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Tal y como se esperaba, Estados Unidos certificó una vez más a Colombia en la lucha contra los cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas. El anuncio del gobierno de Joe Biden podría parecer contradictorio luego de reportes como el entregado en días recientes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según esa oficina, el área sembrada de coca en Colombia volvió a romper récords en 2022, al pasar de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 el año pasado.
Sin embargo, la noticia es todo menos sorpresiva por varios factores, principalmente políticos.
“Colombia ha sido históricamente un socio fuerte en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el cultivo ilícito de coca y la producción de cocaína siguen en niveles históricamente altos, e insto al Gobierno de Colombia a priorizar los esfuerzos para ampliar su presencia en las regiones productoras de coca y lograr un progreso sostenible contra las organizaciones criminales”, dijo la Casa Blanca en su comunicado.
Sobre el porqué de la certificación, lo primero que se podría decir es que la “descertificación es una medida muy extrema que expresa un fuerte descontento por una falta de cooperación”, explica Adam Isacson, director para veeduría de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
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“En el hemisferio occidental, solo Bolivia y Venezuela han sido descertificados en los últimos años. Se trata de países que no permiten siquiera la asistencia estadounidense ni comparten inteligencia antidroga. La relación de Estados Unidos con Colombia es muy diferente”, agrega.
Lo segundo es que el informe de UNODC habla del 2022, es decir, cuando Gustavo Petro recién estaba llegando a la Presidencia. “La cifra de la coca para 2022 refleja un año en el que Gustavo Petro estuvo gobernando menos de cinco meses. No tiene sentido penalizar a Petro por una situación que en gran parte heredó”, resalta Isacson.
Por otro lado, como explica Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, la certificación “es un mecanismo que, por ser unilateral y una evaluación de Estados Unidos del desempeño de otros países en materia de lucha contra las drogas, genera mucha antipatía”.
Así que, si además de ser sometido a dicho mecanismo, que se deriva de una ley federal y está estrechamente ligado a la aprobación de recursos para Colombia por parte del Legislativo estadounidense, se descertificara al país se “pondría una presión muy grande sobre la relación bilateral que creo que Washington no quiere poner ahora”.
Esto, por un lado, porque Colombia, en un contexto global y regional en el que Rusia, pero sobre todo China, tratan de expandir su influencia, es “de los pocos socios tradicionales” que le quedan a Estados Unidos en América Latina. Es una relación que no quiere descuidar, con otros puntos clave en la agenda bilateral, como el de la gestión de la migración.
De hecho, como dice Borda, Washington, que recibió a Petro en la Casa Blanca en abril pasado, está tratando de enviar los mensajes más positivos posibles para Bogotá.
En entrevista con El Espectador la semana pasada, el subsecretario de Estados Richard Verme, consultado sobre qué esperar de la certificación, dijo: “No quiero adelantarme a ningún anuncio, pero sí quiero hablar sobre la importante cantidad de trabajo que nuestros equipos hacen juntos, que nuestros ejércitos y fuerzas de seguridad hacen juntos”.
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Y agregó: “Vamos a seguir trabajando juntos para acabar con la producción ilícita de estas drogas”.
En lo que coinciden los analistas es que Estados Unidos, en donde ha habido muchas dudas alrededor del nuevo enfoque colombiano antidrogas, está dispuesto a darle un compás de espera al gobierno Petro, que en agosto cumplió apenas su primer año.
“En 2023, el gobierno de Biden está ciertamente descontento, o al menos perplejo, por la lentitud con la que el gobierno de Petro ha elaborado su nueva política antidroga. Pero esa política ya se ha publicado, y no tiene demasiados elementos que la administración pueda encontrar muy objetables”, dice Isacson.
Efectivamente, hace pocos días, en el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, organizada en Cali por Colombia y México (y en donde los presidentes de ambos países insistieron en que la lucha contra las drogas como la conocemos fracasó), se presentó la nueva política colombiana.
Como anticipó este diario, esta política, titulada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz.
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La política busca llegar al gran objetivo por dos vías: una es el llamado “oxígeno” para los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito, brindándoles alternativas de economías lícitas, además de abordar el componente medioambiental y el enfoque de salud de cara a la problemática del consumo.
Por otro lado, está la política de “asfixia”, que busca debilitar el narcotráfico, en lo que la erradicación estratégica y eficiente, así como la interdicción, son claves.
Aunque, como dice Isacson, en Washington haya descontento porque “la erradicación de coca en los primeros siete meses de 2023 está un 79 % por detrás de donde estaba hasta julio de 2023″, mientras “la interdicción de cocaína está solo un 9 %” rezagado, “el panorama es mixto, y desde luego no lo suficientemente malo como para justificar una descertificación”.
Agrega que durante el desarrollo de la estrategia antidrogas “ha habido muchas conversaciones entre los dos gobiernos […] Puede que haya críticas por parte de algunos republicanos en el Congreso, pero en general creo que los diplomáticos estadounidenses probablemente se sientan más tranquilos sobre la dirección que está tomando la política”.
Sandra Borda, además, resalta la visita de esta semana por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, a Estados Unidos precisamente para socializar la nueva política. No es solo que Estados Unidos “quiera escuchar y ver cómo funcionará”, sino que habría sido “muy poco presentable que en la misma semana [de la visita] descertifiquen” a Colombia.
La analista no deja de mencionar la principal crisis que vive Estados Unidos en esta materia, pues está causando 100.000 muertes anuales: “Es un momento político en el que no hay tanta presión por el tema de la cocaína, sino que la presión está en el tema fentanilo, así que es muy buen momento, propicio, para darle espacio a Colombia y que ensaye una estrategia distinta”.
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