Universidad del Rosario.
La pregunta de la Asamblea General a la que hace referencia Prieto es una consulta hecha a la corte en diciembre de 2022, casi un año antes de que se iniciara la actual escalada en octubre del año último. Allí preguntaban por las “consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén-Este”. Estos territorios son ocupados, o han tenido intervención israelí, desde 1967, cuando se libró la guerra de los Seis Días en las que se le arrebató el control de estos territorios árabes a Jordania (Cisjordania, o Jerusalén de este) y a Egipto (la Franja de Gaza), respectivamente.
También cabe mencionar que no es el primer fallo reciente que condena el accionar israelí, ni tampoco la única acción judicial. Ya la misma CIJ le había ordenado a Israel detener cualquier conducta que pudiera terminar en un genocidio en Gaza. Esto, tras el pedido de Sudáfrica al tribunal de detener la invasión a la ciudad sureña de Rafah. También, la fiscalía de la Corte Penal Internacional, también en La Haya, pidió órdenes de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y varios nombres de las cúpulas de Israel y Hamás. Sin embargo, nada de esto ha frenado los ataques de Israel, que, por el contrario, afirma estar cerca de dar de baja a los cabecillas de Hamás en su búsqueda de eliminar la capacidad militar del grupo y de liberar a los rehenes que aún están bajo el control del movimiento que controla Gaza. Entonces, ¿qué efecto surge de esta decisión? Peter Beaumont, en The Guardian, afirma que será un fallo difícil de ignorar, por lo menos para los aliados de Israel.
“Si bien los párrafos individuales que se aplican a cada violación del derecho internacional, y a cada inconsistencia, no fueron sorprendentes, tomado en su totalidad el fallo ofrece un profundo desafío a los gobiernos, incluidos el del Reino Unido y los Estados Unidos, que durante años habían minimizado las políticas de ocupación de Israel, criticando la construcción de asentamientos, pero haciendo poco en la práctica al respecto”, afirma.
También hace énfasis en el aislamiento no solo internacional, sino también interno, al que se somete el gobierno de Netanyahu. Ya no está su gabinete de guerra y sus posturas se han alineado con facciones ultraortodoxas de la política israelí. “Ahora encabeza una coalición que incluye partidos y ministros de extrema derecha procolonos y ha adoptado exactamente las políticas por las cuales se ha condenado a Israel”, amplía Beaumont.
Por otro lado, para el profesor Prieto, también supone una presión para los tratados económicos que recaigan sobre Israel. “Por ejemplo, en los tratados de libre comercio que incluyan la reducción de aranceles frente a Cisjordania. Aunque no es vinculante, los países se deben preguntar ‘no me obliga a nada, pero el máximo órgano de justicia nos está diciendo que aquí esto que están haciendo no es legal’. En ese sentido, la pregunta es si podrían o deberían repensar los tratados que incluyan beneficios a Cisjordania teniendo en cuenta que no es legal”, explica Prieto.
De momento, la presión recae, como explicaba Beaumont, sobre los aliados más grandes de Israel. Reino Unido tiene un nuevo gobierno laborista en cabeza de Keir Starmer, a quien el ala más pro-Palestina de su bancada le criticó en campaña por no exigir de frente a Israel un cese al fuego directo. Ahora, esto le debe suponer más presión al nuevo primer ministro.
Del lado de Estados Unidos, la próxima semana recibirán a Benjamin Netanyahu en Washington y su secretario de Estado, Antony Blinken, ha hecho énfasis este viernes en que la prioridad es conseguir un acuerdo para la tregua. “Creo que estamos a unos metros y que avanzamos hacia la línea de meta”, afirmó durante un foro en Colorado, Estados Unidos.
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Por Hugo Santiago Caro
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